Domingo, 19 de Diciembre de 2010 21:03
TOMADO DE RAZON PUBLICA El proyecto de minería a cielo abierto en donde nacen los ríos que surten al principal acueducto de Santander pende de decisiones que cambiarían la historia de la región.
Audiencia incompleta
Saúl Ortiz Barrera y Óscar Darío Amaya fueron los hombres que pusieron en jaque la inversión de más de mil millones de dólares que la compañía canadiense Greystar Resources Ltd. proyecta en la mina de oro "Angusturas", en el municipio de California, en Santander.
Enclavada en la cordillera oriental de los Andes, allí sólo se llega por una carretera destapada, que comunica a Bucaramanga con la provincia de Soto Norte. El acceso es difícil, especialmente ahora que llueve. En este invierno la carretera ha estado cerrada la mayor parte del tiempo, y la última vez que ello ocurrió, el bloqueo se extendió por ocho días. Los derrumbes son frecuentes y la estrecha calzada no permite el tránsito simultáneo en ambos sentidos.
Precisamente por esa situación calamitosa el Tribunal Administrativo de Santander y el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, decidieron repetir la audiencia pública que exige la ley, para dar vía libre al proyecto minero.
La compañía canadiense esperó todo el año la licencia ambiental para comenzar a extraer de estas montañas frías y rocosas unas 11,5 millones de onzas de oro y 61 millones de onzas de plata, durante los siguientes 15 años. Es la cuarta parte del oro que anualmente exporta Colombia, un metal por el que los inversionistas extranjeros pagaron este año hasta 1.432 dólares la onza troy y del que, una vez en el mercado mundial, un 75 por ciento va a la fabricación de joyas[1].
Ortiz y Amaya, Veedor Ciudadano y Procurador Delegado para Asuntos Agrarios, respectivamente, lograron que se repita la audiencia que contará ahora con la participación de las organizaciones que creen que con esa decisión también está en juego el suministro de agua para los dos millones de habitantes que habitan la zona metropolitana de Bucaramanga.
Las aguas de la capital santandereana provienen del páramo de Santurbán, en cuyas faldas la Greystar pretende echar a andar su proyecto aurífero, ubicado en un complejo ecosistema de bosque alto andino y de lagunas, a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar.
La Justicia y el Gobierno Nacional les dieron la razón y en cerca de un mes se deberá repetir la audiencia con la comunidad. Esta vez en la capital departamental "de forma tal, que se ofrezcan el máximo de garantías"[2].
El primer tiempo
Para el ministerio, la ausencia de un número significativo de ciudadanos en la primera audiencia es "mérito suficiente para ordenar la celebración de una segunda Audiencia Pública Ambiental"[3].
El día de la impugnada audiencia, el domingo 21 de noviembre, la zona urbana del municipio de California estaba más llena que nunca. "Esto no se ve así ni en junio, cuando hay fiestas", dijo un lugareño, que llegó al casco urbano desde la vereda "Ramírez", a 40 minutos en un autobús contratado por Greystar.
En California viven 1.793 personas y en Vetas, el otro municipio donde estaría la infraestructura del proyecto "Angosturas", habitan otras 2.349[4], es decir 4.142 pobladores entre los dos, el 0,21 por ciento de los habitantes del departamento de Santander.
Unas 1.300 personas -incluidos 40 "robocops" del escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional, decenas de soldados del batallón Caldas y un piquete de agentes fuertemente armados del distrito de Policía de Santander- llegaron hasta allí para escuchar las dudas y las expectativas de la comunidad sobre el proyecto que, según Greystar, creará 1.500 empleos directos durante la construcción y 800 en los 15 años de operación.
Los concurrentes bien pudieron ser más, pero a tres kilómetros de la localidad de Matanzas, a dos horas de camino por la carretera hecha un barrial por el invierno, se quedaron 600 activistas, que desde las cuatro de la mañana habían partido de Bucaramanga.
Estudiantes, sindicalistas, profesores, líderes políticos, ambientalistas y científicos que se oponen al proyecto y habían exigido la audiencia, no pudieron llegar al sitio porque el río Suratá, inusualmente crecido en esos días, se llevó media calzada y los autobuses no lograron pasar. Durante más de dos horas bloquearon el paso de otros automotores y se quedaron, a un lado del camino, esperando que el ministerio anunciara la cancelación de la audiencia. Pero fue inútil. Mientras esperaban a la vera de la carretera y el hambre agitaban los ánimos de campesinos y comerciantes, que con sus cargas les reclamaban a los estudiantes y otros activistas que dejaran pasar. En el coliseo de California funcionarios del ministerio oían expresiones de apoyo a la multinacional canadiense y a su proyecto aurífero.
¿Audiencia manipulada?
En la primera audiencia se notó el entusiasmo de los asistentes, que aplaudían la intervención del alcalde de Vetas, Arley Esteban Arias, quien celebró que no estuvieran "los que recogen firmas en Bucaramanga, pero nunca han pisado este suelo".
Cuando el alcalde dijo "¡a aquellos que quieren acabar con la minería les decimos: que pase lo que pase, este ha sido nuestro pasado, es nuestro presente y será nuestro futuro!", la ovación fue cerrada, sobre todo entre las personas que habían conseguido puesto en el coliseo municipal. Muchas de ellas llevaban cintillas azules con el logotipo de la Greystar, o camisetas blancas y uniformes caqui, de la Ventana Gold Corp, otra de las empresas canadienses interesadas en explorar minas en la región, pese a que la Ley 1.382 de 2010 excluyó las zonas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, de la posibilidad de explotación minera.
La saliente directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Eugenia Ponce de León, afirmó en una entrevista con El Espectador[5], que los páramos "son ecosistemas únicos, frágiles, vulnerables", pero aceptó que no hay "la cartografía adecuada para que haya claridad sobre la delimitación de dónde empieza el páramo". A esa incertidumbre se apega Greystar.
En su momento la empresa canadiense también rechazó las acusaciones de voces como la del diputado a la Asamblea Departamental, Roberto Schmalbach, quien denunció la falta de garantías para los opositores en la audiencia. "Estamos en igualdad de condiciones; todos tenemos los mismos derechos", respondió Luis Guillermo Laserna, gerente de Asuntos Públicos de la Greystar. "El que quiso venir, aquí está; llegó hasta gente desde Cartagena y Lima (Perú)", acotó Blanca Frías, de la compañía Ventana Gold Corp.
Ese día Laserna explicó que el manejo ambiental de su proyecto garantiza "un efecto neto positivo" sobre el ecosistema, pese a que se removerán de un tajo millares de metros cúbicos de materiales de la montaña, se usará un 0,5 por ciento de los 9,6 litros por segundo que tiene el río que abastece el acueducto de Bucaramanga, y la extracción de oro implicará, necesariamente, el uso de cianuro. "Devolveremos 6 hectáreas por cada una que afectemos" prometió.
Y por lo visto, la mayoría de los habitantes de estas tierras le creen a la Greystar, como dice el eslogan de la compañía, colgado en las paredes y los postes de toda la región.
El concejal de Cambio Radical y ex alcalde de California, Javier Ignacio Peña Ortiz, confía en que la minería que se va a desarrollar en la zona cumpla con los estándares ambientales más estrictos.
Cifras como los 150 millones de dólares que dice haber invertido la empresa en 15 años de exploración, generan expectativas de todo tipo en un pueblo "donde ni los políticos vienen a pedir votos cuando hay elecciones" como lo denunciaron algunos pobladores en sus intervenciones de tres minutos ante el ministerio.
La lucha es también por el agua
En Bucaramanga, a 45 kilómetros de California, Angosturas está en boca de todos.
El proyecto lo comentan los taxistas, en las paredes del centro hay grafitis y los periódicos regionales, "Vanguardia Liberal" y "El Frente", le dedican titulares, editoriales y páginas de publicidad.
Entre la música de reguetón y vallenatos, en las emisoras se escuchan las cuñas pagadas por la compañía para informar de sus planes de responsabilidad social.
Pero la prevención es creciente. El 18 de noviembre, entre cinco mil y ocho mil bumangueses, dependiendo de la fuente, salieron a las calles a rechazar la megaminería en el páramo.
Fue la tercera marcha con la misma consigna: la defensa del agua de esta ciudad con casi un millón de habitantes, que en épocas de tiempo seco, tienen graves dificultades para satisfacer la demanda del vital líquido. Por eso ya está proyectado otro embalse, a unos 6 kilómetros de donde estaría la operación minera.
El movimiento en defensa del Páramo de Santurbán integra a sectores y entes que tradicionalmente no trabajan juntos. Además de grupos ambientalistas y de izquierda, el Acueducto de Bucaramanga, la seccional de la Federación Nacional de Comerciantes, la Sociedad de Ingenieros y la Sociedad de Mejoras Públicas, son decididos opositores del proyecto.
Minera multada, presión sobre medios
Otro de los contrapesos a ese tipo de minería es la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CMBD), que ya multó a la empresa por daños al ecosistema durante la exploración.
La entidad encontró que los sistemas de tratamiento de los drenajes de túneles y los lixiviados de las escombreras de la compañía, que sólo maneja este proyecto en todo el mundo, no cumple con lo dispuesto en la ley.
Además no tienen archivo ambiental, ni bitácora de la interventoría. Tampoco han culminado los sistemas sépticos en la mayoría de los sitios que ya lo requieren.
Esto intentó denunciarlo Claudio Beltrán Quesada, columnista de todos los viernes en el diario "El Frente", el medio más proclive al proyecto en la región, pero su columna le fue devuelta con una nota de la dirección que decía: "No puedo publicar su columna por no ser compatible con el pensamiento de la dirección del periódico. Espero entienda las razones".
Episodios como éste han alimentado las suspicacias sobre la campaña de la empresa minera a favor de su proyecto.
Luis Carlos Estupiñán, del Comité en Defensa del Agua y profesor de la Universidad Santo Tomás, lo explica con un dicho santandereano: "esto es pelea de guayaba con toche".
El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien citó un debate en el Congreso sobre el tema, describe la situación como "una gigantesca operación para cuadrar opinión pública y un proceso de cooptación mediante lisonjas. Sólo por eso se le debería negar la licencia ambiental".
Declarar la zona Parque Regional
Ellos y otros doscientos críticos del proyecto, entre biólogos, ingenieros, hidrólogos y autoridades ambientales, se reunieron al día siguiente de la audiencia en un hotel de Bucaramanga, decidieron impugnarla y pedir que la zona sea declarada Parque Regional, lo cual descartaría cualquier explotación minera, incluso la artesanal, que hoy les da sustento a cientos de familias en la región de Soto Norte. Lo primero ya lo lograron.
Lo segundo podría pasar en cualquier momento. En el vecino departamento de Norte de Santander se le cerró la puerta a la minería en la franja oriental del Páramo de Santurbán.
La Corporación Autónoma de Norte de Santander (Corponor) declaró este año cerca de 12 mil hectáreas de ese páramo como parque regional.
"El páramo no se puede cuidar solo. Hacen falta más de 70 mil hectáreas para que Santurbán esté protegido integralmente" afirmó Sergio Niño, ingeniero de Corponor, quien recomendó lo mismo a los defensores del Páramo en Santander.
El Ministerio de Minas se opone a que ésta sea la forma de dirimir el conflicto entre zonas mineras o de preservación. El viceministro Tomás González, en un reciente foro de la revista "Semana" y Avina, una organización sin animo de lucro, que contribuye a la búsqueda de modelos sostenibles de desarrollo humano en América Latina, calificó esa posibilidad como "un absurdo".
Cabe recordar que sobre los páramos colombianos hay actualmente 391 títulos mineros, que afectan 108.972 hectáreas y son nacimientos de la mayoría de las fuentes de agua del país.
La ministra de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, ha dicho que "tenemos el reto de impulsar el desarrollo de la economía minera de una manera sostenible" y agregó que "si hay que decir que no, se dice no con claridad, pero rápido; y si hay que decir que sí, igual".
El factor tiempo, que hace una semana corría a favor de la Gresytar, ahora parece ir en su contra.
Según la ley, después de la audiencia, el ministerio de asuntos medioambientales tiene 45 días para tomar una decisión. Ahora todo vuelve a comenzar y es improbable que la licencia salga antes de tres meses.
"Angosturas", según dijo Steve Kesler, presidente de Greystar al diario bogotano "La República"[6], esperaba comenzar a mediados de 2011. Hoy "el temor es que no vemos que las reglas en Colombia estén claras", confesó el alto cargo.
El sector minero, que en cuestión de 15 años pasó de representar un 24 por ciento a un 41,9 por ciento de las exportaciones colombianas y que en el primer semestre de 2010 atrajo inversiones por 4.781 millones de dólares, tiene los ojos puestos en el resultado de este proceso.
Unos dos millones de santandereanos también; para bien o para mal, esta decisión podría cambiar para siempre la historia del páramo, sus aguas, de departamento y su población.
* Periodista y estudiante de Maestría en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana.
Notas de pie de página
| El proyecto de minería a cielo abierto en donde nacen los ríos que surten al principal acueducto de Santander pende de decisiones que cambiarían la historia de la región. Audiencia incompleta Saúl Ortiz Barrera y Óscar Darío Amaya fueron los hombres que pusieron en jaque la inversión de más de mil millones de dólares que la compañía canadiense Greystar Resources Ltd. proyecta en la mina de oro "Angusturas", en el municipio de California, en Santander. Enclavada en la cordillera oriental de los Andes, allí sólo se llega por una carretera destapada, que comunica a Bucaramanga con la provincia de Soto Norte. El acceso es difícil, especialmente ahora que llueve. En este invierno la carretera ha estado cerrada la mayor parte del tiempo, y la última vez que ello ocurrió, el bloqueo se extendió por ocho días. Los derrumbes son frecuentes y la estrecha calzada no permite el tránsito simultáneo en ambos sentidos. Precisamente por esa situación calamitosa el Tribunal Administrativo de Santander y el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, decidieron repetir la audiencia pública que exige la ley, para dar vía libre al proyecto minero. La compañía canadiense esperó todo el año la licencia ambiental para comenzar a extraer de estas montañas frías y rocosas unas 11,5 millones de onzas de oro y 61 millones de onzas de plata, durante los siguientes 15 años. Es la cuarta parte del oro que anualmente exporta Colombia, un metal por el que los inversionistas extranjeros pagaron este año hasta 1.432 dólares la onza troy y del que, una vez en el mercado mundial, un 75 por ciento va a la fabricación de joyas[1]. Ortiz y Amaya, Veedor Ciudadano y Procurador Delegado para Asuntos Agrarios, respectivamente, lograron que se repita la audiencia que contará ahora con la participación de las organizaciones que creen que con esa decisión también está en juego el suministro de agua para los dos millones de habitantes que habitan la zona metropolitana de Bucaramanga. Las aguas de la capital santandereana provienen del páramo de Santurbán, en cuyas faldas la Greystar pretende echar a andar su proyecto aurífero, ubicado en un complejo ecosistema de bosque alto andino y de lagunas, a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. La Justicia y el Gobierno Nacional les dieron la razón y en cerca de un mes se deberá repetir la audiencia con la comunidad. Esta vez en la capital departamental "de forma tal, que se ofrezcan el máximo de garantías"[2]. El primer tiempo Para el ministerio, la ausencia de un número significativo de ciudadanos en la primera audiencia es "mérito suficiente para ordenar la celebración de una segunda Audiencia Pública Ambiental"[3]. El día de la impugnada audiencia, el domingo 21 de noviembre, la zona urbana del municipio de California estaba más llena que nunca. "Esto no se ve así ni en junio, cuando hay fiestas", dijo un lugareño, que llegó al casco urbano desde la vereda "Ramírez", a 40 minutos en un autobús contratado por Greystar. En California viven 1.793 personas y en Vetas, el otro municipio donde estaría la infraestructura del proyecto "Angosturas", habitan otras 2.349[4], es decir 4.142 pobladores entre los dos, el 0,21 por ciento de los habitantes del departamento de Santander. Unas 1.300 personas -incluidos 40 "robocops" del escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional, decenas de soldados del batallón Caldas y un piquete de agentes fuertemente armados del distrito de Policía de Santander- llegaron hasta allí para escuchar las dudas y las expectativas de la comunidad sobre el proyecto que, según Greystar, creará 1.500 empleos directos durante la construcción y 800 en los 15 años de operación. Los concurrentes bien pudieron ser más, pero a tres kilómetros de la localidad de Matanzas, a dos horas de camino por la carretera hecha un barrial por el invierno, se quedaron 600 activistas, que desde las cuatro de la mañana habían partido de Bucaramanga. Estudiantes, sindicalistas, profesores, líderes políticos, ambientalistas y científicos que se oponen al proyecto y habían exigido la audiencia, no pudieron llegar al sitio porque el río Suratá, inusualmente crecido en esos días, se llevó media calzada y los autobuses no lograron pasar. Durante más de dos horas bloquearon el paso de otros automotores y se quedaron, a un lado del camino, esperando que el ministerio anunciara la cancelación de la audiencia. Pero fue inútil. Mientras esperaban a la vera de la carretera y el hambre agitaban los ánimos de campesinos y comerciantes, que con sus cargas les reclamaban a los estudiantes y otros activistas que dejaran pasar. En el coliseo de California funcionarios del ministerio oían expresiones de apoyo a la multinacional canadiense y a su proyecto aurífero.  ¿Audiencia manipulada? En la primera audiencia se notó el entusiasmo de los asistentes, que aplaudían la intervención del alcalde de Vetas, Arley Esteban Arias, quien celebró que no estuvieran "los que recogen firmas en Bucaramanga, pero nunca han pisado este suelo". Cuando el alcalde dijo "¡a aquellos que quieren acabar con la minería les decimos: que pase lo que pase, este ha sido nuestro pasado, es nuestro presente y será nuestro futuro!", la ovación fue cerrada, sobre todo entre las personas que habían conseguido puesto en el coliseo municipal. Muchas de ellas llevaban cintillas azules con el logotipo de la Greystar, o camisetas blancas y uniformes caqui, de la Ventana Gold Corp, otra de las empresas canadienses interesadas en explorar minas en la región, pese a que la Ley 1.382 de 2010 excluyó las zonas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, de la posibilidad de explotación minera. La saliente directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Eugenia Ponce de León, afirmó en una entrevista con El Espectador[5], que los páramos "son ecosistemas únicos, frágiles, vulnerables", pero aceptó que no hay "la cartografía adecuada para que haya claridad sobre la delimitación de dónde empieza el páramo". A esa incertidumbre se apega Greystar. En su momento la empresa canadiense también rechazó las acusaciones de voces como la del diputado a la Asamblea Departamental, Roberto Schmalbach, quien denunció la falta de garantías para los opositores en la audiencia. "Estamos en igualdad de condiciones; todos tenemos los mismos derechos", respondió Luis Guillermo Laserna, gerente de Asuntos Públicos de la Greystar. "El que quiso venir, aquí está; llegó hasta gente desde Cartagena y Lima (Perú)", acotó Blanca Frías, de la compañía Ventana Gold Corp. Ese día Laserna explicó que el manejo ambiental de su proyecto garantiza "un efecto neto positivo" sobre el ecosistema, pese a que se removerán de un tajo millares de metros cúbicos de materiales de la montaña, se usará un 0,5 por ciento de los 9,6 litros por segundo que tiene el río que abastece el acueducto de Bucaramanga, y la extracción de oro implicará, necesariamente, el uso de cianuro. "Devolveremos 6 hectáreas por cada una que afectemos" prometió. Y por lo visto, la mayoría de los habitantes de estas tierras le creen a la Greystar, como dice el eslogan de la compañía, colgado en las paredes y los postes de toda la región.  Muchos californianos y vetenses están complacidos porque por estas tierras, antes desvalorizadas, ahora ofrecen cifras tentadoras; otros destacan las oportunidades de empleo y capacitación en joyería o la inversión social por 3 mil millones de pesos que ha hecho la compañía, especialmente en los últimos años. El concejal de Cambio Radical y ex alcalde de California, Javier Ignacio Peña Ortiz, confía en que la minería que se va a desarrollar en la zona cumpla con los estándares ambientales más estrictos. Cifras como los 150 millones de dólares que dice haber invertido la empresa en 15 años de exploración, generan expectativas de todo tipo en un pueblo "donde ni los políticos vienen a pedir votos cuando hay elecciones" como lo denunciaron algunos pobladores en sus intervenciones de tres minutos ante el ministerio. La lucha es también por el agua En Bucaramanga, a 45 kilómetros de California, Angosturas está en boca de todos. El proyecto lo comentan los taxistas, en las paredes del centro hay grafitis y los periódicos regionales, "Vanguardia Liberal" y "El Frente", le dedican titulares, editoriales y páginas de publicidad. Entre la música de reguetón y vallenatos, en las emisoras se escuchan las cuñas pagadas por la compañía para informar de sus planes de responsabilidad social. Pero la prevención es creciente. El 18 de noviembre, entre cinco mil y ocho mil bumangueses, dependiendo de la fuente, salieron a las calles a rechazar la megaminería en el páramo. Fue la tercera marcha con la misma consigna: la defensa del agua de esta ciudad con casi un millón de habitantes, que en épocas de tiempo seco, tienen graves dificultades para satisfacer la demanda del vital líquido. Por eso ya está proyectado otro embalse, a unos 6 kilómetros de donde estaría la operación minera. El movimiento en defensa del Páramo de Santurbán integra a sectores y entes que tradicionalmente no trabajan juntos. Además de grupos ambientalistas y de izquierda, el Acueducto de Bucaramanga, la seccional de la Federación Nacional de Comerciantes, la Sociedad de Ingenieros y la Sociedad de Mejoras Públicas, son decididos opositores del proyecto. Minera multada, presión sobre medios Otro de los contrapesos a ese tipo de minería es la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CMBD), que ya multó a la empresa por daños al ecosistema durante la exploración. La entidad encontró que los sistemas de tratamiento de los drenajes de túneles y los lixiviados de las escombreras de la compañía, que sólo maneja este proyecto en todo el mundo, no cumple con lo dispuesto en la ley. Además no tienen archivo ambiental, ni bitácora de la interventoría. Tampoco han culminado los sistemas sépticos en la mayoría de los sitios que ya lo requieren. Esto intentó denunciarlo Claudio Beltrán Quesada, columnista de todos los viernes en el diario "El Frente", el medio más proclive al proyecto en la región, pero su columna le fue devuelta con una nota de la dirección que decía: "No puedo publicar su columna por no ser compatible con el pensamiento de la dirección del periódico. Espero entienda las razones". Episodios como éste han alimentado las suspicacias sobre la campaña de la empresa minera a favor de su proyecto. Luis Carlos Estupiñán, del Comité en Defensa del Agua y profesor de la Universidad Santo Tomás, lo explica con un dicho santandereano: "esto es pelea de guayaba con toche". El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien citó un debate en el Congreso sobre el tema, describe la situación como "una gigantesca operación para cuadrar opinión pública y un proceso de cooptación mediante lisonjas. Sólo por eso se le debería negar la licencia ambiental". Declarar la zona Parque Regional Ellos y otros doscientos críticos del proyecto, entre biólogos, ingenieros, hidrólogos y autoridades ambientales, se reunieron al día siguiente de la audiencia en un hotel de Bucaramanga, decidieron impugnarla y pedir que la zona sea declarada Parque Regional, lo cual descartaría cualquier explotación minera, incluso la artesanal, que hoy les da sustento a cientos de familias en la región de Soto Norte. Lo primero ya lo lograron. Lo segundo podría pasar en cualquier momento. En el vecino departamento de Norte de Santander se le cerró la puerta a la minería en la franja oriental del Páramo de Santurbán. La Corporación Autónoma de Norte de Santander (Corponor) declaró este año cerca de 12 mil hectáreas de ese páramo como parque regional. "El páramo no se puede cuidar solo. Hacen falta más de 70 mil hectáreas para que Santurbán esté protegido integralmente" afirmó Sergio Niño, ingeniero de Corponor, quien recomendó lo mismo a los defensores del Páramo en Santander. El Ministerio de Minas se opone a que ésta sea la forma de dirimir el conflicto entre zonas mineras o de preservación. El viceministro Tomás González, en un reciente foro de la revista "Semana" y Avina, una organización sin animo de lucro, que contribuye a la búsqueda de modelos sostenibles de desarrollo humano en América Latina, calificó esa posibilidad como "un absurdo". Cabe recordar que sobre los páramos colombianos hay actualmente 391 títulos mineros, que afectan 108.972 hectáreas y son nacimientos de la mayoría de las fuentes de agua del país. La ministra de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, ha dicho que "tenemos el reto de impulsar el desarrollo de la economía minera de una manera sostenible" y agregó que "si hay que decir que no, se dice no con claridad, pero rápido; y si hay que decir que sí, igual". El factor tiempo, que hace una semana corría a favor de la Gresytar, ahora parece ir en su contra. Según la ley, después de la audiencia, el ministerio de asuntos medioambientales tiene 45 días para tomar una decisión. Ahora todo vuelve a comenzar y es improbable que la licencia salga antes de tres meses. "Angosturas", según dijo Steve Kesler, presidente de Greystar al diario bogotano "La República"[6], esperaba comenzar a mediados de 2011. Hoy "el temor es que no vemos que las reglas en Colombia estén claras", confesó el alto cargo. El sector minero, que en cuestión de 15 años pasó de representar un 24 por ciento a un 41,9 por ciento de las exportaciones colombianas y que en el primer semestre de 2010 atrajo inversiones por 4.781 millones de dólares, tiene los ojos puestos en el resultado de este proceso. Unos dos millones de santandereanos también; para bien o para mal, esta decisión podría cambiar para siempre la historia del páramo, sus aguas, de departamento y su población. * Periodista y estudiante de Maestría en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Notas de pie de página [1] No Dirty Gold: Consumer education and action for minning reform. Washington D.C. Eathworks 2005. Páginas 305 y 306. http://www.nodirtygold.org/home.cfm [2] Expediente 2010-0877-00 del Tribunal Administrativo de Santander [3] Auto No. 4251 del 3 de diciembre de 2010, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. [4] DANE. Censo 2005 [5] "Ahora el debate es por la delimitación de los páramos". 9 de diciembre de 2010. http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-239596-ahora-el-debate-delimitacion-de-los-paramos [6] "No vemos reglas claras para otorgar la licencia al proyecto de Angostura". 9 de diciembre de 2010. http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2010-12-09/no-vemos-reglas-claras-para-otorgar-la-licencia-al-proyecto-de-angostura_117067.php |
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