Ecopetrol: se acaba la bonanza de sus acciones

ECONOMIA Y SOCIEDAD BY RAZON PUBLICA
Lunes, 01 de Agosto de 2011 01:11
Ante la avalancha de propaganda para vender acciones del gigante petrolero, pocas voces se oyen para advertir de los riesgos de comprar una acción seriamente sobrevalorada. Este análisis riguroso le puede ahorrar plata y más de un dolor de cabeza. Acción sobrevalorada Comprar acciones de Ecopetrol a 3.700 pesos representa hoy un riesgo que no debería asumir un colombiano del común. Solo deberían hacerlo aquellos actores del mercado acostumbrados a hacer este tipo de apuestas compatibles con una estrategia algo audaz de gestión de portafolios financieros y que disponen de algún capital de riesgo. Hace 4 años, cuando se hizo la venta del primer 10%, era evidente que la inversión representaba una gran oportunidad porque el precio de la acción ($1400) estaba muy por debajo del valor real de $2200, precio que logró en bolsa sólo tres meses después de vendidas. Las acciones se vendieron como pan caliente, sin mucho esfuerzo publicitario por parte de la empresa. Hoy la situación es contraria, pues es claro que la acción de Ecopetrol está sobrevalorada y la tendencia a la baja que trae desde noviembre pasado se mantendrá hasta que llegue a su precio real: oscila entre los 2500 y 2800 pesos. La misma empresa es pesimista al sacar solamente el 2% a la venta, emprendiendo una campaña publicitaria agresiva y costosa. Un factor que haría subir su precio sería, por ejemplo, que la empresa logre hacer un nuevo descubrimiento de hidrocarburos con reservas significativas, lo que es poco probable en Colombia por las condiciones geológicas, y menos aún si no se hacen grandes inversiones en exploración. Otra variable que haría subir el precio de la acción será un aumento sostenible en el precio internacional del petróleo, sobre los 100 dólares el barril, lo cual tiene una probabilidad mayor que la de hacer un nuevo descubrimiento, pero no tan alta como para arriesgarse, pues el precio del petróleo en esta coyuntura está más inclinado a la baja que al alza, a raíz de los nuevos grandes descubrimientos de petróleo convencional en Irán, Brasil y Angola, y no convencional (esquistos, arcillas y otras rocas compactas) en Australia, Canadá, Polonia, Francia, Ucrania, Rusia, Argentina, África del Norte y Oriente Medio, que están cambiando el panorama petrolero mundial hacia un disparo posible en las reservas. Igualmente, otras razones para impulsar la baja en el precio internacional son: la liberación de cuotas en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la división de sus miembros, donde Arabia defiende el aumento en la producción; la liberación de las reservas estratégicas de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE); la disminución en la demanda de petróleo en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la enfermedad de Chávez, que lo puede llevar fuera del escenario donde éste pregona por los altos precios. A continuación, paso a analizar las variables prospectivas más importantes que deben ser evaluadas y tenidas en cuenta antes de tomar la riesgosa decisión de comprar acciones de Ecopetrol. Reservas en caída y hallazgos que no alcanzan El futuro del Grupo Empresarial Ecopetrol S.A. debe ser analizado bajo el parámetro más importante e incierto, sobre el cual se valoriza verdaderamente una empresa petrolera: sus reservas probadas de hidrocarburos (petróleo y gas). De los 1.714 millones de barriles equivalentes (BE), que reporta la empresa en sus estados financieros a diciembre 31 de 2010, 1.200 millones de barriles corresponden a petróleo líquido, que constituyen reservas para 5 años a la tasa de producción actual, pues ya ha producido 120 millones de barriles en lo corrido del año. Las reservas probadas de petróleo que Colombia tenía hace 10 años (2.300 millones de barriles) fueron efectivamente extraídas durante este mismo periodo, a un promedio de 630 mil barriles diarios. Así pues estos 1.200 millones de barriles son reservas agregadas en los últimos años, que se discriminan de la siguiente forma: · 660 millones corresponden al desarrollo de campos de petróleo pesado, · 340 millones a la reevaluación de reservas por la adopción de nuevas tecnologías en los campos maduros (perforación de pozos intermedios para disminuir el área de drenaje y el aporte de proyectos de recobro mejorado), buscando elevar el factor de recobro promedio (porcentaje extraído de los yacimientos) del 20 al 30 por ciento; · 160 millones corresponden a campos comprados y a los aportes por extensión del tamaño de otros campos maduros existentes; · 40 millones corresponden realmente a descubrimientos por exploración en nuevas áreas, tanto de sus bloques en Colombia como en el exterior. O sea que reservas nuevas, verdaderamente nuevas, prácticamente no existen debido a la baja inversión en exploración, pues a esta actividad Ecopetrol destina muy escasos recursos. Por ejemplo, el año anterior solamente se destinó a esta actividad estratégica el 3,74 por ciento de lo invertido. Es decir, se invirtieron en exploración 258,4 millones de dólares, de los 6.900 millones invertidos por la empresa en su totalidad. Sin embargo, se había presupuestado invertir 951 millones de dólares en exploración (el 13 por ciento del presupuesto – que sigue siendo bajo); lo cual indica una eficiencia en la gestión exploratoria planeada de sólo el 27 por ciento y explica los pobres resultados en adición de reservas por nuevos descubrimientos. Dice el adagio popular: “el que no busca, no encuentra”. De otro lado, los descubrimientos por campo de Ecopetrol y sus asociados durante los últimos 10 años, poseen reservas originales probadas (OOIP) inferiores a 5 millones de barriles, lo cual indica que no aportan mucho a la reposición de las reservas que se gastan con el nivel actual de producción (950.000 barriles por día), ya que el factor de recobro promedio en Colombia es del 20 por ciento. Esto significa que cada descubrimiento realmente le agrega a las reservas del país algo menos de un millón de barriles, lo mismo que se extrae por día. Aunque últimamente se anuncia un descubrimiento mensual, debería descubrirse un campo diario de este tamaño en promedio, para no dejar caer las reservas. Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) afirman que en Colombia actualmente se tiene una probabilidad de éxito en la exploración petrolera del 36 por ciento. Pero, según las estadísticas de Ecopetrol, en Colombia existen 304 campos, de los cuales 8 fueron descubiertos con reservas originales de petróleo (OOIP) superiores a 1.000 millones de barriles (2,6 por ciento), 11 entre 500 y 1.000 millones (3,6 por ciento), 35 entre 100 y 500 millones (11,5 por ciento), y 250 campos con menos de 100 millones de barriles de petróleo (82,3 por ciento). O sea que para descubrir un yacimiento con reservas superiores a 500 millones de barriles originales - es decir algo que realmente contribuya a reconstituir las reservas colombianas- se tiene una probabilidad de 2,23 por ciento solamente [1]. Se está llegando al tope en producción El 90 por ciento de la producción colombiana actual, de unos 950 mil barriles por día -BPD- proviene de campos que fueron descubiertos hace más de 20 años, y el aumento en la producción en los últimos cinco años obedece a la producción incremental de estos campos y al desarrollo de campos marginales y campos de crudo pesado, lo cual no hubiera sido posible si el precio del petróleo no estuviera sobre los 50 dólares el barril [2]. La producción incremental de campos maduros como La Cira-Infantas, Casabe, Lisama, Nutria, Llanito, entre otros, está llegando a su tope; los demás campos importantes como Cusiana, Cupiagua y Caño Limón, otrora responsables del 75 por ciento de la producción del país, están en declinación desde hace más de 10 años. Estos datos indican que la producción del país y obviamente la de Ecopetrol llegará al final de este año a su punto máximo (cerca al millón de barriles diarios), para luego empezar a disminuir aceleradamente, pudiendo pronosticarse que para 2015 produciremos escasamente para cubrir la demanda interna, a no ser que de aquí a allá ocurra un gran descubrimiento, del tipo de Cusiana o Caño Limón. Hagamos cuentas Si usted compró acciones de Ecopetrol el 27 de agosto de 2007, fecha de su emisión, de contado, con un descuento del 5 por ciento, pagó 1.330 pesos por cada una de ellas. En 2008 recibió dividendos por 115 pesos por acción, en 2009 recibió 220 pesos por acción, en 2010 recibió 91 pesos por acción y este año ya le han consignado otros 97 pesos por acción. Si mañana decide vender la acción en 3.800 pesos, usando el método de los contadores para calcular la rentabilidad, usted habrá obtenido de 225 por ciento en el periodo de 47 meses (3,9 años), o sea 58 por ciento anual. Pero si aplicamos matemáticas financieras, teniendo en cuenta las fechas de los desembolsos de los dividendos y el valor del dinero en el tiempo, la rentabilidad real obtenida es solo del 2,8 por ciento mensual, o sea 40 por ciento efectivo anual (EA). Si hubiera vendido el 9 de noviembre de 2010, cuando la acción tuvo su máximo valor (4.660 pesos), habría obtenido una rentabilidad del 3,77 por ciento mensual, o sea 56 por ciento EA. Como puede ver, si la acción sigue bajando, la rentabilidad también. Si compró después del 2 de noviembre de 2007, cuando la acción superó los 2.200 pesos, y vende mañana, su rentabilidad será inferior al 20 por ciento E.A. Si compra mañana a 3,800 pesos la acción y la tendencia a la baja sigue... perderá dinero. Pero si asumimos una inversión a largo plazo y que la acción se mantiene en el valor actual o ajustada por inflación, al igual que las utilidades del año pasado (precios del petróleo sobre 90 dólares el barril, precios de la gasolina a nivel internacional, al igual que los demás derivados que vende Ecopetrol y la producción de Ecopetrol sobre los 750.000 barriles por día), lo único que recibirá a favor será los dividendos de 145 por acción. Lo que en términos de rentabilidad equivale al 3,8 por ciento efectivo anual: o sea, igual a invertir en un CDT que es menos riesgoso, y demorándose 26 años aproximadamente en recuperar su inversión. Si se revisan los Estados Financieros, el patrimonio contable de los accionistas (activos menos pasivos) a 31 de diciembre de 2010 es de 41.5 billones de pesos; el cual, dividido en 40.472'512.588 acciones, nos indica que a cada acción le corresponden 1.025 pesos de patrimonio. Ese es el valor contable en libros de la acción. Si se tienen en cuenta los 72,6 billones de pesos, valor por el cual están contabilizadas las reservas (que figuran como notas de orden por ser un derecho de explotación, pues las reservas realmente pertenecen al Estado colombiano, no a Ecopetrol), y lo sumamos al patrimonio contable de los accionistas, nos da un total de 114,1 billones de pesos, que equivalen a un valor por acción de 2.819 pesos. Efectivamente, como lo señalé al inicio de estas líneas, la acción está sobrevalorada, lo cual explica su tendencia a la baja desde noviembre de 2010. La tendencia a la baja de la acción se mantendrá hasta que llegue a su valor real cercano a los 2.500 pesos, teniendo en cuenta que los derechos de exploración y producción de las reservas hoy ya valen menos de 60 billones de pesos, o sea 12,6 billones de pesos menos que lo reportado en los Estados Financieros a 31 de diciembre del año pasado. Esto se debe a que de los 1.714 millones de barriles equivalentes de reservas, la compañía ya produjo más de 120 millones en lo corrido del año y a que el dólar se cotiza por debajo de 1.800 y no a 2000 como se proyectaba para este año. O sea que si el dólar y el precio internacional del petróleo siguen bajando, el valor de las reservas hidrocarburíferas de Ecopetrol también y de paso el valor de la acción. Otros riesgos tributarios y legales Algunos cambios de tipo legal originados en el ejecutivo o como resultado de procesos jurídicos, pueden influir considerablemente en las utilidades futuras de la empresa y por ende en el valor de su acción. En primer lugar, deben tenerse en cuenta los recientes cambios introducidos por el gobierno en materia impositiva: · la eliminación de las exenciones del 30 por ciento sobre el impuesto a la renta que tenían las empresas del sector minero-energético por la inversión en activos fijos; · la extensión del impuesto al patrimonio y la sobre tasa en el mismo; · la estandarización del IVA en el 16 por ciento en el sector minero-petrolero (algunos bienes y servicios no pagaban y en otros era de sólo el 6 por ciento); · el aumento de la contraprestación que recibe la Agencia Nacional de Hidrocarburos cuando los precios del crudo superan los 30 dólares, que incluye la extensión de los contratos de gas de la Guajira y de petróleo de Caño Limón. Al aumentar la participación accionaria privada en Ecopetrol con la venta de otro 9,9 por ciento, el gobierno probablemente realice otros cambios en su régimen legal. Por ejemplo, el correspondiente a la administración del patrimonio autónomo de la empresa (fondo pensional), cuyo superávit posiblemente irá al pago de otras obligaciones pensionales a cargo del Estado. Ecopetrol también podría dejar de recibir los 600 mil millones de pesos anuales por rendimientos financieros de este fondo [3]. Otro litigio que llevaría a Ecopetrol a tener menores utilidades en el futuro, si llegaran a fallarse en su contra, es el que tiene que ver con la fórmula que fija el precio de los combustibles [4]. La gasolina obtenida a partir de la refinación del petróleo correspondiente a las regalías (43 por ciento del petróleo refinado) y comprado por Ecopetrol, está por fuera del precio del mercado internacional y tiene una destinación obligatoria y específica, que es producir gasolina para consumo interno, sin subsidios ni costo de oportunidad para el productor, y no debe estar sometida a la ley de la oferta y la demanda internacional como lo está haciendo actualmente el gobierno para establecer el precio de los combustibles. El aumento privado en la participación accionaria posiblemente llevará al gobierno o a los jueces a exigir contabilidades separadas, pues el 48 por ciento de la producción de hidrocarburos que Ecopetrol incluye actualmente en sus Estados Financieros proviene de los antiguos contratos de asociación, producción que por contrato es propiedad de la Nación y no de Ecopetrol [5]. En fin, si insiste en comprar acciones de Ecopetrol S.A., definitivamente usted manifiesta una mórbida propensión al riesgo o es un corredor de bolsa. *Ingeniero de Petróleos, especialista en Gerencia de Hidrocarburos, candidato a Magister en Hidrocarburos, profesor en la Universidad Industrial de Santander (UIS). Director del Centro de Altos Estudios Minero-energéticos, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).

GEOGRAFIA Y ESTADO

POLITICA Y GOBIERNO  Tomado de RAZONPUBLICA.COM

Domingo, 24 de Julio de 2011 22:13

El Estado no ha podido controlar todo el territorio, y este es el problema fundamental de Colombia. Este lúcido texto examina las raíces y las consecuencias del abandono histórico de la periferia, el intento de la Constitución del 91 para construir Estado en esas regiones y la necesidad de fortalecer en serio sus municipios.   Más geografía que Estado El Estado colombiano siempre ha tenido grandes problemas para imponerse en el territorio ubicado dentro de sus fronteras. A mediados del siglo XIX, Agustín Codazzi decía que el 75 por ciento del territorio estaba compuesto por baldíos de la Nación[1]. Por la misma época, Salvador Camacho, en sus Notas de Viaje estimaba que el Estado controlaba menos de la cuarta parte del territorio nacional[2]. ¿Cuánto ha avanzado el Estado en la conquista de esos territorios? Mucho, desde luego; pero no lo suficiente. Nadie duda de que hoy en día una buena porción del territorio colombiano continua siendo una frontera abierta y no controlada institucionalmente. El ex vicepresidente Gustavo Bell lo dijo con claridad hace algunos años, cuando sostuvo que “Colombia tiene más geografía que Estado”[3]. El desfase entre geografía e instituciones trae consecuencias dramáticas para la seguridad y la protección de los derechos de las personas; consecuencias que, por lo demás, han marcado la vida política del país en la última década, como resultado de la ofensiva del Estado contra la guerrilla. De otra parte, en Colombia existen aproximadamente 162 mil policías; solo 7 mil de ellos están dedicados a vigilar las zonas rurales. El campo no solo está desprotegido por la Policía, sino también por el derecho: de los 6 millones de hectáreas abandonadas por motivo del conflicto armado en las últimas dos décadas, se calcula que solo el 20 por ciento tiene títulos formales de propiedad. Desdén por la periferia El menosprecio de los colombianos por la periferia tiene muchas causas; entre ellas está lo accidentado de nuestra geografìa, el hecho de no haber tenido nunca una revolución social (como en México, por ejemplo), ni siquiera una reforma agraria, la dependencia respecto del café, entre otras. Pero hay por lo menos dos causas culturales e históricas de largo aliento: En primer lugar, la relación que los colombianos tenemos con el espacio geográfico está todavía anclada en una larga tradición señorial y feudal impuesta por los españoles durante la colonia. Esa tradición implicaba varias cosas: una fuerte asociación entre propiedad de la tierra y prestigio social (para los españoles la posesión de tierras era una señal del honor, no una fuente de riqueza agrícola, como ocurrió en las colonias británicas); una preferencia por la explotación de tipo extractivo de las riquezas, y una visión del gobierno local basada en la delegación en cabeza de los notables del lugar (el conquistador español no se detenía en los territorios a los que llegaba sino que delegaba su poder en los notables locales y seguía su curso en busca de nuevas riquezas). En segundo lugar, la manera como los colombianos vemos el espacio rural también tiene sus raíces en una vieja tradición europea (una vez más reproducida y acentuada en América) que opone la ciudad, civilizada y desarrollada, a las tierras rurales, salvajes, pobres y malignas. Francisco José de Caldas (igual que, posteriormente, José María Samper y Luís López de Mesa) sostenía que el carácter de la gente estaba determinado por las condiciones atmosféricas del sitio en donde vivía y que solo en las laderas de las montañas, entre los nevados y las selvas, prosperaban la cultura y la modernidad. Estas ideas no se quedaron en el siglo XIX. Todavía se recuerdan las palabras de Laureano Gómez cuando dijo que esta parte del mundo, en donde faltan las estaciones tanto como los grandes hombres, nada grande ha producido. No es de extrañar además que, como lo explica Alfonso Múnera, tales ideas hayan influido sobre la construcción de una identidad nacional fundada en valores andinos, localizados en Bogotá, Medellín y Cali, en la cual siempre se vio con recelo lo que sucedía en las tierras bajas y cálidas de la periferia[4]. Territorialidad de la ley De otra parte, la marginalidad cultural de la periferia fue refrendada por las ficciones del derecho sobre el territorio. Los Estados europeos se crearon cuando lograron cerrar sus fronteras y, de esta manera, impidieron que los delincuentes las cruzaran a su antojo; así se consiguió una cierta coincidencia entre derecho y geografía. Esta coincidencia se expresa en el célebre principio jurídico de la territorialidad de la ley, según el cual el derecho se aplica a todo el territorio nacional, sin distinciones de grado, intensidad o geografía. La ley es como la luz de una lámpara que se esparce de manera homogénea sobre la superficie del territorio nacional, igual en el centro que en su periferia. La idea de territorialidad de la ley está íntimamente conectada con la de soberanía. El poder soberano, expresado a través de la ley, se ejerce sobre todos los rincones del territorio nacional sin distinción alguna. El problema es que estas ideas (válidas en el contexto europeo) no tenían una correspondencia fáctica en América Latina; son ficciones. La territorialidad de la ley tiene un carácter más simbólico que real y más político que instrumental. La ficción de la territorialidad de la ley, en unión con la delegación del poder político, hicieron de Colombia un país supuestamente soberano, pero realmente concebido y manejado desde las laderas de los Andes y con una capacidad muy limitada para imponer orden, seguridad y derechos en todo el territorio nacional. Periferia abandonada A continuación se presentan algunos mapas que muestran cómo, a pesar de los avances logrados, la situación de abandono de la periferia sigue más o menos igual a como era hace un siglo. El siguiente mapa, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre la base de datos del Departamento Nacional de Planeación, muestra el índice de desempeño integral de los municipios para el año 2007. Como puede verse, los municipios con mejor desempeño institucional se encuentran en el centro del país, principalmente en las zonas andinas. Los municipios con altos ingresos de regalías también han mejorado su desempeño, pero no tanto por la mejora en la cobertura de servicios públicos, sino por algunos indicadores fiscales (justamente gracias a las abundantes regalías). Mapas muy parecidos a este se obtienen cuando se presentan datos sobre desplazamiento forzado, mortalidad infantil, cultivos ilícitos, dependencia de las transferencias del nivel central, entre otros. A continuación presentamos un mapa que muestra las salidas del sistema penal (sentencias, preacuerdos, etc.) por cada 100.000 habitantes. La tendencia es la misma: es en el centro en donde el sistema de justicia tiene mayor presencia.   Colombia casi siempre ha tenido gobernantes andinos, que poco se han preocupado por llevar el Estado a las planicies y a las selvas tropicales. Las élites capitalinas se han limitado a delegar el poder del Estado en los párrocos y los notables locales, primero, y en los políticos y en los terratenientes, después. Proyecto del 91 Todo esto funcionó más o menos bien hasta hace unos 25 años, cuando la gran riqueza del país empezó a cambiar de geografía y fue pasando de las laderas de las cordilleras, en donde se siembra café y otros productos agrícolas, a las tierras bajas, selváticas y costeras, en donde se cultiva coca, se extrae petróleo y se explotan minas de oro y carbón. Los constituyentes de 1991 quisieron institucionalizar la periferia del país y lo hicieron fortaleciendo al municipio, creando una descentralización vigorosa y unos mecanismos de participación ciudadana amplios, todo ello bajo la ilusión de que la democracia y la participación popular traerían consigo la fortaleza institucional. Eso ocurrió en algunas ciudades como Bogotá y Medellín, pero en buena parte de la periferia sucedió justo lo contrario: con la llegada de las nuevas riquezas a las tierras bajas, actores armados de todo tipo aprovecharon la ocasión para apoderarse de las instituciones municipales y desviar los recursos públicos hacia sus propias arcas. En materia fiscal y administrativa los resultados de la descentralización también han sido dispares: los municipios periféricos tienden a ser más dependientes de las transferencias del Sistema General de Participación (SGP) y los logros en cobertura se han caracterizado por una convergencia cuantitativa -las tasas de salud y educación han aumentado considerablemente- pero no cualitativa -las diferencias en la calidad de la prestación de esos servicios son muy grandes-. Municipios fuertes para la periferia ¿Cómo salir de esa combinación explosiva entre municipios débiles, por un lado, y una organización territorial descentralizada, por el otro, en municipios dominados por poderes ilegales, en donde llega el dinero a chorros? Hace veinte años la Constitución de 1991 tenía el propósito de institucionalizar la periferia a través del fortalecimiento de la participación democrática local. Hoy sabemos que eso es necesario pero no es suficiente; por eso, para responder a la pregunta anterior, creemos que ante todo hay que crear las condiciones institucionales necesarias (seguridad ciudadana, justicia, vigilancia de organismos de control, supremacía del Estado sobre las demás fuerzas locales, etc.) para que la descentralización, plasmada en la Constitución del 91, sea una realidad y prospere. Si se tiene en cuenta que los grandes problemas que afronta el país -narcotráfico, violencia e inequidad social- están fuertemente vinculados con la distribución del espacio territorial, parece evidente que la solución a estos problemas depende, en buena medida, de que, en las zonas bajas y cálidas del país, exista un poder municipal fuerte, legal y democrático al mismo tiempo. Mientras tengamos más geografía que Constitución, parafraseando lo dicho por Gustavo Bell, será muy difícil resolver esos problemas. [1] Citado por Serje, Margarita. 2005. El Revés de la Nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. Bogotá: Uniandes, p. 172. Véase igualmente Legrand, Catherine. 1988. Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. [2] Camacho Roldán, Salvador. 1890. Notas de viaje. Bogotá: Librería colombiana. [3] Según información de la AFP 10-05-02. En sentido similar el Coronel Bahamón Dussán sostenía que en nuestro país no se ha ajustado lo político a lo geográfico, lo cual ha impedido el desarrollo nacional: “El territorio es más grande que la Nación y la Nación es más grande que su gobierno” Bahamón Dussán, Augusto. 1989. Colombia Geografía y Destino. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Armadas, citado por Serje, Op. Cit., p. 105. [4] Múnera, Alfonso. 1996. “El Caribe colombiano en la república andina: identidad y autonomía política en el siglo XIX” en Boletín cultural y bibliográfico, vol. 33, no. 1. Bogotá: Banco de la República.

Niña Blanca, Niña Negra

Tomado de www.razonpublica.com

ECONOMIA Y SOCIEDAD

Domingo, 12 de Junio de 2011 21:56

En el Año Internacional de los Afro-descendientes, una crónica desgarradora de dos vidas y de lo que dicen estas vidas sobre el país que hemos sido y el país que seremos. Negra verdad Un sabio dicho entre adultos reza: “los niños y los borrachos no se callan la verdad”. Pues bien, me he tropezado por estos días con la prueba fehaciente de que tal expresión está hoy más que nunca vigente: una niña contando una incómoda verdad. En una de tantas conversaciones que aprovecho para indagar por la percepción de realidad de niños y niñas -solo para reafirmarme en que ellos están mejor ubicados en el tiempo y el espacio que los propios adultos- me encontré con la hija de una amiga cercana, Juanita* [1], una niña vivaz de esas que siempre tienen algo que decir para sorprender y “entretener” a los adultos. Apenas me vio llegar, me recibió emocionada con una noticia: “-¡Hay una niña negra en mi casa!”. Tratando de ponerme a la altura de tal afirmación, le respondí: - “¡Ah, qué bueno, tienes una nueva amiguita!” y mostré interés en su entusiasmo invitándola a continuar con su historia, ansiosa por saber para dónde iba. Lo que sobrevino fue nada más y nada menos que el pasado, el presente y el futuro de nuestra sociedad, transcrito en el mundo de una niña de 9 años. Juanita continuó diciendo: - “Pues, qué te dijera: no es mi amiga, hay muchas cosas de ella que no me gustan”. Acto seguido se despachó con una lista punto por punto de todas las cosas que no le gustaban de esta “niña negra”, que iban desde su manera de hablar hasta la de comer, para finalmente decir que lo más molesto era que “lloraba por todo”.   - “¿Cómo así que por todo? Dame un ejemplo”, le pedí.   Y me respondió con un dejo de enojo: -“Llora todo el tiempo, porque no quiere ser negra”.   María [2]* llora porque no quiere ser negra. Pero, “¿Quién es María?”, me pregunté. La historia de Teresa De la bolsa de los lugares comunes que visito a diario en este tema, salieron poco a poco todas las razones. María es la hija de Teresa [3], a quien sus empleadores llaman “Nanny”. Una mujer negra en sus veintitantos, quien hace más de 6 años dejó sus hijos (María y Juan [4]) al cuidado de sus abuelos en su natal Corozal, para viajar a la fría Bogotá a cuidar a los hijos de otros (Juanita y Pedro [5]). Luego de años de ausencia forzada, un mal día llamaron a Teresa para contarle que su hija había sido víctima de abuso sexual (me enteré hace unos meses por mi amiga). Teresa viajó inmediatamente, llena de tristeza y de culpa por no haber estado allí, por haber tenido que escoger entre la supervivencia y el cuidado de sus hijos. Después de un par de meses, decidió quedarse permanentemente al lado de María y de Juan, tras enfrentar la impotencia de no haber podido denunciar al atacante de María, alguien cercano al entorno social de la niña. Bueno, lo de la denuncia es otra historia (¿o la misma?): cuándo Teresa fue a instaurarla, el “funcionario” le sugirió no hacerlo, puesto que el ICBF podría quitarle la custodia alegando abandono, ya que ella había estado ausente por largos períodos. Seamos honestos: ¿Teresa; mujer, mujer negra, mujer negra, pobre y madre soltera, contra el sistema? Nada que hacer: pelea de tigre con burro amarrado. En fin, la realidad le gana al deseo. Teresa se vio sin trabajo, sin dinero y señalada por una sociedad que la culpaba de la desgracia de su hija. Ante esto se vio obligada a regresar a Bogotá, esta vez con María. Atrás quedó Juan, pues en una situación de éstas, siempre hay decisiones por tomar y sacrificios por hacer. He ahí la historia de por qué llora tanto María. María llora y llora porque al llegar a Bogotá se ha estrellado de frente con una realidad que no le gusta y que para ella empieza a relacionarse con la marcada diferencia entre “niña blanca” y “niña negra”. La mirada del otro La brecha sociocultural que separa a Corozal de Bogotá (empezando con el hecho de que en Corozal la gente sonríe y saluda), se exacerba cuando se le añade la vida de Juanita, para quien Teresa reserva todas las atenciones propias de una madre como parte de su contrato. Entretanto, la pequeña María, extraña entre extraños, asimila la información. Se inicia el proceso de construcción de la negritud identitaria de María, marcado desde ya por la negación del ser negra, por la baja autoestima y por la perpetuación del estereotipo racial. En paralelo, se va construyendo la “blancura social” de Juanita. Se elabora su percepción del otro, de sus diferencias, de sus anhelos y de cómo se supone que debe desarrollarse esa relación entre “los otros” y ella. Sí, hay una niña negra en la casa de Juanita. Eso le causa confusión, porque no la hay en su colegio, ni en su barrio, ni en su edificio, ni en el centro comercial, ni en los bancos, ni en Mac Donald’s, donde se supone que convergen niños y niñas “como ella”. La invalidación llega a tal punto que Juanita cree que María se ha “venido a vivir a Colombia”. Estoy ciento por ciento segura de que Juanita sabe que Colombia es nuestro país, pero debo entender que para ella María representa una otredad no solo desconocida, sino completamente foránea.   Colombia desigual María y Juanita son las dos caras de un escenario desalentador para el futuro. Ambas, desde sus futuros predecibles, podrían tristemente ser quienes en representación de nuestra siguiente generación reproduzcan todo aquello que está mal en la estructura del Estado-Nación: El mito de la democracia racial, la subvaloración de la diversidad humana y cultural, la negación soterrada de la discriminación y por supuesto, los factores socio-económicos que perpetúan la desigualdad entre blanco-mestizos y negros. Es obvio que a ninguna de las dos se le puede culpar por pensar lo que piensan y sentir lo que sienten. Arrastramos esta historia a lo largo de tantos siglos que no será fácil borrar de nuestro imaginario el signo trágico de la diferencia racial y lo que ésta implica. El Año Internacional de los Afrodescendientes ha entrado con fuerza, tras la promulgación oficial por parte de Naciones Unidas. Se siente en el ambiente un énfasis mediático y público, en tonos más fuertes, de lo que implica ser negro y descendiente de África en la contemporaneidad y desde la diáspora. No puedo negar que me emociono cuando abro un periódico de circulación nacional y veo hablar de “afro descendientes” y “afrocolombianos” a página entera. Me emociona igualmente leer los debates planteados por reconocidos intelectuales colombianos que se oponen a las acciones afirmativas, cuestionando si se deben o no reconocer derechos diferenciados a aquellos excluidos históricamente, hasta del lenguaje. Difiero por supuesto, pero me emociono con el solo hecho de que este tema ocupe sus prestigiosas columnas y alienten discusiones serias. Ni qué decir de campañas de medios masivos apoyadas por agencias como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del anuncio de programas de cooperación con muchos ceros, enteramente dedicados a grupos étnicos afrocolombianos e indígenas. Por mencionar solo algunos ejemplos. Preguntas sin respuesta Todo esto está muy bien, porque sin importar qué tan acertado o desacertado sea, nos está obligando a pensar, expresar y conceptuar lo que hemos callado por años. Pero, mientras nos ponemos de acuerdo, nos organizamos y damos las grandes peleas que habrá que dar para cambiar un sistema que parece sentirse cómodo en su mentira, me pregunto:   ¿Qué pasará con Juanita y María? ¿Quién les enseñará lo que se debate en los foros de alto nivel? ¿Quién les contará que ni la blancura de Juanita la hace mejor, ni la negrura de María la hace menos? ¿Quién les enseñará lo que resume la Declaración del Año Internacional? ¿O lo que guardan las memorias de los seminarios de la cooperación y los encuentros de intelectuales? ¿Quién le dirá a Juanita que María sí vive en Colombia? Me atrevo a decir que nadie. Ni sus madres lo harán, ni sus abuelos, ni sus maestras, ni Discovery Kids, ni Hannah Montana. ¿Roles heredados, sin remedio? Me temo lo peor. Me temo que Juanita de grande buscará también una niñera negra vestida de impecable blanco (¿como enfermera?) para que cuide sus retoños. Me temo que María traerá al mundo hijos de su exclusión, de su negación de sí misma, de su asimilación, que es casi resignación frente a una realidad que para ella podría estar escrita así, sin derecho a cambio ni réplica. Cada una desde su esquina, cumpliendo roles heredados. Me temo que aún no estamos listos para responder con la responsabilidad que nos compete como adultos desde nuestras orillas, a los cuestionamientos existenciales de Juanita y María, ciudadanas en formación… * Consultora para el desarrollo local y la creación de políticas públicas con enfoque étnico diferencial. Asesora de Cooperación de la Embajada de Japón. @aura926

La Empresa de Teléfonos de Bogotá: patrimonio público contra rapacidad privada

Tomado de www.razonpublica.com.

Esta mirada retrospectiva del manejo de la ETB señala una cadena de errores estratégicos nacidos de la obsesión irracional por privatizarla. Hay opciones lógicas para que la ciudad conserve la empresa como patrimonio público, y los recursos para hacerlo están al alcance de la mano [1].  (By Jaime Castro ExAlcalde de Bogotá D.C).

Historia de disparates
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) no vive su mejor momento y no hay la menor duda de que los responsables de cuidarla han perdido el norte: su accionista mayoritario - la propia administración distrital con cerca del 90 por ciento del capital social - y quienes la han dirigido y administrado en los últimos años.

• En 1994 la ETB adquirió el 33 por ciento de la naciente Comcel, invirtiendo más de 200 millones de dólares financiados en parte con sus propios recursos y en parte con deuda. La ETB no podía quedarse por fuera de la telefonía celular.

• En 1999, se valoró en 375 millones de dólares la participación de la ETB en Comcel, la primera empresa de telefonía celular del país y una de las más grandes de América Latina.

• Pero la administración distrital y la Presidencia de la Empresa no valoraron el tesoro que tenían entre sus manos. Por eso se negaron a hacer las capitalizaciones decretadas por Comcel y naturalmente la participación de la ETB se fue diluyendo.

• Para rematar, en 2002 terminaron "regalando" por 52 millones de dólares su paquete de acciones de Comcel.

Nada aconsejaba hacer esta venta. Había que permanecer en Comcel, porque las empresas de telefonía celular en Colombia ya habían logrado ventajas significativas que garantizaban su futuro, que resultó muy brillante por cierto.
De los contratos se eliminó la cláusula que las obligaba a revertir al Estado sus equipos, adquirieron el derecho a prorrogar esos contratos por 10 años más, pagando apenas el 10 por ciento de lo que les habían costado los primeros 10 años y obtuvieron la licencia que les permitió prestar servicios de larga distancia, sin tener que pasar por las redes de las empresas operadoras de dicho servicio.
 

No hay la menor duda: la ETB incurrió en graves equivocaciones estratégicas. Primero, se dejó diluir en Comcel. Luego, vendió su participación y lo hizo para fundar OLA, en la que invirtió 270 millones de dólares, operación con pérdidas monumentales que casi hunden definitivamente a la ETB.

Para salir del atolladero
En resumen, la ETB hizo un pésimo negocio: cambió el 33 por ciento que tuvo en Comcel (que hoy posee un patrimonio de 4,7 billones de pesos) por el 25 por ciento de TIGO (Colombia Móvil, patrimonio de 0,212 billones de pesos).


Esta es una de las causas, tal vez la principal, de la dramática situación que vive la ETB. Es innegable que se ha quedado rezagada en materia tecnológica, que no ocupa ningún espacio en los negocios de las modernas tecnologías de información y comunicación (TICS) y que no está en condiciones de afrontar la dura competencia del mundo en que se mueve: necesita una buena inyección de capital, alrededor de un billón y medio de pesos.

Se han formulado básicamente dos propuesta para salir del atolladero:

• vender un paquete accionario grande y entregar el control operativo y el manejo de la empresa a quien lo compre, que se llamaría el socio estratégico,

• o simple y llanamente, vender toda la ETB y entre más pronto mejor.

Analizo ahora estas iniciativas y exploro otras posibilidades.

Privatización disfrazada de capitalización

Se ha intentado privatizar la empresa en dos ocasiones y en ambas se ha fracasado:

• En al año 2000, la Procuraduría ordenó que se archivara lo ejecutado en ese sentido, por razones jurídicas.
• Recientemente, simplemente no hubo proponentes.

Lo que pretendió la ETB, en esas dos ocasiones, fue repetir lo que se había hecho con la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). Conviene recordarlo:

• Para empezar, se planteó la necesidad de capitalizar la EEB, no de privatizarla, lo que en realidad se hizo a la postre. Si se hubiese hablado de privatización, se habrían tenido que ofrecer las acciones en primer lugar y en condiciones más favorables al sector social, es decir, a los trabajadores y ex trabajadores y a sus organizaciones, cosa que no se quería: lo que se buscaba en realidad era entregar al capital privado, extranjero de preferencia, el control y el manejo de la Empresa de Energía y de sus filiales Codensa y Emgesa.

• En un segundo momento, el aporte del socio estratégico en vez de ingresar a las arcas del Distrito, como lógicamente hubiera debido ocurrir, pues era éste quien vendía, entró directamente a la tesorería de las empresas que se capitalizaban.

• En un tercer momento, el socio estratégico o inversionista, que había asumido el control operativo de las empresas resolvió que las empresas capitalizadas tenían exceso de capital, razón por la cual convenía descapitalizarlas.

El balance de lo que pasó es conocido: el socio estratégico recuperó su inversión en poco tiempo y quedó con un paquete accionario importante de valiosas empresas, que dirige y controla.
Algo parecido hubiera ocurrido en el caso de la ETB si hubiese aparecido el socio estratégico tan buscado. El pliego de condiciones de la licitación permitía a los proponentes pedir las formas de control operativo que a bien tuvieran. Antiguos funcionarios de Codensa -que fueron los cerebros de sus descapitalizaciones- asesoran hoy en día a la ETB. Aunque dicen que al perro no le cortan la cola dos veces, esa operación se la quisieron repetir al Distrito.


Otras malas decisiones
En 1998 la ETB compró una licencia de larga distancia, que le costó 150 millones de dólares. Esa inversión no se justificaba, porque el negocio de larga distancia había empezado a marchitarse ante el desarrollo imparable de la voz sobre IP (en inglés VoIP, por Voice on Internet Protocol). Esos recursos habrían sido mejor empleados en programas urgentes, como la expansión de la fibra óptica.


Pensando en hacerse más atractiva frente a un eventual inversionista estratégico, la Empresa ejecutó un masivo plan de retiro de empleados, que le costó 140.000 millones de pesos, liquidando la indemnización a que tenían derecho sus beneficiarios cuatro veces por encima de lo exigido por la ley.

Pero también retiró en forma irracional personal calificado que sí necesitaba para el desarrollo de sus actividades y que ahora ha tenido que vincular como asesores externos, mediante contratos de outsourcing.

Y encima de todas estas pésimas decisiones, la DIAN acaba de establecer que la Empresa deberá pagar a los retirados una indemnización adicional, por haber hecho retenciones indebidas.


Capitalización sin resultados
En 2003, la ETB decidió capitalizarse con recursos del sector privado. Emitió acciones que hoy representan el 11 por ciento de su capital social. Más de 60.000 bogotanos se convirtieron en nuevos socios de la Empresa y se inyectaron recursos por un valor nada despreciable: 240.000 millones de pesos.


Entre los nuevos accionistas se cuentan los seis principales fondos privados de pensiones y varios fondos de cesantías, que eligen dos de los siete miembros de la junta directiva, con derecho a veto sobre temas tan importantes como la disposición de activos, el endeudamiento, las inversiones y la designación de presidente y vicepresidente financiero de la ETB.

Esa operación financiera no se tradujo en la modernización de la compañía, en su actualización tecnológica o en su manejo empresarial. No se conocen los aportes concretos del sector privado al mejoramiento de la Empresa y a la superación de sus dificultades. Pero se sabe que inicialmente fueron los principales promotores de la búsqueda del inefable socio estratégico y últimamente de la venta de la ETB.

Considera la Junta Directiva que "a la luz de las condiciones del mercado, ETB en el mediano plazo no estará en capacidad de generar los fondos internos necesarios para acrecentar su valor futuro" y que se ha podido "establecer la pérdida de valor de la Empresa y la permanente necesidad de recursos para mantener su competitividad, pues se requiere de grandes inversiones para ofrecer los servicios que el mercado demanda".

En consecuencia, la Junta recomienda "fundadamente" que se venda ya la ETB, porque la Empresa no puede generar los recursos que financien las "grandes inversiones" que debe realizar y el Distrito tampoco puede hacer los aportes necesarios. Ni siquiera se plantea la necesidad y conveniencia de mejorarla antes, para que pueda venderse a un precio superior.
Venderla ahora, cuando sus directivos se han encargado de decirle al mercado que la empresa no tiene futuro, causaría grave detrimento patrimonial al Distrito. Llama la atención que los promotores de la venta guarden silencio sobre el destino que tendrían los recursos que la operación genere.

Se limitan a decir que con ellos se financiaría "inversión social", cuando lo que se impone es adquirir otro bien productivo o financiar proyectos como el metro. Semejante propuesta equivale a que se venda la gallina de los huevos de oro para que el Alcalde de turno se ponga sombrero de plumas.


Faltó imaginación y creatividad
Con todo respeto por la Junta Directiva, por la Presidencia de la compañía -que al parecer ha recibido como única instrucción la de vender la Empresa- por la banca de inversión y por la propia administración distrital, presente en la sesión de la Junta que decidió enajenar la ETB, debe anotarse que ha faltado imaginación y creatividad para buscar y encontrar el billón y medio de pesos que al parecer cuestan las inversiones necesarias para hacer presencia competitiva en los negocios que el mercado pide.


Ese billón y medio de pesos hay que buscarlo y encontrarlo, sin necesidad de vender la Empresa. El Distrito, que tiene la representación jurídica de la ciudad, es decir de las varias generaciones de bogotanos, que como trabajadores y suscriptores de sus servicios crearon y consolidaron la Empresa y la siguen sosteniendo, no puede tener otra prioridad económica. La Junta cree que tiene otras. Está equivocada, porque en la coyuntura actual, la prioridad económica de Bogotá debe ser la recuperación de su empresa de telecomunicaciones.

Sin ser especialista en altas finanzas corporativas, me atrevo a presentar dos opciones entre las varias que deben estudiarse para que la ETB llegue a ser una empresa de telecomunicaciones integradas. Mis sugerencias no tienen nada excepcional. Podría decirse, inclusive, que son de mero sentido común.

• En primer lugar, puede proponerse que el Distrito capitalice los dividendos para ampliar su participación en la compañía. Aunque su valor es relativamente pequeño frente a los ingresos corrientes tributarios y no tributarios de la ciudad, entre 1999 y el 2010 la ETB giró al Distrito justamente un billón y medio de pesos por concepto de dividendos.

• Otra fórmula viable también al alcance del Distrito, propietario del 89 por ciento de la Empresa de Energía de Bogotá, que está invirtiendo fuera del país algo más de 600 millones de dólares: ¿Si la Empresa de Energía tiene capacidad para invertir en el exterior, por qué no utiliza su músculo financiero para invertir en la ETB, capitalizándola y haciéndose socio suyo, así fuera únicamente para determinados proyectos?

Las empresas de energía en todo el mundo están migrando hacia el dinámico sector de las telecomunicaciones, debido a las sinergias entre las actividades de ambos sectores. También puede pensarse que la ETB tenga un aliado estratégico, no socio estratégico, que aporte recursos y tecnología.
Las fórmulas propuestas, o una combinación de ellas y de otras que puedan evaluarse, deben recuperar la empresa y conservarla como patrimonio público, o por lo menos ponerla en condiciones que permitan venderla por lo que realmente vale y su capacidad futura de generar valor en un gran mercado cautivo como Bogotá, si es que más tarde se decidiera enajenarla de todas maneras, para cambiarla por otro activo productivo que conserve y mejore el patrimonio público de Bogotá.


Cuidar el patrimonio de Bogotá
Es claro que las grandes ciudades y los departamentos no pueden financiarse, única y exclusivamente, con los impuestos que cobran y las participaciones que reciben de las rentas de la Nación. Deben tener otra clase de ingresos. Por eso deben tener patrimonio propio, como sus empresas de servicios públicos, cuyas utilidades o excedentes se incorporan como ingresos corrientes en sus presupuestos.


Las regiones sin presencia directa en los sectores energético y de telecomunicaciones, no tienen futuro. La fuerza de Medellín como ciudad y de Antioquia como departamento radica precisamente en que han sabido conservar y mejorar su patrimonio. Nadie en Medellín pensaría que EPM deba descapitalizarse o que se justifique buscar un inversionista privado o incluso venderse.

Lo que interesa a los paisas es ampliar el radio de acción de su empresa emblemática de servicios públicos. Por eso nada de raro tendría que EPM pronto preste algunos de sus servicios en Cali. Y cuando surge un nuevo proyecto importante, como Pescadero-Ituango que vale 3.000 millones de dólares, la inversión más grande que se ejecuta en este momento en el país, la ciudad y el departamento lo hacen suyo y lo financian, sin necesidad de buscar socio estratégico.

Los accionistas, los directivos de la ETB y la administración distrital estamos obligados a pensar en grande, con visión de futuro, sin inmediatismos, a asumir los retos de la hora, a comportarnos como lo hicieron quienes con su trabajo y las tarifas que pagaron convirtieron a la ETB en un valioso patrimonio público de la ciudad.


* Abogado, ex ministro de Estado, ex alcalde de Bogotá, pequeño accionista de la ETB.

@CastroAlcalde  

Reforma de la educación superior: calidad versus ánimo de lucro

Publicado en RAZON PUBLICA.COMDomingo, 03 de Abril de 2011 21:22

La propuesta del gobierno está basada en verdades parciales que resultan en una gran mentira y en no entender el ejemplo de los países que invoca. Su resultado no podrá ser sino bajar la calidad, agravar la inequidad y confirmar nuestro subdesarrollo. Pero hay otro camino.   El desatino Los gobiernos colombianos han tratado a la educación pública como a la loca de la casa: hay que mantenerla viva, escondida, vestirla de gala para ocasiones especiales y, si la oportunidad lo permite, salir de ella lo más pronto posible. Durante años la educación pública superior ha sido una carga soportada con molestia por gobiernos que nunca han encontrado en ella rendimientos -ni electorales ni económicos. La reforma, lanzada con pompa y sitio virtual por el gobierno Santos, es un paso más en el camino que lleva hacia el abandono definitivo de esta molesta loca de la casa. La reforma es una mezcla curiosa de mediocridad, arrogancia y obediencia[1]. Parece suponer que sus destinatarios son personas ignorantes a quienes será posible convencer con pedazos de verdades que sumadas terminan siendo una mentira gigantesca. Como dijo el rector de la Universidad Nacional, los autores del proyecto se parecen a esos pacientes que "por lesión en el hemisferio derecho del cerebro, pierden la capacidad para captar lo que se sitúa al lado izquierdo de ellos. La mitad del horizonte deja de existir. Aunque lo vean, lo ignoran como si estuviera en otra dimensión del mundo real"[2] . La estrategia elegida no es nueva ni es eficiente. Es incluso ilusa en suponer que, gracias a los incentivos pertinentes, la codicia privada hará por la educación lo que dos siglos de olvido gubernamental y social no han logrado. Malos ejemplos Cuando muchos países del Tercer Mundo asumen sus propios caminos hacia el conocimiento y el desarrollo, los documentos del gobierno colombiano se ufanan de copiar lo que equivocadamente creen que han hecho otros países. Pretendiendo estar al día, presentan a Estados Unidos como modelo a imitar, pero olvidan que es el mejor caso en contra de la educación superior con ánimo de lucro, y el mejor a favor de una educación de alta calidad sin ánimo de lucro. Ninguna de las universidades privadas de calidad de los Estados Unidos habrían sido las instituciones de alto nivel de hoy, si hubieran seguido los consejos de los asesores a la penúltima moda del Banco Mundial y sus imitadores locales. Al buscar ejemplos en la región, optan por el modelo educativo del Brasil, pero olvidan que este país ya incorporó a 35 millones de personas a la economía mediante empleos formales y mejoras de salario. Olvidan que la inversión estatal en las universidades públicas de élite ha crecido muy por encima del crecimiento del PIB. Y olvidan, por último, que la calidad de la educación con ánimo de lucro en Brasil es tan mala como lo puede ser en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, dejan por fuera la estrategia educativa de Singapur y los llamados "tigres asiáticos". En esos otros países, los Estados tomaron en serio la idea de que sería imposible competir sin una educación del más alto nivel. Cambiaron no sólo la educación superior, sino todo el sistema educativo, con altísimas inversiones estatales. Los resultados están a la vista: basta recordar el lugar de Colombia en las pruebas internacionales, y los de Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y otros países que optaron por jugársela toda alrededor de la educación. Piratas y negociantes La vieja "nueva" estrategia del gobierno consiste básicamente en atraer la inversión privada a la educación superior, con el propósito de elevar la cobertura a un 50 por ciento en 2014, con 650,000 cupos nuevos, disminuir el desempleo juvenil, bajar en cuatro o cinco puntos porcentuales la tasa de desempleo global, y promover la innovación con calidad. El primer punto supone una inversión privada adicional en educación que ningún país del mundo ha visto jamás. En la versión colombiana, ya podemos sospechar de dónde vendrá esa inversión, a qué intereses servirá y qué efectos tendrá sobre el sistema de educación superior. Como se trata de multiplicar el número de centros, facultades, institutos y universidades de enseñanza, sin investigación, todos los caminos conducen a esos modelos insuperables de creatividad educativa que han sido y son Carlos Moreno de Caro, con su universidad recién inaugurada en Bogotá, César Pérez García[3], con su modelo antioqueño de educación superior para la política, o más cerca, aquí en Cali, el modelo de la Universidad Santiago de Cali, antes del movimiento estudiantil y profesoral que en este mismo momento está intentando poner orden en casa. No todos los empresarios educativos responden por supuesto a este perfil. Muchos de ellos aspiran a mejorar la oferta educativa, aportar nuevos programas y en el proceso obtener algunos excedentes; pero la mayoría de los innovadores carece del capital necesario para poner en marcha un centro de educación superior. La otra fuente de financiación y de ideas empresariales vendrá del exterior. No vendrán, como sueñan algunos, las mejores universidades del mundo, pero sí aquellas que ya han desarrollado ventajas en la educación masiva y a distancia, sin investigación, como podría ser, por ejemplo, la Universidad de Phoenix, en Arizona. Las franquicias y alianzas de negocios ya deben estar listas para hacer uso de las nuevas oportunidades abiertas. Es obvio que las ventajas de estas universidades no están ni en la investigación ni en la innovación, sino en la educación superior masiva y con costos decrecientes. No abundaré aquí en las inmensas posibilidades que abren las nuevas instituciones en materia de préstamos, contratos, y fondos estatales al pasar a manos privadas en proyectos imposibles de vigilar y de auditar. Además del ingreso y la legitimación de capitales poco santos al mundo más blanco de la educación superior. ¿Cuál universidad? Ya Jorge Iván González y Edna Bonilla (Razón Pública, marzo 21 de 2011 link) han alertado sobre el error conceptual -cometido por este gobierno y por el anterior- de suponer que los costos de la educación superior de calidad son decrecientes. Doblar el número de estudiantes no permite disminuir el costo por estudiante de la misma forma que decrece el costo de reproducir un video, un cd o una vacuna. Pero el error conceptual de los asesores económicos de estos gobiernos va más allá de no comprender el carácter creciente de los costos en una educación superior de calidad. En realidad, esos asesores están pensando en otro tipo de educación superior. Tienen en mente una educación basada en la docencia sin investigación, con alta carga de enseñanza a distancia, y una limitada fracción de profesores de tiempo completo obligados a enseñar, digamos, seis cursos por semestre. Sólo así puede explicarse que haya instituciones de educación superior con ánimo de lucro. Ganancias y educación superior sólo podrían ir de la mano si renunciaran a todas las funciones distintas a la docencia elemental y a la administración de las ganancias. En Colombia ni siquiera las universidades privadas de calidad más dudosa habrían podido sobrevivir sin el apalancamiento financiero proveniente de fundaciones, empresas privadas, ciudadanos y del mismo Estado. La idea fundamental de que la educación es un bien público no es un principio abstracto, producto de las elucubraciones teóricas de economistas liberales. En general, la educación superior está condenada a ser pública -no importa por qué vía o mediante qué tipo de arreglo económico o administrativo. Sin embargo, el gobierno nacional ha apostado todas sus cartas y el futuro de la educación, la igualdad y el desarrollo a la más inocua de las alternativas: aumentar cupos mediante la inversión privada en educación de dudosa calidad. El ejemplo de Brasil Lo ha hecho mirando hacia el Sur, hacia Brasil, cuya estrategia de expansión de la oferta en educación superior es la más citada en los documentos del gobierno. Vale la pena, entonces, averiguar hasta dónde el ejemplo del Brasil es tan bueno como el gobierno intenta hacernos creer. En efecto, la estrategia brasileña de crecimiento por la vía de la inversión privada y de la ampliación de las oportunidades de acceso ha tenido éxito: entre 1996 y 2007 la matrícula pasó de 1.868.529 a casi 5.000.000, los cupos pasaron de 610.355, en 1995, a 2.429.737, en 2005, y un 92 por ciento del total de 2.398 instituciones corresponde a pequeñas universidades dedicadas en forma exclusiva a la formación profesional [4] . Al mismo tiempo, el 34,4 por ciento de los alumnos de las universidades públicas pertenecen al 10 por ciento más rico de la población, mientras que este porcentaje crece a un 50 por ciento en las privadas. En el otro extremo, el 12 por ciento de los estudiantes de las públicas viene de los sectores más pobres, y sólo un 5 por ciento en las privadas[5] . ¿Qué indican estos datos? Que incluso suponiendo que la calidad fuera igual en todas las instituciones de educación superior, de no haber un cambio en el empleo y en la distribución del ingreso, sólo una muy pequeña proporción de los aspirantes de los sectores más pobres podría ir a la universidad y terminar sus estudios. Aún más: la población más rica, mejor educada y formada, se queda con más de la tercera parte de los cupos de las universidades públicas, sugiriendo que sólo los que han tenido buena educación primaria y secundaria pueden acceder a la educación brindada por las mejores universidades públicas. Pero la calidad, por supuesto, no es igual a lo largo de todo el sistema de educación superior brasilero, que por el contrario está en extremo estratificada, concentrándose en las universidades públicas y privadas de elite la mayor parte de los doctores, de los fondos de investigación y de la mejor docencia, mientras que facultades, centros de enseñanza e institutos privados con ánimo de lucro, imparten docencia profesional a los estudiantes de menores recursos y de formación académica más débil. En un mundo globalizado y competitivo en extremo, la formación profesional, sin fundamentos científicos y sin acceso a la cultura, conduce a empleos mal remunerados y sin perspectivas de disminuir la desigualdad. En últimas, la gran reforma educativa brasilera ni ha cambiado la desigualdad ni ha mejorado la calidad de la educación en su conjunto. Su efecto más visible es una profundización de la ya apreciable brecha que separa a los más ricos de los más pobres. Ha creado nuevas oportunidades de acceso a una educación que reproduce y amplía la desigualdad y cierra el camino hacia el desarrollo de las capacidades indispensables para competir y disfrutar en un mundo más complejo. Pero esto es sólo una verdad a medias. Desde el primer gobierno de Lula, Brasil está apostando por una estrategia distinta de desarrollo. El Estado brasilero está invirtiendo en alternativas educativas de alto costo, basadas en dar la mejor educación científica a los más pobres, integrándolos en procesos investigativos reales del más alto nivel. Con una inversión de 25 millones de dólares, y bajo la dirección del científico Miguel Nicolelis, ya se adelanta el plan para el desarrollo de la Educación (PDE) en la ciudad nordestina de Natal. Prevé la creación de 354 institutos para dar a niños y jóvenes de menores recursos una educación basada en la ciencia. La versión colombiana de lo que ocurre en Brasil está tejida con muchas verdades a medias, que se convierten en una mentira muy grande. Modelo de educación, modelo de desarrollo Tal como ocurrió en Brasil, la decisión de Colombia tiene que ver, por supuesto, con apuestas más profundas. Está relacionada con el modelo de desarrollo elegido por este gobierno y sus vínculos con la estrategia de su predecesor. El desarrollo especulativo basado en la minería y en los servicios, y la carga inercial del gasto militar, han conducido al país a una senda de desarrollo inferior, sin espacio ni para la innovación ni para la igualdad. Santos habría podido elegir una ruta distinta. Habría podido apostar por un gran salto educativo, una inversión de largo plazo en capital humano, restringiendo el presupuesto de guerra y controlando el riesgo de negocios inciertos y de alto costo ambiental -como es la minería. Eligió continuar por la vía inercial, con una novedad en materia educativa, que no por inocua deja de ser peligrosa. ¿Cuál es el peligro, entonces? La propuesta educativa del gobierno podría propiciar una falla sistémica del conjunto de la educación colombiana. No se trata ni de la destrucción ni del ahogo financiero de la universidad pública -que no dejará de sobrevivir, entre otras porque el gobierno las requiere para mostrar que todavía hay educación superior de cierta calidad en el país. La amenaza es más profunda y afecta no sólo a la educación superior, sino a la primaria y secundaria. Dada la muy pobre calidad de la educación primaria y secundaria colombianas -pública y privada-, la expansión de la educación superior por la vía de la baja calidad y de la inversión privada conducirá a ampliar y reforzar aún más la brecha que separa a los pobres de los ricos. Los que vienen de los peores colegios, públicos y privados, terminarán estudiando, con préstamos del gobierno, en instituciones de dudosa calidad, porque no podrán aspirar a las universidades privadas y públicas de calidad, ni por formación ni por ingresos. Si, como lo plantea la reforma, la mayor parte de los nuevos cupos provendrá de las nuevas instituciones con ánimo de lucro, no es difícil entrever el destino de las muchachas y muchachos que ingresen a esas instituciones. Educados desde la primaria para la inferioridad y la exclusión, reafirmarán su lugar en la sociedad con una educación superior que ni cambiará su perspectiva intelectual ni los acercará a un ingreso mejor. La interacción entre una educación básica de pésima calidad y una educación superior que crecerá por la vía del menor esfuerzo al costo más bajo, dará lugar a un círculo vicioso del aumento en el número de cupos, las diferencias crecientes entre la mejor educación y la peor, la mayor proporción de estudiantes en las peores instituciones, y una concentración cada vez más fuerte de los mejor formados y más capaces en unas pocas universidades de elite, públicas y privadas. El pecado original Ese círculo vicioso tiene su base en el desprecio por la educación primaria y secundaria que han tenido los gobiernos y que éste también tiene. Doscientos o trescientos mil cupos nuevos en la educación superior no resolverán el problema fundamental de un sistema que desde muy temprano mata las posibilidades de nuestros niños. La magnitud del esfuerzo por realizar en la educación básica es tan grande que puede resultar intimidante. El problema, sin embargo, radica en que este gobierno ni siquiera ha intentado enfrentar la situación y plantear a sus ciudadanos cuál sería el esfuerzo a realizar si estuviéramos de acuerdo en dar un salto educativo, a todos los niveles. Por supuesto, hay alternativas distintas de esta torpe privatización. Todas pasan por transformaciones globales en el sistema educativo. Todas suponen altísimas inversiones de parte del Estado, incluyendo la creación de nuevas universidades públicas, y la transformación de la enseñanza, de los modelos pedagógicos y de las exigencias para los profesores de educación básica. Todas, también, requerirían de un cambio en el modelo de desarrollo, y la adopción de una estrategia que apostara al salto educativo y a la inversión en capital humano, en la perspectiva de una sociedad más igualitaria. Y requieren, también, que las universidades públicas se transformen profundamente. Comenzando por dar el paso obligado del silencio a la reflexión y a la acción sobre su propio destino. No olvidemos que la arrogancia y la mediocridad de esta reforma están a la altura de la resignación y pobreza intelectual que nos ha dominado por varias décadas. * Escritor, profesor del departamento de Economía de la Universidad del Valle. Su último libro, escrito con María del Pilar Castillo y Boris Salazar, es ¿A dónde ir? Un análisis del desplazamiento forzado. Notas de pie de página [1] Y hasta de humor: anuncia que podría poner impuestos a los empresarios privados que inviertan en el sector educativo. Con tantos incentivos, no hay ninguna duda acerca de la magnitud de la inversión por llegar. [2] El Espectador.com, 24 de marzo de 2011 [3] ¿Qué es lo que lleva a estos ejemplares de la casta política colombiana a lanzarse a la aventura educativa? Que ellos, a diferencia de los empresarios y educadores que están interesados en la educación, no sólo buscan educar a miles de jóvenes y obtener unas ganancias en el proceso, sino convertir a esos jóvenes, a sus familias, y asociados en parte de sus rebaños electorales. [4] Dias Sobrinho y De Brito. 2008 [5] Dias Sobrinho y De Brito, Op. cit.