Colapso de la infraestructura e inundaciones: ¿sino de la incompetencia y de la ambición?

ECONOMIA Y SOCIEDAD  Lunes, 13 de Diciembre de 2010 03:10   No es culpa de la naturaleza sino del Ministerio de Transporte y de las políticas de agua y desarrollo urbano. Una historia de desgreño institucional y fallas de regulación por parte del Estado. Y la historia se repite Está lloviendo, y confieso que me encanta el sonido de la lluvia, el cielo gris y los días oscuros de la Bogotá antigua. Veo los noticieros, leo los periódicos y miro por la ventana; es como si el país entero estuviese llorando; lloran los damnificados, lloran las víctimas, lloran los familiares de los desaparecidos, pero también llora La Tierra. ¿Por qué la naturaleza se ha ensañado con este pobre país? La culpa no es de la naturaleza; la terrible realidad que estamos viviendo hoy se debe a la incompetencia. "Lo que es peor: el período más difícil del verano apenas comenzó esta semana y, según el Ideam, se extenderá hasta abril. La temperatura está dos grados por encima de lo normal y las primeras afectadas son las cuencas hidrográficas. El río Pamplonita, por ejemplo, el más importante de Cúcuta, ya se secó. Es tan crítica la situación en los Santanderes que más de medio millón de personas hoy tiene racionamiento sectorizado de agua por tres horas; y de acuerdo con los pronósticos del gobierno, la idea es aplicar el racionamiento en 22 municipios de Cundinamarca, dos de Boyacá y dos de Magdalena"[1]. Hace más o menos 20 años, el periodista Daniel Samper, en una época invernal de mucho menor impacto que la actual, escribía, de manera jocosa, que Colombia era un país de armar y desarmar. "Lo armamos en verano y se nos desarma en invierno". En ese entonces no se tenía la conciencia que tenemos hoy sobre el fenómeno del calentamiento global y mucho menos del daño que le hemos causado todos, durante siglos, a La Tierra. El artículo daba a entender, desde entonces, que nuestra climatología sumada a la difícil topografía colombiana tenía, como consecuencia, que lo que construíamos, especialmente en infraestructura vial, se vería afectada de una manera dramática, tal y como está ocurriendo en la actualidad. Política de no continuidad Hace un par de semanas, en esta misma revista, leí a Carmenza Saldías, quien afirmaba que la culpa no se la podemos endilgar a un castigo de la naturaleza. La culpa es sólo nuestra, de los colombianos, individual y colectivamente, como sociedad y como Estado; los gobiernos en todas sus niveles -nacional, departamental y municipal-, han demostrado que no sólo no tenemos memoria sino que, lo que es peor, no aprendemos de nuestros errores. Personalmente me atrevo a ir más allá; no es sólo que no aprendamos de los errores sino que somos incapaces de construir sobre lo construido; destruimos cada vez más las  instituciones y borramos su memoria, porque al gobierno de turno, al ministro de turno, el director de turno, o a cualquier burócrata de turno, se le ocurre que la mejor muestra de su gestión es borrar todo lo hecho por sus antecesores. Por ello, de pronto, ahí está la raíz de ese sentimiento de venganza y egoísmo que nos caracteriza como sociedad. Como ejemplos de esta "obsesión" por destruir instituciones quiero repasar, de manera rápida, la historia reciente del ministerio de Transporte, del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). De hacer a simplemente coordinar El ministerio de Obras Públicas -hoy ministerio de Transporte-, construía y mantenía la red vial nacional directamente; tenía distritos de obras públicas, casi uno por departamento, en los que se dividía la malla vial entre supervisores de tramos, que tenían a su cargo un mínimo de maquinaria para hacerles frente, en la época invernal, a los derrumbes, los deslizamientos o la pérdida de la banca. Pero la ambición aumentó y el interés individual superó al interés colectivo, y distritos y ministerio se convirtieron en nidos de corrupción y politiquería. Vendido el sofá, se transformó esa cartera en el ministerio de Transporte y se crearon institutos descentralizados, dependientes de ella, para que fungiera como coordinador. En 1993 se creó el INVIAS, se liquidó el 70 por ciento del personal del antiguo ministerio y con su entrada en funciones desaparecieron los distritos de obras públicas. Al nuevo instituto se le encargó la construcción y el mantenimiento de las troncales y transversales declaradas como tales por la Ley 105 de 1993. Su diseño y su estructura, lógica y funcional, alcanzó un alto grado de eficacia y eficiencia bajo la dirección de Guillermo Gaviria, cuya administración se basó en la figura de "outsourcing" o contratación con terceros. Contaba entonces con tres grandes subdirecciones. - La primera, la de construcción, que estaba encargada de la contratación de las nuevas obras. - La segunda, de conservación, que introdujo tres innovaciones útiles, traídas de Rusia y México: Los "peones camineros" afiliados a cooperativas, contratados mediante concursos públicos, que estaban encargados de hacer la rocería de la vegetación aledaña a la vía y la limpieza de cunetas y alcantarillas, en tramos de 20 y 50 kilómetros, que se les entregaban dependiendo de la dificultad de la topografía y el estado de conservación. Los "administradores viales" o gerentes de mantenimiento, ingenieros civiles especialistas en vías, que coordinaban la labor de las cooperativas de "peones camineros" y eran el enlace con las Direcciones Regionales. Estas últimas, parecidas a los distritos de obras públicas, contaban con una planta mínima de personal, presupuesto y autonomía para atender emergencias medianas y pequeñas. Los "contratos de Gerencia Integral de Mantenimiento", ejecutados por empresas de gran capacidad, tanto económica como tecnológica, que se ocupaban de toda la Red Vial Nacional. Bajo este modelo se alcanzó a mantener parcialmente la troncal del Magdalena Medio, desde Villeta hasta San Alberto. A estas gerencias se les pagaba por kilómetro de vía conservada o mejorada, es decir, calificando el nivel de servicio, que incluía una encuesta semestral a los usuarios de la vía, y no por precios unitarios. - La tercera gran subdirección era la de Concesiones, a la que se responsabilizó de los contratos de primera generación. Dichos contratos tuvieron un relativo éxito inicial al atraer inversión privada, pero con un grave problema para la Nación, pues ésta extendía una garantía a los concesionarios por unos mínimos de tráfico, mínimos que fueron sobrevalorados y que para el año 2004 habían causado una deuda acumulada de cerca de 559 mil millones de pesos, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP)[2]. El nuevo esquema de la Ley 105, diseñado y puesto en marcha durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), fue tal vez de lo poco exitoso que se pudo mostrar por el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998). En el siguiente cuatrienio, el del Andrés Pastrana (1998-2002), la crisis del sistema bancario y el terremoto que afectó la principal zona cafetalera del país, redujo el presupuesto asignado al INVIAS. Deterioro institucional La destrucción de las instituciones se agravó a partir del 2002, pues ese instituto fue modificado sustancialmente por el primer Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006). La subdirección de concesiones del INVIAS se convirtió en el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), que asumió no sólo el tema vial, sino las concesiones portuarias, perdió gran parte del personal que venía y la experiencia acumulada hasta entonces. A lo que quedó del Instituto Nacional de Vías se le adicionaron dos nuevas subdirecciones, la de vías fluviales y la de la red terciaria, para administrar el fracasado plan 2500. El presupuesto para mantenimiento se redujo en cerca de un 40 por ciento, desaparecieron las gerencias de mantenimiento y se politizaron las figuras de administradores viales y cooperativas de "peones camineros", con lo que el avance en el conocimiento y la experiencia de diez años de trabajo de INVIAS se vinieron abajo, sin que se hubiera cumplido el primero de los ocho años del gobierno de Uribe. La memoria a la basura La destrucción de instituciones y de su conocimiento ha tenido una grave consecuencia para el país: la pérdida de la memoria. - El más claro y doloroso ejemplo de esta situación fue el "Estudio de los puntos críticos de inestabilidad de taludes en las carreteras nacionales", elaborado por una misión inglesa, que efectuó el diagnóstico de los sitios más críticos de la red vial y formuló las recomendaciones básicas para su manejo y solución. - Posteriormente, la firma "Ingeniería y Geotecnia", liderada por uno de los geotecnistas más importantes del país, el ingeniero Manuel García, llevó casi a nivel de diseño las propuestas de obras de prevención y de manejo de los taludes (inclinación de los cortes de la montaña) necesarias para los sitios más críticos, desde el punto de vista geológico. De estos informes no sólo no quedó la experiencia, sino que no quedaron en la entidad los funcionarios que colaboraron en su realización y ni siquiera la copia física de los documentos. ¿Cuánto nos servirían esos estudios? ¿Cuánto se hubiese podido prevenir si las anteriores administraciones lo hubiesen puesto en práctica? ¿Cuántas vidas se habrían salvado si no borrásemos el pasado y si construyéramos sobre él y no a pesar de él? La pérdida de la memoria es una enfermedad; lo sucedido es tan absurdo como si a un médico se le ocurre botar a la caneca la historia clínica de su paciente, a quien se le han borrado los recuerdos; cuando el pobre personaje vuelve al médico, no sabe cuándo ni cómo se inició su dolor, sólo sabe que le duele. Y hoy nos duele todo, a casi todos. No había inundaciones Ahora bien, si en la infraestructura vial el desastre se centra en la memoria, en el trema de las inundaciones el foco está en los excesos del mercado, en las fallas de regulación y en el clientelismo. En la época precolombina, nuestros antepasados, nativos de esta América, conocían perfectamente no sólo la geografía de su territorio sino los límites y el manejo de la orografía y la hidrología en cada palmo de tierra. - Uno de los mejores ejemplos es el de la cultura Zenú, que habitó en el bajo Cauca, y que logró, mediante un sistema de canales y jarillones o diques, no sólo evitar las inundaciones de sus centros poblados, sino explotar productivamente quince mil hectáreas desde la Depresión Momposina hasta el Golfo de Morrosquillo, incluyendo la Ciénaga de Ayapel.[3] - En el caso de la cultura Chibcha, agrícola pero también minera y artesanal, se extendía desde Centroamérica hasta el altiplano cundiboyacence, integrando además las tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta y, al igual que los Zenúes como la aislada cultura de San Agustín, conocieron y trabajaron adecuadamente el territorio. Bachué desaguó la Sabana de Bacatá abriendo el Salto de Tequendama, creando no sólo un magnífico paisaje sino una enseñanza, una leyenda. Los zipas y los zaques enseñaron a los muiscas a construir canales, denominados por los españoles vallados, que unían los humedales y drenaban la sabana hacia el río Bogotá. Llegó la conquista, pasó la colonia, aumentó la ambición, y el interés individual superó el interés colectivo. Apropiación de la naturaleza Los conquistadores, maravillados, aprovecharon las tierras cuidadas hasta entonces por los muiscas y aplicaron el modelo urbano diseñado en la época de Felipe II, conocido como el Damero Español. Este modelo consiste en una cuadrícula abierta de calles, que al expandirse continuamente por el crecimiento de la población logra la ocupación, la dominación del territorio y el uso extensivo de las tierras planas. Ello hizo que progresivamente se fueran valorizando las fincas de las antiguas encomiendas, una figura del derecho castellano según la cual a algún cortesano del virreinato se le entregaban tierras e indígenas para explotarlas. Estas grandes haciendas sabaneras, heredadas por tradición familiar, siempre esperaron, y aún siguen esperando, la llegada del perímetro urbano y su incorporación al mismo, para la captura privada de la plusvalía generada por una norma y las redes del acueducto. Desde la destrucción de la cultura precolombina por los conquistadores españoles hasta hoy, no ha habido un sólo pueblo de todas estas sabanas y depresiones que no se haya inundado. Con la sobre explotación de las pocas tierras cultivables, desde inicios del Siglo XX los diferentes gobiernos incentivaron la desecación de los humedales y de las lagunas, tal como ocurrió con la de Fúquene en el gobierno del General Reyes (1904-1909), cuando se llegaron a pagar hasta cuarenta y ocho pesos -de entonces- por una hectárea desecada. Los humedales dentro del perímetro urbano de Bogotá, hacia el occidente, fueron rellenados poco a poco para construir nuevas urbanizaciones, desconociendo que desde el punto de vista hidráulico, no sólo hay que respetar el cauce de los ríos sino también, porque es igualmente importante, las planicies amortiguadoras, que se llenan en épocas de aguas altas, en los inviernos, y se drenan y desocupan en temporadas de aguas bajas, en los veranos. Pero no sólo los humedales y las lagunas fueron desecados, sino que los canales de los muiscas o los vallados de los hacendados de la colonia se rellenaron y taparon para ganar tierras, bien para urbanizarlas o para explotarlas con cultivos altamente rentables como las flores o las hortalizas. Lo que era del río, el río lo recupera. Las inundaciones no son culpa de la naturaleza; es apenas la consecuencia de la incompetencia, del desconocimiento del territorio y de la desmesurada ambición. Manejos estatales, enriquecimientos privados La expansión de Bogotá, bajo una intensa presión demográfica, trajo consigo dos grandes enemigos, muy ambiciosos. Los urbanizadores piratas y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB), ésta última de capital público. La EAAB genera un excedente de por lo menos 8 metros cúbicos de agua por segundo provenientes de la represa de Chingaza. Por eso ha extendido sus redes de manera indiscriminada y socialmente irracional con el objetivo de vender más agua. Los municipios vecinos se convirtieron en pobres suburbios de la metrópoli. Los pobres en la periferia y los ricos en los cerros del norte. Con la complicidad de un departamento de planificación mal llamado de Planeación Distrital, a la EAAB le resulta dos y media veces más costoso aumentar el diámetro de la tubería en cualquiera de los barrios que existían hasta la década del 70, que extender un kilómetro de tubería por la sabana. Con esa forma de expansión, la Empresa enriquece a los terratenientes, a los urbanizadores y a los constructores, y empobrece a los municipios vecinos, sus habitantes, la producción agrícola, los bosques nativos y sus propias fuentes de agua. Pero sigue siendo un sueño Coincido con Carmenza Saldías sobre quiénes son los reales culpables de las tragedias de estas épocas. Alguna vez tuvimos un hermoso sueño, tanto ella como yo, con el apoyo del entonces Alcalde Mayor de Bogotá, Antanas Mockus: La Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca. Con ella intentábamos frenar la expansión de la capital, apoyar la vida propia de los municipios vecinos manteniendo su carácter rural, conservar los recursos naturales, disminuir las distancias y los tiempos de movilización, densificar la ciudad quebrando la tendencia centenaria de 100 a 120 viviendas por hectárea, haciendo renovación urbana fácil y factible, y llevando a cinco pisos como mínimo la ciudad construida. Si ese sueño se hubiera realizado, tal vez hoy no veríamos las fotografías de los habitantes de las zonas occidentales de la ciudad en medio de una inundación, que se atribuye, estúpidamente y como única razón, a la naturaleza. Colonizando con el negocio La pregunta final sobre la desinteligencia me la hizo hace 20 años mi profesor Ad Prins, holandés, cuando visitó a Colombia en un noviembre y nos quedamos atascados en una inundación en la calle 26, camino al aeropuerto Eldorado. "¿Cómo es posible que una ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar se inunde, si nosotros, con ciudades que están 2 metros por debajo del nivel del mar hace mas de 40 años no nos inundamos?". Esta pregunta solo tiene una respuesta. A la EAAB el alcantarillado de aguas lluvias no le genera ninguna rentabilidad y como poco le interesa, desde hace tiempos ha tratado de pasar el asunto al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). A este nefasto protagonista se le ha venido sumando la autoridad ambiental regional, más conocida como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR); nuevamente, un aumento de la ambición y la pérdida, por completo, de la importancia del interés colectivo. La CAR, en vez de ponerle límite a la EAAB, se convirtió en su cómplice, ayudando al poderoso y no defendiendo al débil. Concedió permisos a la subsidiaria "Aguas de la Sabana", para que la EAAB pasara el tubo al occidente del río Bogotá, hacia los municipios de Cota y Funza, lo que ya le había permitido, hace diez años, para Mosquera, incentivando la construcción de nuevas viviendas tanto al lado oriental como occidental del río Bogotá en la histórica zona de amortiguamiento. ¿En qué actividades se ha concentrado y cuáles han sido las preocupaciones de la CAR en los últimos años? ¿Qué la ha desviado de su papel principal, que es ser la defensora de los recursos naturales? En conclusión, el desastre en la infraestructura vial nacional es al ministerio de Transporte y sus entidades como el desastre del subdesarrollo urbano y la imposibilidad de la planificación es al Acueducto de Bogotá y a la CAR. No cuidamos la naturaleza pero sí la culpamos. No respetamos los ríos, sus cuencas y zonas de inundación, pero sí los culpamos. No entendemos a La Tierra, no conocemos el territorio, pero sí los acusamos. Destruimos, no construimos; erradicamos el pasado, así como los conquistadores nos erradicaron, borramos la memoria y luego, nos quejamos. Vuelvo a mirar por la ventana, sigue lloviendo, y el país sigue llorando. * Ingeniero Civil de la Javeriana. Master en Hidraulica Fluvial de la Universidad de Delft. Primer Viceministro de Vivienda, Agua potable y desarrollo urbano. Director de Invias. Director de la CAR. Profesor Universitario de la Javeriana y la Escuela de Ingenieros. Notas de pie de página [1] La sequía y El Niño 2009-2010,  Semana, 9 de enero de 2010. [2]Disponible en: Departamento Nacional de Planeación [3]Plazas, Clemencia y Falchetti, Ana María: "La cultura del oro y el agua. Un proyecto de reconstrucción." Boletín Cultural y Bibliográfico Número 6. Volumen XXIII. Banco de la Republica.1986.

¿Asilo o interferencia con la justicia?

TOMADO DE RAZON PUBLICA.COM POLITICA Y GOBIERNO Lunes, 29 de Noviembre de 2010 03:05 Por: Jose Gregorio Hernandez   Al buscar el asilo la ex directora del DAS no estaba huyendo de la persecución sino de la justicia y el gobierno de Panamá no estaba amparando a una víctima sino interfiriendo con la justicia colombiana. Un análisis de los hechos a la luz del Derecho Internacional. Cargos tardíos  La Fiscalía General terminó por proferir una providencia mediante la cual formuló cargos y pidió medida de aseguramiento contra la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, y el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, durante el gobierno de Álvaro Uribe, por el escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y políticos de oposición. Los cargos por esos hechos, después de muchos meses, son por concierto para delinquir, interceptación ilegal de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad en documento público. La decisión de la Fiscalía se ha producido cuando ya María del Pilar Hurtado salió del país, solicitó y obtuvo del gobierno panameño asilo territorial, y cuando el Procurador General, por los mismos hechos -aunque mirados bajo la perspectiva del Derecho Disciplinario- había destituido e inhabilitado por dieciocho años, mediante acto en firme, a los mismos y otros antiguos servidores públicos. Asilada está El hecho cierto es que la señora Hurtado se encuentra protegida por Panamá, que la ha acogido en su territorio. Al notificarla del amparo otorgado por el Presidente Ricardo  Martinelli, el Canciller encargado de ese país, Álvaro Alemán, manifestó que tal determinación era "consistente con la larga tradición panameña y latinoamericana de reconocer asilo a personas que, en circunstancias muy especiales, puedan tener el temor fundado por su seguridad personal o de ser perseguidos por delitos o motivaciones políticas, y cuya salida pueda contribuir a la paz y a la estabilidad de su país de origen". El Presidente Martinelli había expresado: "La señora Hurtado no ha sido encausada ni procesada". Y sostuvo que no se puede partir de la premisa de que una persona es culpable antes de que sea condenada; que es necesario presumir la inocencia, y que Panamá actuó en ejercicio de su soberanía para otorgar el aludido recurso internacional a un extranjero. Señaló asimismo que la decisión no afectará las relaciones entre Panamá y Colombia en materia comercial y diplomática, por ser ambas naciones limítrofes y hermanas.[1] Uribe avala y ataca Por su parte, el ex presidente Uribe defendió la decisión de Hurtado, y la que en el mismo sentido puedan adoptar otros de sus antiguos colaboradores. Según Uribe "muchos de mis compañeros no tienen garantías y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas; hay imputaciones basadas en testigos con comprobada capacidad de mentir y con claros indicios de estar al servicio de los criminales"[2]. Y aseguró que "no ha sido desvirtuada la relación entre la injustificada demora para elegir Fiscal y el interés de presionar en contra del anterior Gobierno -el suyo-; al ex Vicepresidente Francisco Santos se le acusa por una declaración sacada de contexto; a Bernardo Moreno lo destituyen por cumplir el deber en medio de la coacción de la Corte sobre la Procuraduría; a Mario Aranguren lo tienen en la cárcel por cumplir honestamente el deber de analizar movimientos financieros que podrían provenir del narcotráfico; y, el Presidente de la Corte prejuzga". Costa Rica dijo "no" a ex ministro de la política Se conoció simultáneamente que el ex ministro del Interior y la Justicia, Sabas Pretelt  también había pedido asilo en Costa Rica, y que el gobierno costarricense se lo había negado. Pretelt fue destituido por el Procurador General e investigado penalmente por cohecho en el caso de las prebendas a los entonces congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño durante el proceso de aprobación del Acto Legislativo 2 de 2004, sobre reelección presidencial. Desprestigiando al Estado que sirvieron Todo indica que la mayoría de los funcionarios de la administración Uribe que están siendo investigados o procesados por distintos delitos -en los casos de las llamadas "chuzadas", "Yidispolítica", "falsos positivos", Agro Ingreso Seguro (AIS), etc...- tienen ya como designio, apoyado por el ex presidente,  el de sostener ante el país y el mundo que los procesos penales y disciplinarios iniciados o adelantados contra ellos hacen parte de una campaña de desprestigio y persecución. Esta situación, aseguran los investigados o procesados, está organizada por los órganos judiciales y de control, en connivencia con criminales y falsos testigos, para cobrar finalmente a título de trofeo la cabeza del ex mandatario. Es una sindicación muy grave contra los funcionarios judiciales y de control que tienen a su cargo los procesos. Y están siendo ofendidos, como lo puso de presente en forma terminante el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Sin pruebas, lo que aseguran el ex mandatario y sus colaboradores parece haberlo creído al menos el Jefe de Estado panameño, de quien tampoco se descarta que haya querido hacerle un favor a Uribe, con quien se ha dicho que mantiene estrechos lazos de amistad. Asilo injustificado Ahora bien a la luz del Derecho Internacional, es claro que en el caso de María del Pilar Hurtado no cabía el asilo. Éste, en efecto, tanto por sus orígenes como por las reglas que lo han venido delimitando, se encuentra previsto únicamente para situaciones de orden político, es decir, para eventos en que una persona natural es hostigada, mortificada o amenazada por  quienes ejercen  el poder  en el territorio del Estado al que pertenece,  por causa de sus posiciones o preferencias políticas o ideológicas, hasta el punto de tener que acogerse a la protección de otro Estado. La protección, bajo esos argumentos, se otorga por un Estado en ejercicio de su soberanía, y le permite a quien lo solicita acceder a su sede diplomática (Asilo Diplomático)  o a su territorio (Asilo Territorial), de modo que  queda fuera del alcance de sus perseguidores. El amparo se hace oficial mediante el otorgamiento del asilo político, que es oponible a todos los demás Estados, en especial a aquel del cual proviene el asilado. El asilo es simultáneamente un derecho de la persona natural que busca y obtiene protección, y una prerrogativa del Estado ante el cual se solicita, ya que el gobierno respectivo está en plena libertad de concederlo o negarlo. El numeral 1 del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas (1948) señala expresamente: "1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país". La institución del asilo se ha desarrollado especialmente en el Derecho americano;  tiene un carácter propiamente político y por lo tanto más restringido que el refugio, el cual, primordialmente, se da por razones humanitarias y goza de mayor amplitud en cuanto a las causas que lo determinan. Motivos para otorgar asilo o refugio No obstante lo dicho, con el fin de  entender  el genuino  sentido  de estas instituciones internacionales, conviene aludir a los motivos que pueden llevar a una persona a refugiarse en territorio de un Estado distinto del suyo. Al respecto,  debe tenerse en cuenta la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), adoptada en Ginebra por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas, convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Ella dio el carácter de refugiado a aquella persona que "... debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él". La Declaración de Cartagena del 22 de noviembre de 1984 sobre Refugiados añadió además que "la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región (América Central, México y Panamá) es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público". Como se puede ver, tanto en el asilo como en el refugio está presente el concepto de "protección" dispensada por un Estado a una persona extranjera, ante la amenaza que contra ella existe. Ésta debe ser apreciada por el Estado que asila o protege, pero no cabe duda de que los hechos que la constituyen deben ser objetivos y reales. El caso de María del Pilar Hurtado -y más ampliamente si se quiere, el de los funcionarios investigados o procesados que acompañaron el ex presidente Uribe durante su gestión de gobierno- no encaja en los presupuestos anotados. Se observa sin mayor dificultad, inclusive por quien no sea experto en Derecho Internacional, que el propósito perseguido no es el de obtener amparo desde el punto de vista político o humanitario frente a una agresión, amenaza o persecución. Indignación en Colombia y Panamá El objetivo ha sido el de encontrar una puerta de "salida", "huida" o "fuga" -en el sentido de escape o elusión- ante la contundencia de las pruebas que, según las filtraciones conocidas en los medios de comunicación, obran al parecer en los expedientes penales, que ya fueron valoradas disciplinariamente por la Procuraduría, dando fundamento jurídico y fáctico a las decisiones condenatorias adoptadas en este terreno en varios casos. De allí la indignación generalizada que se ha palpado durante los últimos días tanto en Colombia como en Panamá. Han dicho Uribe y sus ex colaboradores, inclusive ex ministros, que no gozan de garantías procesales en Colombia. Y  los hechos -como lo han expresado editorialistas, dirigentes de los partidos, magistrados y abogados- muestran una realidad muy diferente. Así, es tan claro como la luz del día que los que cursan son procesos, y que inclusive se tramitan con bastante lentitud respecto a lo que todos quisiéramos tratándose de asuntos tan delicados y dañinos como las "chuzadas" y seguimientos ilegales. Véase cómo en el momento en que se conoció la concesión del asilo a María del Pilar Hurtado, el Fiscal General apenas anunciaba para unos días más tarde la definición de medidas dentro de su proceso. No se la había detenido, y ni siquiera le habían formulado cargos por los delitos que ahora -ya después de anunciada la protección panameña-  le han sido señalados. Repárese también en que el mismo ex secretario de Uribe, Bernardo Moreno, ha comunicado al Fiscal que no acudirá al asilo porque no se considera perseguido. Impedimento que contradice las afirmaciones de Uribe De otro lado, horas antes del comunicado expedido el 23 de noviembre por el ex mandatario, quejándose de la falta de garantías para sus seguidores y de posibles "presiones" de la Corte Suprema de Justicia sobre  el Procurador,  la Sala Penal de esa Corporación lo dejó sin argumentos. Sus magistrados se declararon impedidos para fallar en el caso del ex ministro Sabas Pretelt  de la Vega por el otro escándalo -el de la denominada  "Yidispolítica"- debido a que ya ellos habían conocido sobre el asunto y condenado por cohecho a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño. Esa es una muestra clara de transparencia de los jueces sindicados por Uribe -a mi modo de ver, injustamente- de urdir el plan de persecución, y una indudable garantía para el procesado, ya que su caso lo resolverá una Sala de conjueces. Fuero especial En reciente columna periodística me he permitido llamar la atención acerca de lo siguiente: "Los directores de departamentos administrativos -como es el caso del DAS- tienen previsto en la Constitución un fuero especial que implica que sean juzgados por la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación. En el caso de María del Pilar Hurtado no se había producido ni siquiera una formulación de cargos en su contra, y menos todavía una acusación ante la Corte, y por tanto esa Corporación nada había dicho, ni podía decir, acerca de su posible responsabilidad penal. Así, pues, no se configuraba motivo alguno para suponer que existía -o podría existir en el futuro- una actitud persecutoria de la Fiscalía y menos de la Corte Suprema en su contra. Tampoco había elemento alguno referente a un posible asedio o animadversión de carácter político por parte del actual Gobierno. Que se sepa, nadie la venía mortificando en Colombia por sus creencias religiosas, ni por causas raciales. Entonces, si no podía hablarse de persecución que pusiera en peligro sus derechos esenciales, sociales  o políticos, o el pleno ejercicio de sus libertades, la pregunta que surge ante la solicitud -y la concesión- de asilo político a favor de la mencionada ex funcionaria es la siguiente: ¿cuál fue el fundamento para la petición de asilo, y cuál el elemento fáctico -con pruebas contundentes- que tuvo en cuenta el presidente Martinelli para conceder el asilo solicitado? Se dirá que Panamá no tiene que explicarlo, pero lo cierto es que el otorgamiento mismo del asilo significa que el Estado que asila tiene razones ciertas y serias para estimar que el Estado colombiano persigue a la señora Hurtado; que ella, su dignidad  o sus derechos están amenazados. Que es perseguida política. Y nada de eso es verdad"[3] Precedente nefasto Ahora bien, no me cabe duda acerca de que el otorgamiento de asilo territorial en Panamá a favor de la señora Hurtado sienta un precedente nefasto para la futura aplicación de ese instrumento de protección internacional. En lo que concierne a Colombia, si no rechaza la actitud panameña con la necesaria contundencia y, por el contrario, da lugar a que todos los involucrados en tales procesos se acojan al asilo, quedará internacionalmente como Estado perseguidor y a nivel interno abrirá un peligroso boquete hacia la impunidad. Intromisión indebida Según lo ya explicado, el asilo no tiene por objeto la injerencia de un Estado en la administración de justicia de otro, sino proteger a las personas que son perseguidas en su país de origen por razones políticas, raciales o religiosas. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se dijo que el derecho de asilo no podría ser invocado contra una acción realmente originada en delitos comunes. Es decir, como también resulta de las convenciones de la Habana de 1928, Montevideo de 1933 y Caracas de 1954, para que una persona tenga derecho al asilo y para que el Estado respectivo pueda concederlo, la persona solicitante debe estar probada y ciertamente perseguida. Es inaceptable que se use esta institución para evadir la acción de la justicia o para burlar a los tribunales del Estado de origen. Miren los ambles lectores el texto del artículo 14, numeral 2, de la ya citada Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, respecto del asilo:  "2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas". Es que los Estados pueden conferir, si quieren -en uso de su soberanía- el asilo, pero obviamente cuando cabe esa figura, según los hechos que se examinan en el caso concreto. Porque -también en uso de su soberanía- los Estados administran justicia dentro de los límites de su territorio, y tienen derecho a exigir de otros Estados que no interfieran en esa actividad. Por eso, no puede hacer carrera la teoría según la cual el asilo sirve para obstaculizar la función de los órganos que administran justicia, o  para torpedear procesos penales por delitos comunes. Dice Panamá que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Es cierto, y así lo contemplan el artículo 29 de la Constitución colombiana y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia. Pero a la ex funcionaria hoy asilada ninguna institución colombiana le ha negado su presunción de inocencia. Otra cosa es que, previo un debido proceso, se la hayan desvirtuado legítimamente en el campo disciplinario.  Un silencio inaceptable En cuanto a la actitud del Gobierno colombiano, no ha podido ser más vacilante en este caso, debatiéndose quizá entre la lealtad -mal entendida-  que cree debe guardarle al ex presidente Uribe y el propósito de mantener unas buenas relaciones con la Corte Suprema y con la administración de justicia. De "tibia" ha sido calificada esa actitud por el ex canciller panameño Jorge Eduardo Ritter, quien con toda razón subraya que al aceptar  nuestro Ejecutivo el asilo de la señora Hurtado sin mayor discusión, acepta también que la asilada está siendo perseguida y que la administración de justicia de Colombia no le brinda las necesarias garantías. Es decir, que el asilo sí se justifica. Todo ello pese a que en el primer momento el Ministro del Interior sostuvo que el asilo era improcedente, que la Ministra de Relaciones Exteriores manifestó disgusto y que el propio Presidente había dicho: "Nadie puede sostener ante un tercer país que aquí no hay garantías para ser juzgado debidamente". La Canciller incluso había manifestado   ante los medios que el Gobierno estudiaba la posibilidad de una protesta formal. Empero, en las últimas horas del sábado se conocieron nuevas declaraciones de la doctora Holguín en las  que notificó que no habrá reclamo alguno porque se debe respetar la decisión panameña de conceder el asilo. Así, pues, aun contra toda  evidencia sobre la no viabilidad del señalado instrumento de protección internacional desde el punto de vista jurídico, han prevalecido -como suele acontecer en el país- los intereses de carácter político. Y el comunicado del ex presidente Uribe se ve, por tanto, como un enérgico llamado de atención a su sucesor -y continuador-  para que no se salga de la línea. Se concluye, por otra parte, que en vez del alegado y no probado plan judicial para hostilizar a los integrantes del anterior gobierno, lo que existe -y está dando resultado- es un plan fraguado para frustrar el conocimiento de la verdad, en desmedro del derecho que tenemos todos los colombianos a saberla, lo que de paso lastima a nuestra administración de justicia. Notas de pie de página [1] Fuente: http://www.crítica.com.pa/archivo/11272010/nac03.html#ixzz16bE7Usro [2]  Uribe Vélez,, Álvaro: Comunicado del 23 de noviembre de 2010. [3] Hernández Galindo, José Gregorio: "Asilo sin fundamento". Columna. Diario EL PAÍS, Cali, 26 de noviembre de 2010.