| POLITICA Y GOBIERNO | |
| Lunes, 28 de Marzo de 2011 00:14 | |
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miércoles, 30 de marzo de 2011
El proyecto de reforma educativa: faltó audacia
Minería en los páramos: el agua vale más que el oro
| ECONOMIA Y SOCIEDAD - EN RAZON PUBLICA.COM | |
| Lunes, 28 de Marzo de 2011 00:11 | |
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Miradas en conflicto
El proyecto de megaminería de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán se ha convertido en el símbolo del conflicto entre dos miradas sobre la naturaleza: - Como conjunto de ecosistemas fundamentales para la supervivencia de los seres vivos, o
- Como proveedora de recursos para el desarrollo de la civilización, donde las montañas son yacimientos mineros que como tales pueden ser desaparecidas y contaminadas
Este conflicto tiene profundas implicaciones éticas, filosóficas, políticas y económicas. Por eso es el tema que moviliza a la ciudadanía y definirá las agendas políticas en el siglo que comienza.
La minería en páramos es ilegal
Los páramos, subpáramos y zonas de recarga de acuíferos fueron definidos como objetos de protección especial en la parte declarativa de la Ley 99 de 1993, donde se establece que el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso de los recursos hídricos, que el paisaje deberá ser protegido por ser patrimonio común, que la prevención de desastres será materia de interés colectivo y que las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. Cada una de estas materias tiene relación con la minería en general.
La sentencia del Consejo de Estado C-339 de 2002 establece que las zonas donde la minería debe ser prohibida no se limitan a los parques naturales, sino que existen otros ecosistemas que también tienen protección constitucional, a continuación de lo cual enumera una larga lista de biomas encabezada por los páramos y que incluye selvas amazónicas, bosques secos y bosques aluviales, entre otros.
La sentencia también establece la inconstitucionalidad parcial del artículo 36 del Código de Minas, porque "desconoce las leyes vigentes que protegen zonas distintas de los parques (...) y, cierra la posibilidad de que le sean oponibles leyes posteriores que establezcan nuevas zonas de exclusión o restricción de la actividad minera, por razones ambientales y de protección de la biodiversidad" (subrayado mío).
Diversas sentencias han reiterado la prevalencia del derecho colectivo al ambiente sano, frente a derechos de carácter particular y concreto como el derecho al trabajo, la libre empresa, la iniciativa privada y a los denominados derechos adquiridos [1].
Los páramos sí están delimitados
Se dice que, aunque la ley ordena proteger los páramos, estos no han sido delimitados con suficiente claridad y por lo tanto pueden existir dudas sobre la legalidad de una solicitud determinada.
Pues bien. El Atlas del Instituto Alexander Von Humboldt constituyó la base científica y técnica para modificar el Código de Minas. Colombia posee la mitad del área de páramos del planeta, y estos suman cerca del 2 por ciento de la superficie continental del país.
Alrededor de la mitad de los páramos ya se encuentra jurídicamente protegida de la minería y de otras actividades productivas por ubicarse dentro del sistema de Parques Naturales Nacionales. Los páramos que dan agua a cerca del 70 por ciento de la población colombiana ubicada en las zonas andina y de los valles interandinos, son también indispensables para la generación hidroeléctrica en Colombia.
Para 2007, el Instituto Humboldt [2] había delimitado los páramos en coordinación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). La delimitación se encuentra en escala 1:250.000 [3] y fue la base de discusión entre los ministerios de Ambiente y de Minas, dada la intención del MAVDT de incluir también en la norma minera la necesidad de proteger páramos y otras áreas de interés ecosistémico.
Sin esta base formal de delimitación de páramos no se habría podido demostrar el conflicto minero-ambiental: el cruce del Catastro Minero a octubre de 2008 con el Atlas de Páramos revelaba que, a esa fecha, el 9,5 por ciento de los páramos ubicados por fuera del Sistema de Parques se encontraba titulado y el 46,8 había sido objeto de solicitudes de títulos mineros.
El país tiene ya la redelimitación de sus ecosistemas de páramos, - y si bien es necesario precisar los bordes con levantamientos a escalas más detalladas para el ordenamiento territorial de los municipios - lo cierto es que ya se pueden tomar decisiones sobre licencias ambientales sobre la base del Atlas y de los principios de precaución y de rigor subsidiario [4].
Un proyecto emblemático
El proyecto Angosturas de Greystar es la mejor muestra de megaminería en alta montaña en Colombia y por ello nos permite conocer en detalle las implicaciones de este tipo de actividad. Se ha convertido en el referente técnico fundamental para el análisis de proyectos similares como La Colosa o Marmato, aunque es evidente que existen particularidades en cuanto al tipo de yacimiento y al ecosistema donde se pretenden desarrollar.
Angosturas se planteó como un proceso de extracción de oro a cielo abierto con una fosa cuya profundidad máxima es de 400 metros, una longitud de 2 kilómetros y un ancho de 1,2 kilómetros. El material extraído y que no tiene interés minero es dispuesto directamente en escombreras y la roca mineralizada es molida y apilada para ser lixiviada con cianuro [5].
Las rocas en la zona contienen oro diseminado en bajas concentraciones (0,76 partes por millón), asociado con sulfuros, los cuales sufren transformaciones físico-químicas una vez se exponen a las condiciones ambientales de superficie, produciendo acidificación y contaminación de las aguas, dañando de manera irreversible los ecosistemas acuáticos y deteriorando el agua como fuente de consumo humano. Todos los proyectos de megaminería de metálicos son similares en este aspecto.
En el caso del yacimiento de Santurbán existe además arsénico, un elemento altamente tóxico y que puede ser disuelto en aguas superficiales y en aguas subterráneas. Para sustentar la preocupación por el arsénico, me remito a la Descripción del Proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la propia Greystar: hay 65 veces más arsénico que oro en el material a lixiviar y la cantidad es 35 veces mayor en las colas [6].
Aun más preocupante es el hecho de que en los residuos líquidos, la concentración de arsénico en todas las muestras analizadas se encuentra por fuera de la norma que rige en Estados Unidos (máximo 5 partes por billón) y por fuera de la laxa norma colombiana para consumo humano (500 partes por billón), según se ve en el cuadro siguiente:
Diversas sentencias han reiterado la prevalencia del derecho colectivo al ambiente sano, frente a derechos de carácter particular y concreto como el derecho al trabajo, la libre empresa, la iniciativa privada y a los denominados derechos adquiridos [1].
Los páramos sí están delimitados
Se dice que, aunque la ley ordena proteger los páramos, estos no han sido delimitados con suficiente claridad y por lo tanto pueden existir dudas sobre la legalidad de una solicitud determinada.
Pues bien. El Atlas del Instituto Alexander Von Humboldt constituyó la base científica y técnica para modificar el Código de Minas. Colombia posee la mitad del área de páramos del planeta, y estos suman cerca del 2 por ciento de la superficie continental del país.
Alrededor de la mitad de los páramos ya se encuentra jurídicamente protegida de la minería y de otras actividades productivas por ubicarse dentro del sistema de Parques Naturales Nacionales. Los páramos que dan agua a cerca del 70 por ciento de la población colombiana ubicada en las zonas andina y de los valles interandinos, son también indispensables para la generación hidroeléctrica en Colombia.
Para 2007, el Instituto Humboldt [2] había delimitado los páramos en coordinación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). La delimitación se encuentra en escala 1:250.000 [3] y fue la base de discusión entre los ministerios de Ambiente y de Minas, dada la intención del MAVDT de incluir también en la norma minera la necesidad de proteger páramos y otras áreas de interés ecosistémico.
Sin esta base formal de delimitación de páramos no se habría podido demostrar el conflicto minero-ambiental: el cruce del Catastro Minero a octubre de 2008 con el Atlas de Páramos revelaba que, a esa fecha, el 9,5 por ciento de los páramos ubicados por fuera del Sistema de Parques se encontraba titulado y el 46,8 había sido objeto de solicitudes de títulos mineros.
El país tiene ya la redelimitación de sus ecosistemas de páramos, - y si bien es necesario precisar los bordes con levantamientos a escalas más detalladas para el ordenamiento territorial de los municipios - lo cierto es que ya se pueden tomar decisiones sobre licencias ambientales sobre la base del Atlas y de los principios de precaución y de rigor subsidiario [4].
Un proyecto emblemático
El proyecto Angosturas de Greystar es la mejor muestra de megaminería en alta montaña en Colombia y por ello nos permite conocer en detalle las implicaciones de este tipo de actividad. Se ha convertido en el referente técnico fundamental para el análisis de proyectos similares como La Colosa o Marmato, aunque es evidente que existen particularidades en cuanto al tipo de yacimiento y al ecosistema donde se pretenden desarrollar.
Angosturas se planteó como un proceso de extracción de oro a cielo abierto con una fosa cuya profundidad máxima es de 400 metros, una longitud de 2 kilómetros y un ancho de 1,2 kilómetros. El material extraído y que no tiene interés minero es dispuesto directamente en escombreras y la roca mineralizada es molida y apilada para ser lixiviada con cianuro [5].
Las rocas en la zona contienen oro diseminado en bajas concentraciones (0,76 partes por millón), asociado con sulfuros, los cuales sufren transformaciones físico-químicas una vez se exponen a las condiciones ambientales de superficie, produciendo acidificación y contaminación de las aguas, dañando de manera irreversible los ecosistemas acuáticos y deteriorando el agua como fuente de consumo humano. Todos los proyectos de megaminería de metálicos son similares en este aspecto.
En el caso del yacimiento de Santurbán existe además arsénico, un elemento altamente tóxico y que puede ser disuelto en aguas superficiales y en aguas subterráneas. Para sustentar la preocupación por el arsénico, me remito a la Descripción del Proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la propia Greystar: hay 65 veces más arsénico que oro en el material a lixiviar y la cantidad es 35 veces mayor en las colas [6].
Aun más preocupante es el hecho de que en los residuos líquidos, la concentración de arsénico en todas las muestras analizadas se encuentra por fuera de la norma que rige en Estados Unidos (máximo 5 partes por billón) y por fuera de la laxa norma colombiana para consumo humano (500 partes por billón), según se ve en el cuadro siguiente:
Fuente: Resultados de Caracterización de Residuos Líquidos del Proceso (Tabla Anexa 2‑16 del EIA Greystar 2009)
Actualmente la totalidad de las aguas superficiales que alimentan la cuenca del río Suratá presentan calidad de excelente a buena, pero este hecho cambiará radicalmente con la contaminación que producirán los proyectos mineros, no solamente por la liberación de gran cantidad de elementos contaminantes como el arsénico, sino por la generación de aguas ácidas [7].
Para avanzar esta afirmación también me baso en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Greystar, donde se anota que ya durante la fase de exploración, hubo un efecto negativo sobre el agua en las excavaciones subterráneas: "Los valores de pH medidos (en los túneles de exploración minera Perezosa y Veta de Barro) caracterizan estas aguas como ácidas con valores entre 3,16 y 5,39 que se encuentran por fuera de los rangos establecidos en el decreto para consumo humano y doméstico y para fines recreativos..."
Lo anterior demuestra que la exposición de gran cantidad de roca a las condiciones ambientales inherente a la megaminería (330 millones de toneladas de mineral y 745 millones de toneladas de material "estéril" en el caso Angosturas), el pH puede bajar a valores entre 2 y 3, tal como ya sucede en Marmato (Caldas) [8].
Otro factor contaminante del aire, el agua, el suelo y el subsuelo es el volumen de ACPM que requiere el proyecto de Santurbán: 63 millones de litros por año (correspondiente a 140 tractomulas de combustible al mes).
Para avanzar esta afirmación también me baso en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Greystar, donde se anota que ya durante la fase de exploración, hubo un efecto negativo sobre el agua en las excavaciones subterráneas: "Los valores de pH medidos (en los túneles de exploración minera Perezosa y Veta de Barro) caracterizan estas aguas como ácidas con valores entre 3,16 y 5,39 que se encuentran por fuera de los rangos establecidos en el decreto para consumo humano y doméstico y para fines recreativos..."
Lo anterior demuestra que la exposición de gran cantidad de roca a las condiciones ambientales inherente a la megaminería (330 millones de toneladas de mineral y 745 millones de toneladas de material "estéril" en el caso Angosturas), el pH puede bajar a valores entre 2 y 3, tal como ya sucede en Marmato (Caldas) [8].
Otro factor contaminante del aire, el agua, el suelo y el subsuelo es el volumen de ACPM que requiere el proyecto de Santurbán: 63 millones de litros por año (correspondiente a 140 tractomulas de combustible al mes).
Estos factores no son exclusivos del proyecto Angosturas; son constantes por el tipo de roca que contiene el oro y por la tecnología necesaria para su explotación a gran escala. Por tanto el mismo riesgo es compartido por todos los títulos mineros ubicados dentro y fuera del páramo de Santurbán. De ahí la necesidad de impedir el desarrollo de dichos proyectos, si se encuentran ubicados aguas arriba de cualquier captación del líquido para consumo humano.
No es posible que el enriquecimiento de unos pocos ponga en peligro el agua que consumen muchos, no solamente en Bucaramanga, sino en cualquier acueducto veredal. Estas observaciones cobran mayor relevancia al conocerse el interés de otros grandes actores mineros en alta montaña.
Captaciones de agua del sistema de acueducto de Bucaramanga con respecto al proyecto Angosturas y a los títulos mineros vigentes a diciembre de 2010. Si se diera licencia al proyecto Angosturas, todo el sistema se pondría en riesgo, pues los títulos vigentes abarcan casi la totalidad de las cuencas hidrográficas abastecedoras. Por otra parte, son también una amenaza los proyectos de minería a cielo abierto ubicados por fuera del páramo, pero aguas arriba de captaciones. |
Las necesarias conclusiones
- La amenaza sobre el agua no se limita a los proyectos ubicados dentro del páramo: los proyectos ubicados ladera abajo que implican el uso de cianuro, de las escombreras, de fosas y tajos de extracción, en todos los casos producirán aguas ácidas y liberarán arsénico aguas arriba de captaciones para consumo humano.
- Son previsibles graves daños ambientales, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la pérdida de biodiversidad y la generación de riesgos de avenidas torrenciales que incluirían elementos contaminantes.
- Las demandas en acciones populares podrían superar las que interpondrían las empresas mineras. Vale la pena aclarar que el derecho a explotar únicamente se constituye mediante la licencia ambiental y que en este ámbito no existen los denominados "derechos adquiridos".
- El Ingeominas y las gobernaciones mineras delegadas como autoridad minera por el Minminas deben declarar la caducidad de la totalidad de títulos mineros ubicados en las nuevas zonas de exclusión definidas por la Ley 1382, que al 9 de febrero pasado no contaran con licencia ambiental, para lo cual es necesario que las autoridades ambientales organicen y remitan la información pertinente.
- Si bien los mineros no pueden desplazar los yacimientos, los ambientalistas tampoco podemos trasladar ecosistemas que existen per se como los páramos y los humedales. Tampoco es posible hacer compatibles actividades altamente destructivas, como la minera, con ecosistemas frágiles y en este contexto, los colombianos tendremos que pronunciarnos claramente.
- El impacto sobre el agua no se puede estimar únicamente en función de comparar el consumo de agua del proyecto, con el de la ciudad de Bucaramanga. Es necesario evaluar también la contaminación del agua que no se consume, pues el problema no es solo de cantidad sino de calidad.
- La discusión en un futuro próximo no debe limitarse a los páramos, sino que deberán considerarse otras áreas como la alta montaña, las cuencas abastecedoras de agua para consumo humano o riego, los territorios indígenas y de negritudes, los cascos urbanos, las playas, las zonas de interés arqueológico, histórico o cultural y las zonas campesinas [9].
- En cumplimiento de lo establecido constitucionalmente, debe aplicarse el principio de precaución acotado para la minería por la sentencia C-339 de 2002 [10].
Julio Fierro Morales * Geólogo MSc Geotecnia. Consultor e investigador independiente. Director del Grupo de Investigación Terrae. Fue asesor del MAVDT en políticas ambientales para minería y participó en la modificación del Código de Minas.
El autor agradece la colaboración de la geóloga Diana Lozano Zafra y la ingeniera Milena Ordóñez Potes, del Grupo de Investigación Terrae.
Notas de pie de página
[1] Consejo de Estado, Sección Primera en Sentencia del 12 de agosto de 1999, Sentencia C-293 de 2002 de la Corte Constitucional, entre otras.
[2] Adscrito al MAVDT.
[3] Cada centímetro en el mapa representa 2,5 km.
[4] Existen normas nacionales, pero localmente se tiene la autonomía para elevar (nunca bajar) los estándares de manejo ambiental a un grado mayor de restricción.
[5] Proceso químico que separa el oro de la roca.
[6] Residuos del proceso que serán dispuestos en la escombrera.
[7] Los pH de las aguas de los túneles de La Perezosa y Veta de Barro las hacen ya inutilizables para usos como consumo humano y recreación.
[8] De acuerdo con mediciones hechas por el químico Sergio Gaviria, profesor del Dpto. de Geociencas de la Universidad Nacional de Colombia.
[9] Minería en Colombia, ¿estilo 007?, Zonas mineras indígenas y afrocolombianas ¿Reconocimiento de un derecho o legitimación de una injusticia histórica?
[10] San Turbán: en vos confiamos
[1] Consejo de Estado, Sección Primera en Sentencia del 12 de agosto de 1999, Sentencia C-293 de 2002 de la Corte Constitucional, entre otras.
[2] Adscrito al MAVDT.
[3] Cada centímetro en el mapa representa 2,5 km.
[4] Existen normas nacionales, pero localmente se tiene la autonomía para elevar (nunca bajar) los estándares de manejo ambiental a un grado mayor de restricción.
[5] Proceso químico que separa el oro de la roca.
[6] Residuos del proceso que serán dispuestos en la escombrera.
[7] Los pH de las aguas de los túneles de La Perezosa y Veta de Barro las hacen ya inutilizables para usos como consumo humano y recreación.
[8] De acuerdo con mediciones hechas por el químico Sergio Gaviria, profesor del Dpto. de Geociencas de la Universidad Nacional de Colombia.
[9] Minería en Colombia, ¿estilo 007?, Zonas mineras indígenas y afrocolombianas ¿Reconocimiento de un derecho o legitimación de una injusticia histórica?
[10] San Turbán: en vos confiamos
viernes, 18 de marzo de 2011
Corrupción: qué es, qué no es y cómo prevenirla
Lunes, 14 de Marzo de 2011
(Publicado en RAZONPUBLICA.COM)
Por Antonio Hernández Gamarra.
Para salir de los discursos y buscar soluciones concretas, hay que acabar la confusión entre prácticas políticas turbias, conductas delictivas originadas por el narcotráfico y corrupción propiamente dicha, además de distinguir los varios tipos de corrupción. Y hecha esta claridad, hay que hacer una reforma precisa para que la política no siga siendo simplemente otra empresa con ánimo de lucro.
El peligro de las confusiones
Por estos días se ha visto crecer, de manera notable, el uso de la palabra corrupción. No quiere ello decir que los fenómenos que se designan con el vocablo sean nuevos, y ni siquiera que sean crecientes. Es sólo que ahora comunicadores y columnistas han dado en llamar "corrupción" a prácticamente cualquier conducta delictiva.
Bajo tan genérica denominación se incluyen prácticas muy disímiles, en su origen y motivación. De esa manera todo es corrupción y se empieza a correr el riesgo de que nada termine siéndolo; y, algo peor, que esa confusión contribuya a laxitudes en el combate contra el delito.
Sin duda, muchas de las conductas delictivas que por estos días se denominan corrupción son manifestaciones claras de las múltiples carencias que tiene Colombia como sociedad. Sin embargo, es fundamental distinguir entre motivación y origen de tales conductas, si en verdad se quieren superar esas carencias.
Fue la política, no la corrupción
Pueden considerarse medios para mantener el poder, en el ejecutivo o en el legislativo, el cohecho para hacer aprobar reformas constitucionales o legales; las injustificadas exenciones tributarias; las dádivas presupuestales a los más pudientes; los recursos asignados a Familias en Acción y las manipulaciones alrededor de ese programa; y el apoyo electoral del paramilitarismo a sus aliados, para solo poner unos ejemplos.
Podrían tipificarse como conductas cuyo fin oculto fue darle lustre al gobierno con miras a perpetuarse en el poder, el asesinato de civiles a quienes se hizo aparecer como miembros de los grupos alzados en armas, o las falsas desmovilizaciones de falsos guerrilleros o paramilitares, o las interceptaciones de las comunicaciones de quienes, en su momento, se sospechó eran enemigos del gobierno. Todas esas conductas delictivas son repudiables y los autores de esos delitos deberán pagar la respectiva pena.
Sin embargo, ellas no tuvieron como motivación principal apoderarse del patrimonio público y para su extirpación del cuerpo social no se requiere cosa distinta de la desvinculación de la vida pública de sus protagonistas. Finalidad para la cual lo más importante es que la sociedad haya aprendido la lección y no esté dispuesta a tolerar en el futuro esos oprobios.
En efecto, pocas reformas se necesitan para lograrlo y de allí que el gobierno del Presidente Santos haya contado en sus inicios con una opinión tan altamente favorable, con sólo reafirmar el respeto por la separación de los poderes, al no considerar las opiniones contrarias al gobierno como delictuosas, y al recurrir a las vías diplomáticas para resolver las disputas con nuestros vecinos.
Lo único necesario para enderezar el rumbo de esas conductas delictivas es dignificar la política al entenderla como la forma de plantear y resolver los problemas públicos, y no como medio para inflar egos que conducen a visiones únicas sobre el mejor curso para la sociedad y sobre los medios más eficaces para resolver los conflictos que en ella se presentan.
Es narcotráfico, no corrupción [1]
Muchas de las manifestaciones cotidianas de la violencia en Colombia están asociadas con el tráfico de estupefacientes. Es ese fenómeno el que origina los sobornos a jueces y a miembros de otras ramas del poder público, su intimidación, los asesinatos de todo aquél que se considere como enemigo y otros delitos, cuya finalidad es poder actuar con total libertad en el manejo del negocio del narcotráfico.
En infinidad de casos esas conductas no atentan directamente contra el patrimonio público, porque apoderarse del mismo no es el objetivo en juego. Esos comportamientos antisociales se presentan con el fin de apropiarse de la renta que producen la venta y el consumo de los estupefacientes.
La lucha de la sociedad para hacer frente a esas conductas debería encaminarse a la búsqueda de soluciones eficaces contra el tráfico de drogas. Lo que empieza por alejarnos de la discusión bipolar, según la cual sólo es posible la superación de los males que trae consigo el fenómeno bien mediante la legalización del consumo o bien mediante su prohibición absoluta.
Búsqueda que pasa por medir apropiadamente los costos de ese combate en lo fiscal, lo ambiental, lo económico, lo institucional y lo político; y que también debe valorar la dolorosa pérdida de vidas humanas que ha significado la confrontación y que continúa significando cada día.
-En lo fiscal, es sabido que una porción significativa del gasto público se destina a reducir la producción de narcóticos, lo que le resta recursos a la educación, a la salud y en general a programas que podrían contribuir al bienestar de la población.
-En lo ambiental, el cultivo, la erradicación y la trashumancia propia de la aparición y rotación de las áreas afectan los recursos del bosque y terminan por contaminar muchas fuentes de agua.
-En lo económico, la exportación de narcóticos deprime la tasa de cambio con efectos muy hondos en otros sectores productivos; alienta el contrabando disminuyendo los recursos tributarios, y por todo ello repercute sobre la tasa de interés.
-En lo institucional, la búsqueda del enriquecimiento aparentemente fácil y la ostentación del consumo suntuario tienen repercusiones notables en el cambio de valores de muchos segmentos de la sociedad, en especial en los jóvenes.
-En lo político, bien conocidas son las audacias de los narcotraficantes al buscar no sólo influir sobre el poder legislativo mediante la elección de aliados, sino al procurar dominar la composición de los cuerpos colegiados, con graves efectos sobre la legitimidad de las instituciones.
Por todos esos perturbadores resultados, y por las confusiones de toda índole que genera el narcotráfico, ha llegado la hora de evaluar la política de represión a la oferta con mayor rigor y de valorar sin prevención las ideas que buscan darle al consumo un enfoque psico-profiláctico, con el objeto de tratarlo como un problema de salud pública y no como un asunto estrictamente criminal.
Si así se hiciera, el combate contra el narcotráfico sería parte fundamental de la política exterior de nuestro país, pues es en las naciones consumidoras donde se hace necesario dar el viraje al tratamiento al consumo. Curso de acción que requiere una opinión internacional que escuche las recomendaciones de la academia sobre este particular.
Las conductas delictivas asociadas con el narcotráfico no son, pues, una cuestión de corrupción, como con tanta frecuencia se escucha por estos días y para que se puedan combatir eficazmente, la lucha debería librarse más en la arena internacional que en el ámbito local.
Ahora sí qué es corrupción
Conductas que atentan, ellas sí, contra el patrimonio público son los sobornos para ganar las licitaciones y para impedir que ello se sepa; el robo y el mal uso de las regalías y de otros recursos públicos; la sobrefacturación en el precio de los medicamentos; el otorgamiento fraudulento de créditos en el Banco Agrario; las manipulaciones para apropiarse de los bienes incautados al narcotráfico mediante el ejercicio del poder en la Dirección Nacional de Estupefacientes; las manipulaciones para la concesión y liquidación de pensiones por fuera de las normas legales, o haciendo malabares para que no se vea la violación de ellas; la coima para no pagar el precio establecido por ciertos servicios públicos, e innumerables etcéteras.
Todas esas son acciones mediante las cuales, al hacer uso de su poder discrecional, los funcionarios públicos se apropian de bienes del erario para sí o para terceros, o hacen uso inapropiado de ellos.
La cabal comprensión del origen del fenómeno así definido supone entender sus modalidades e identificar los actores que en él se involucran. Para lo cual haré uso de la clasificación utilizada por Gabriel Misas Arango [2], quien propone diferenciar la corrupción que se origina en los trámites, la ligada al aparato político tradicional y lo que él denomina gran corrupción.
-La corrupción asociada con los trámites supone el pedido, o la aceptación, de pagos para agilizar o llevar a cabo trámites, acceder a ciertos servicios u obtener información en forma expedita. Estas conductas son, en general, practicadas por funcionarios de menor rango, afectan principalmente a los sectores de menores ingresos y, aún cuando de profunda raigambre, tienden a perder importancia por la expedición de las normas anti-trámites, los códigos disciplinarios, y por la importancia que han adquirido las acciones de tutela como instrumento para hacer prevalecer los derechos de los ciudadanos, en especial los de los menos favorecidos.
-La corrupción que se origina en el ejercicio del poder a la manera tradicional incluye prácticas como el nombramiento en la administración pública de personal innecesario o insuficientemente calificado para el desempeño de las funciones que se le asignan; la sobrefacturación de compras y el manejo de recursos públicos en beneficio de necesidades particulares de esos funcionarios o de terceros, usualmente para pagar el favor de unos nombramientos que no hubiesen tenido lugar de no mediar el uso de las influencias políticas.
-Esa segunda tipificación - también de vieja raigambre - viene siendo opacada por la gran corrupción a la cual concurren la voluntad delictiva de administradores de la cosa pública, de legisladores y de empresarios de la contratación, que se coaligan para adjudicar contratos, eliminar la competencia, obtener beneficios tributarios, apropiarse de parte de las rentas públicas, liquidar indebidamente los contratos y obtener subsidios a través de disposiciones legales que se tramitan expresamente para esos efectos.
Esa estratificación socio política de la corrupción ayuda a entender, sin duda, los fenómenos que se vienen sucediendo en nuestro país y permite evaluar la importancia de las reformas que se proponen para combatir el fenómeno. Porque es la gran corrupción la que ha venido ganando espacios en el transcurrir de la sociedad colombiana y minando, en forma notable, la capacidad del gasto público para construir una sociedad menos desigual, si bien toda forma de corrupción es condenable y le resta recursos al erario.
La política ¿gran empresa con ánimo de lucro?
El triángulo mencionado surge con la pretensión de trastocar el noble ejercicio de la política en empresa con ánimo de lucro; nace, en segunda instancia, de una ambición similar de quienes ocupan los cargos públicos y en ocasiones por la obligación de retribuir el apoyo para acceder a esas posiciones; y, en tercer lugar, de empresarios que utilizan el mecanismo como una forma de desplazar del mercado a sus competidores.
Fenómeno que se ha acrecentado en la medida en que nuestro sistema político electoral crea incentivos perversos para hacerse elegir y para buscar una rentabilidad privada como producto de ese ejercicio. Práctica que algunos de los legisladores ejercen para recuperar acrecentadamente los costos de las campañas electorales, y no en razón de su naturaleza. Porque esa, y casi toda corrupción, es más un crimen de cálculo que un crimen pasional.
El fraccionamiento de los partidos políticos ha servido como sólida base para las empresas electorales y como génesis de la gran corrupción, y aun más, de caldo de cultivo de la precaria institucionalidad de los últimos años en nuestra sociedad.
En la degradación de la política se encuentran los orígenes de la gran corrupción. Y lo que en último término permitirá tener éxito en el combate contra la corrupción es, precisamente, la recuperación de la política "como costumbre virtuosa, receptiva de los datos de la cultura, la tradición, el respeto al individuo y el vigor de la colectividad" [3].
Se necesita una reforma política que reduzca sustancialmente el costo de ser elegido al Congreso de la Republica. Lo cual supone eliminar el voto preferente y no reconocer gastos electorales a los aspirantes, a título individual, por parte del Estado. Ese reconocimiento debería reemplazarse por la financiación a partidos políticos sólidamente constituidos, cuyos gastos sean auditados con rigor y con profesionalismo por el Consejo Nacional Electoral. Cosa que hoy no es posible en razón de las aspiraciones financieras que incentiva el sistema electoral que nos rige.
Reforma política cuyo objetivo central debería ser el fortalecimiento del Estado y el perfeccionamiento de la democracia, con miras a construir una sociedad más solidaria, donde los recursos del erario se consideren sagrados como parte de la conducta social - y no sólo como promesa electoral de uno u otro partido político - y en donde este precepto se dé por sabido y respetado para el diseño de las políticas públicas.
La tiranía de las palabras
La distinción que aquí se hace entre prácticas políticas turbias, las conductas delictivas que se originan en la lucha por el reparto de las rentas que produce el narcotráfico, y la corrupción propiamente dicha, no desconoce que en múltiples ocasiones el actuar de algunos de quienes participan en esas actividades se entrecruza y se refuerza mutuamente y que, por lo tanto, en ocasiones esas conductas se presentan de manera simultánea.
Tampoco pretende este escrito que se adopte una definición unívoca de la corrupción. Cuando una palabra adquiere múltiples significados, es inútil pretender que sólo uno de ellos sea el correcto.
El propósito de este análisis es invitar a que huyamos de la tiranía de las palabras, de la cual se es víctima cuando se emplea un término sin saber con precisión lo que con él se quiere significar. Precisión que tiene una importancia que trasciende la simple discusión semántica, puesto que sin un buen diagnóstico [4] es imposible una buena terapéutica.
* Ha sido Contralor General de la República, Codirector del Banco de la República, Consejero Económico de la Presidencia y Ministro de Agricultura, entre otros cargos. Economista de la Universidad Nacional de Colombia y postgrado en economía con especialización en política monetaria en Rice University (Houston).
Notas de pie de página
[1] Esta sección y la siguiente se basan en varios trabajos que el autor preparó cuando ejercía el cargo de Contralor General de la República, entre otros "El impacto del narcotráfico en la sociedad colombiana" y "Colombia y las tesis del profesor Klitgaard", los cuales fueron publicados por la Imprenta Nacional en los tres tomos del libro Una Contraloría creíble y respetada, en 2006.
[2] Misas, A. Gabriel. "La lucha anticorrupción en Colombia. Teorías, prácticas y estrategias". Servigraphic Ltda. (2005)
[3] Fuentes, Carlos. "En esto creo". Seix Barral. Biblioteca Breve 2002. Pag. 212.
[4] Lo cual tiene como condición necesaria el cabal entendimiento de los términos envueltos en el problema que se analiza.
Por estos días se ha visto crecer, de manera notable, el uso de la palabra corrupción. No quiere ello decir que los fenómenos que se designan con el vocablo sean nuevos, y ni siquiera que sean crecientes. Es sólo que ahora comunicadores y columnistas han dado en llamar "corrupción" a prácticamente cualquier conducta delictiva.
Bajo tan genérica denominación se incluyen prácticas muy disímiles, en su origen y motivación. De esa manera todo es corrupción y se empieza a correr el riesgo de que nada termine siéndolo; y, algo peor, que esa confusión contribuya a laxitudes en el combate contra el delito.
Sin duda, muchas de las conductas delictivas que por estos días se denominan corrupción son manifestaciones claras de las múltiples carencias que tiene Colombia como sociedad. Sin embargo, es fundamental distinguir entre motivación y origen de tales conductas, si en verdad se quieren superar esas carencias.
Fue la política, no la corrupción
Pueden considerarse medios para mantener el poder, en el ejecutivo o en el legislativo, el cohecho para hacer aprobar reformas constitucionales o legales; las injustificadas exenciones tributarias; las dádivas presupuestales a los más pudientes; los recursos asignados a Familias en Acción y las manipulaciones alrededor de ese programa; y el apoyo electoral del paramilitarismo a sus aliados, para solo poner unos ejemplos.
Podrían tipificarse como conductas cuyo fin oculto fue darle lustre al gobierno con miras a perpetuarse en el poder, el asesinato de civiles a quienes se hizo aparecer como miembros de los grupos alzados en armas, o las falsas desmovilizaciones de falsos guerrilleros o paramilitares, o las interceptaciones de las comunicaciones de quienes, en su momento, se sospechó eran enemigos del gobierno. Todas esas conductas delictivas son repudiables y los autores de esos delitos deberán pagar la respectiva pena.
Sin embargo, ellas no tuvieron como motivación principal apoderarse del patrimonio público y para su extirpación del cuerpo social no se requiere cosa distinta de la desvinculación de la vida pública de sus protagonistas. Finalidad para la cual lo más importante es que la sociedad haya aprendido la lección y no esté dispuesta a tolerar en el futuro esos oprobios.
En efecto, pocas reformas se necesitan para lograrlo y de allí que el gobierno del Presidente Santos haya contado en sus inicios con una opinión tan altamente favorable, con sólo reafirmar el respeto por la separación de los poderes, al no considerar las opiniones contrarias al gobierno como delictuosas, y al recurrir a las vías diplomáticas para resolver las disputas con nuestros vecinos.
Lo único necesario para enderezar el rumbo de esas conductas delictivas es dignificar la política al entenderla como la forma de plantear y resolver los problemas públicos, y no como medio para inflar egos que conducen a visiones únicas sobre el mejor curso para la sociedad y sobre los medios más eficaces para resolver los conflictos que en ella se presentan.
Es narcotráfico, no corrupción [1]
Muchas de las manifestaciones cotidianas de la violencia en Colombia están asociadas con el tráfico de estupefacientes. Es ese fenómeno el que origina los sobornos a jueces y a miembros de otras ramas del poder público, su intimidación, los asesinatos de todo aquél que se considere como enemigo y otros delitos, cuya finalidad es poder actuar con total libertad en el manejo del negocio del narcotráfico.
En infinidad de casos esas conductas no atentan directamente contra el patrimonio público, porque apoderarse del mismo no es el objetivo en juego. Esos comportamientos antisociales se presentan con el fin de apropiarse de la renta que producen la venta y el consumo de los estupefacientes.
La lucha de la sociedad para hacer frente a esas conductas debería encaminarse a la búsqueda de soluciones eficaces contra el tráfico de drogas. Lo que empieza por alejarnos de la discusión bipolar, según la cual sólo es posible la superación de los males que trae consigo el fenómeno bien mediante la legalización del consumo o bien mediante su prohibición absoluta.
Búsqueda que pasa por medir apropiadamente los costos de ese combate en lo fiscal, lo ambiental, lo económico, lo institucional y lo político; y que también debe valorar la dolorosa pérdida de vidas humanas que ha significado la confrontación y que continúa significando cada día.
-En lo fiscal, es sabido que una porción significativa del gasto público se destina a reducir la producción de narcóticos, lo que le resta recursos a la educación, a la salud y en general a programas que podrían contribuir al bienestar de la población.
-En lo ambiental, el cultivo, la erradicación y la trashumancia propia de la aparición y rotación de las áreas afectan los recursos del bosque y terminan por contaminar muchas fuentes de agua.
-En lo económico, la exportación de narcóticos deprime la tasa de cambio con efectos muy hondos en otros sectores productivos; alienta el contrabando disminuyendo los recursos tributarios, y por todo ello repercute sobre la tasa de interés.
-En lo institucional, la búsqueda del enriquecimiento aparentemente fácil y la ostentación del consumo suntuario tienen repercusiones notables en el cambio de valores de muchos segmentos de la sociedad, en especial en los jóvenes.
-En lo político, bien conocidas son las audacias de los narcotraficantes al buscar no sólo influir sobre el poder legislativo mediante la elección de aliados, sino al procurar dominar la composición de los cuerpos colegiados, con graves efectos sobre la legitimidad de las instituciones.
Por todos esos perturbadores resultados, y por las confusiones de toda índole que genera el narcotráfico, ha llegado la hora de evaluar la política de represión a la oferta con mayor rigor y de valorar sin prevención las ideas que buscan darle al consumo un enfoque psico-profiláctico, con el objeto de tratarlo como un problema de salud pública y no como un asunto estrictamente criminal.
Si así se hiciera, el combate contra el narcotráfico sería parte fundamental de la política exterior de nuestro país, pues es en las naciones consumidoras donde se hace necesario dar el viraje al tratamiento al consumo. Curso de acción que requiere una opinión internacional que escuche las recomendaciones de la academia sobre este particular.
Las conductas delictivas asociadas con el narcotráfico no son, pues, una cuestión de corrupción, como con tanta frecuencia se escucha por estos días y para que se puedan combatir eficazmente, la lucha debería librarse más en la arena internacional que en el ámbito local.
Ahora sí qué es corrupción
Conductas que atentan, ellas sí, contra el patrimonio público son los sobornos para ganar las licitaciones y para impedir que ello se sepa; el robo y el mal uso de las regalías y de otros recursos públicos; la sobrefacturación en el precio de los medicamentos; el otorgamiento fraudulento de créditos en el Banco Agrario; las manipulaciones para apropiarse de los bienes incautados al narcotráfico mediante el ejercicio del poder en la Dirección Nacional de Estupefacientes; las manipulaciones para la concesión y liquidación de pensiones por fuera de las normas legales, o haciendo malabares para que no se vea la violación de ellas; la coima para no pagar el precio establecido por ciertos servicios públicos, e innumerables etcéteras.
Todas esas son acciones mediante las cuales, al hacer uso de su poder discrecional, los funcionarios públicos se apropian de bienes del erario para sí o para terceros, o hacen uso inapropiado de ellos.
La cabal comprensión del origen del fenómeno así definido supone entender sus modalidades e identificar los actores que en él se involucran. Para lo cual haré uso de la clasificación utilizada por Gabriel Misas Arango [2], quien propone diferenciar la corrupción que se origina en los trámites, la ligada al aparato político tradicional y lo que él denomina gran corrupción.
-La corrupción asociada con los trámites supone el pedido, o la aceptación, de pagos para agilizar o llevar a cabo trámites, acceder a ciertos servicios u obtener información en forma expedita. Estas conductas son, en general, practicadas por funcionarios de menor rango, afectan principalmente a los sectores de menores ingresos y, aún cuando de profunda raigambre, tienden a perder importancia por la expedición de las normas anti-trámites, los códigos disciplinarios, y por la importancia que han adquirido las acciones de tutela como instrumento para hacer prevalecer los derechos de los ciudadanos, en especial los de los menos favorecidos.
-La corrupción que se origina en el ejercicio del poder a la manera tradicional incluye prácticas como el nombramiento en la administración pública de personal innecesario o insuficientemente calificado para el desempeño de las funciones que se le asignan; la sobrefacturación de compras y el manejo de recursos públicos en beneficio de necesidades particulares de esos funcionarios o de terceros, usualmente para pagar el favor de unos nombramientos que no hubiesen tenido lugar de no mediar el uso de las influencias políticas.
-Esa segunda tipificación - también de vieja raigambre - viene siendo opacada por la gran corrupción a la cual concurren la voluntad delictiva de administradores de la cosa pública, de legisladores y de empresarios de la contratación, que se coaligan para adjudicar contratos, eliminar la competencia, obtener beneficios tributarios, apropiarse de parte de las rentas públicas, liquidar indebidamente los contratos y obtener subsidios a través de disposiciones legales que se tramitan expresamente para esos efectos.
Esa estratificación socio política de la corrupción ayuda a entender, sin duda, los fenómenos que se vienen sucediendo en nuestro país y permite evaluar la importancia de las reformas que se proponen para combatir el fenómeno. Porque es la gran corrupción la que ha venido ganando espacios en el transcurrir de la sociedad colombiana y minando, en forma notable, la capacidad del gasto público para construir una sociedad menos desigual, si bien toda forma de corrupción es condenable y le resta recursos al erario.
La política ¿gran empresa con ánimo de lucro?
El triángulo mencionado surge con la pretensión de trastocar el noble ejercicio de la política en empresa con ánimo de lucro; nace, en segunda instancia, de una ambición similar de quienes ocupan los cargos públicos y en ocasiones por la obligación de retribuir el apoyo para acceder a esas posiciones; y, en tercer lugar, de empresarios que utilizan el mecanismo como una forma de desplazar del mercado a sus competidores.
Fenómeno que se ha acrecentado en la medida en que nuestro sistema político electoral crea incentivos perversos para hacerse elegir y para buscar una rentabilidad privada como producto de ese ejercicio. Práctica que algunos de los legisladores ejercen para recuperar acrecentadamente los costos de las campañas electorales, y no en razón de su naturaleza. Porque esa, y casi toda corrupción, es más un crimen de cálculo que un crimen pasional.
El fraccionamiento de los partidos políticos ha servido como sólida base para las empresas electorales y como génesis de la gran corrupción, y aun más, de caldo de cultivo de la precaria institucionalidad de los últimos años en nuestra sociedad.
En la degradación de la política se encuentran los orígenes de la gran corrupción. Y lo que en último término permitirá tener éxito en el combate contra la corrupción es, precisamente, la recuperación de la política "como costumbre virtuosa, receptiva de los datos de la cultura, la tradición, el respeto al individuo y el vigor de la colectividad" [3].
Se necesita una reforma política que reduzca sustancialmente el costo de ser elegido al Congreso de la Republica. Lo cual supone eliminar el voto preferente y no reconocer gastos electorales a los aspirantes, a título individual, por parte del Estado. Ese reconocimiento debería reemplazarse por la financiación a partidos políticos sólidamente constituidos, cuyos gastos sean auditados con rigor y con profesionalismo por el Consejo Nacional Electoral. Cosa que hoy no es posible en razón de las aspiraciones financieras que incentiva el sistema electoral que nos rige.
Reforma política cuyo objetivo central debería ser el fortalecimiento del Estado y el perfeccionamiento de la democracia, con miras a construir una sociedad más solidaria, donde los recursos del erario se consideren sagrados como parte de la conducta social - y no sólo como promesa electoral de uno u otro partido político - y en donde este precepto se dé por sabido y respetado para el diseño de las políticas públicas.
La tiranía de las palabras
La distinción que aquí se hace entre prácticas políticas turbias, las conductas delictivas que se originan en la lucha por el reparto de las rentas que produce el narcotráfico, y la corrupción propiamente dicha, no desconoce que en múltiples ocasiones el actuar de algunos de quienes participan en esas actividades se entrecruza y se refuerza mutuamente y que, por lo tanto, en ocasiones esas conductas se presentan de manera simultánea.
Tampoco pretende este escrito que se adopte una definición unívoca de la corrupción. Cuando una palabra adquiere múltiples significados, es inútil pretender que sólo uno de ellos sea el correcto.
El propósito de este análisis es invitar a que huyamos de la tiranía de las palabras, de la cual se es víctima cuando se emplea un término sin saber con precisión lo que con él se quiere significar. Precisión que tiene una importancia que trasciende la simple discusión semántica, puesto que sin un buen diagnóstico [4] es imposible una buena terapéutica.
* Ha sido Contralor General de la República, Codirector del Banco de la República, Consejero Económico de la Presidencia y Ministro de Agricultura, entre otros cargos. Economista de la Universidad Nacional de Colombia y postgrado en economía con especialización en política monetaria en Rice University (Houston).
Notas de pie de página
[1] Esta sección y la siguiente se basan en varios trabajos que el autor preparó cuando ejercía el cargo de Contralor General de la República, entre otros "El impacto del narcotráfico en la sociedad colombiana" y "Colombia y las tesis del profesor Klitgaard", los cuales fueron publicados por la Imprenta Nacional en los tres tomos del libro Una Contraloría creíble y respetada, en 2006.
[2] Misas, A. Gabriel. "La lucha anticorrupción en Colombia. Teorías, prácticas y estrategias". Servigraphic Ltda. (2005)
[3] Fuentes, Carlos. "En esto creo". Seix Barral. Biblioteca Breve 2002. Pag. 212.
[4] Lo cual tiene como condición necesaria el cabal entendimiento de los términos envueltos en el problema que se analiza.
martes, 8 de marzo de 2011
El Plan de Desarrollo no pretende de veras combatir la pobreza, ni la desigualdad, ni el desempleo
En vez de la política expansiva que aconsejan la teoría económica, la magnitud del reto y las posibilidades objetivas del país, la Ley del Plan se contenta con retoques que, según sus propias cifras, no reducen sustancialmente el desempleo, no mejoran la distribución del ingreso y en efecto no ayudan a derrotar la trampa de la pobreza. (Por: Jorge I Gonzalez. Publicado en RAZON PUBLICA.COM)
Los remedios no empatan con el diagnóstico Es una lástima que los artículos de la Ley del Plan [1] que el gobierno acaba de presentar al Congreso no reflejen los énfasis y las prioridades definidas en las Bases del Plan de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos. Más Empleo, Menos Pobreza y Más Seguridad (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2010).
El articulado de la ley castra la riqueza analítica de las Bases. Aunque las Bases hagan parte de la Ley del Plan[1] (artículo 2), es inaceptable que los artículos no tengan consistencia entre ellos y, sobre todo, que no correspondan realmente al diagnóstico que se propuso en las Bases.
En las Bases se utilizan tres nociones de equidad: la intergeneracional, la social y la regional. La primera se aplica, sobre todo, a la minería. La lucha contra la pobreza hace parte de la equidad social. Y la equidad regional tiene que ver con la convergencia entre regiones.
La equidad regional es la gran novedad del Plan, porque obliga a pensar en la articulación del territorio y en la necesidad de buscar convergencia entre las regiones en sus niveles de vida e ingreso). Los comentarios siguientes tienen que ver con la equidad social.
La pobreza bajo Uribe
El Plan acepta una de las conclusiones de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP): la incidencia de la pobreza se ha reducido en el campo y la ciudad, pero la brecha se ha ampliado.
La diferencia de la pobreza entre el campo y la ciudad se observa claramente en el cuadro 1. Entre el 2002 y el 2009 la incidencia de la pobreza bajó: a nivel nacional pasó de 53,7 por ciento a 45,5 por ciento.
Pero los gobiernos Uribe I y II no pueden cantar victoria, porque estos resultados deben ser matizados. No hay duda de que la reducción de la pobreza es positiva, pero debe tenerse presente que la disminución fue inferior a la del promedio de la región, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, Panorama Social de América Latina 2009).
El uribismo tampoco puede estar satisfecho con la ampliación de la brecha urbano/rural. Es clara la diferencia creciente entre la incidencia de la pobreza de las trece áreas metropo-litanas y el resto del país. En el 2009 la brecha fue de 33,7 puntos. En el 2002 era de 29 puntos. Una de las consecuencias de la equidad regional sería el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.
La incidencia de 45,5 por ciento corresponde a una situación de trampa de pobreza por dos razones. En primer lugar, porque cuando el PIB crece mucho, la incidencia de la pobreza no baja en la misma proporción. Y en segundo lugar porque el número absoluto de pobres con-tinúa siendo muy alto. El 45,5 por ciento equivale a 20 millones de personas pobres.
Pobreza: un plan demasiado tímido
El cuadro 2 describe las metas que la administración Santos lograría en pobreza y distribu-ción. En promedio, entre el 2011 y el 2014 la pobreza se reduciría a 41,5 por ciento. En el cuadro se explicita el impacto que tendría cada una de las locomotoras. Aunque las preten-siones del Plan son excesivamente modestas, son consecuentes con el énfasis que se pone a la competitividad y a la productividad.
En otras palabras, los avances en crecimiento, productividad y competitividad no alcanzan para romper la trampa de pobreza. Y la trampa no se rompe porque el gobierno ha dejado de lado cualquier consideración distributiva. En las Bases no se dice nada sobre la concentración de la propiedad y de la riqueza en el país - y mucho menos en el articulado del proyecto de ley. En más de 600 páginas de las Bases no menciona ni una vez la concentración de la tierra. La agenda distributiva no es importante para el gobierno. Y el cuadro 2 es clarísimo: el coeficiente de Gini –la principal medida de desigualdad en la distribución del ingreso– apenas bajaría de 56,6 a 54,5 por ciento. Esta leve caída expresa bien la poca importancia que el Plan atribuye al tema distributivo. El crecimiento pro-pobre, es decir el crecimiento con distribución está ausente. No existe.
Como la distribución no es importante para el gobierno, la trampa de pobreza continuará: si se cumplen los propósitos del Plan, se lograría la meta y, entonces, el 41,5 por ciento de los colombianos continuaría en la pobreza. ¡Es un mensaje triste! La falta de ambición del Plan es indignante.
Durante las dos administraciones Uribe se agudizó la concentración de la tierra. De acuerdo con las estimaciones preliminares del Informe de Desarrollo Humano, el 51,6 por ciento de los municipios del país tienen un Gini de propietarios superior al 0,7. Esta situación es-candalosa tiene impactos negativos en el desarrollo de la agricultura y obstaculiza la con-solidación del mercado doméstico.
El gobierno Santos pospone la tarea distributiva. No se vislumbra ningún cambio sustantivo en la tributación, aunque es positivo que en el articulado del Plan se proponga un aumento del predial con criterios progresivos. Esta medida es necesaria y ojalá que el Congreso no la eche para atrás. Pero no es suficiente.
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central, como porcentaje del PIB, fueron 13,1 en el 2009 y 12,4 en el 2010. Estas tasas de tributación son bajísimas.
En Europa son superiores al 45 por ciento. Con los niveles de tributación que existen en Colombia resulta imposible construir una nación incluyente. Giddens, Blair y los teóricos de la llamada tercera vía insisten en que el Estado debe jugar un papel activo en perseguir la justicia social.
Y si los impuestos progresivos son el mecanismo privilegiado para lograr este propósito, es incomprensible que el gobierno no avance en esta dirección. Esta semana nos dijo Tony Blair que Santos sí se preparó para un buen gobierno. Entonces, habría que preguntarle al presidente: ¿cómo hacer un buen gobierno sin impuestos progresivos?
Metas modestas de empleo
El Plan reconoce que el empleo es la mejor solución que puede darse a la pobreza. Pero, de nuevo, la meta es modesta. El espíritu del Plan podría caracterizarse como un keynesianismo vergonzante. Aunque los grandes proyectos de infraestructura que propone el gobierno son la mejor expresión de una visión keynesiana, en las recomendaciones para generar empleo se deja de lado el estímulo a la demanda y se regresa a la lógica de los gobiernos de Uribe I y II, que centraron toda la estrategia de lucha contra el empleo en la reducción de los costos laborales y no en el fortalecimiento de la demanda agregada.
En el diagnóstico de lo que ha sucedido con el empleo, el Plan es claramente anti-uribista: muestra que la tasa de desempleo de Colombia ha sido una de las más altas de América La-tina (gráfica 1). Durante las administraciones Uribe el desempleo en Colombia fue mayor que el de Brasil, Argentina, Chile y México. Si la lucha contra el desempleo ha fracasado, no tiene sentido mantener las mismas políticas de Uribe.
El Plan plantea tres estrategias para mejorar el empleo: la reducción de los costos laborales, la formalización del mercado laboral y el fortalecimiento de la educación. No se habla de la demanda, no se menciona a Keynes. La reducción de los costos laborales no es un camino apropiado para disminuir el desempleo. Y en el corto plazo, el efecto de la educación en el empleo es muy modesto.
De acuerdo con las Bases, la tasa promedio de desempleo entre el 2011 y el 2014 sería 9,8 por ciento, con las locomotoras funcionando bien. Es decir, si todo funciona, seguiríamos con un nivel de desempleo superior al de los principales países de América Latina. Mientras que Colombia aspira al 9,8 por ciento, Brasil y México ya están por debajo del 6 por ciento.
Sí se puede
La estrategia de empleo tiene que cambiar de manera significativa. Están dadas las condi-ciones. Por el lado de los recursos, el ahorro financiero es abundante: los fondos de pensio-nes tienen más $80 billones, se anuncian bonanzas, el Banco de la República tiene exceso de reservas.
Esta abundancia de recursos coincide con el reconocimiento de la pésima infraestructura del país, y con la necesidad de mejorar la oferta de los servicios públicos. Todo está dado para la política económica sea keynesiana sin vergüenza.
Y desde esta perspectiva se podrá reducir la tasa de desempleo a niveles similares a los de nuestros vecinos de América Latina. La tecnocracia colombiana todavía es reacia a procla-mar la actualidad de Keynes.
Giddens, Blair y Schröder no le han temido a Keynes, pese a sus dudas sobre el grado de intervención. La socialdemocracia inspirada en Keynes es condición básica para el buen gobierno. Sería bueno que por estos días el equipo económico del Gobierno releyera a Keynes de la mano de Tony Blair
Notas de pie de página
[1] Ver el proyecto de ley 179 de 2011, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014” haciendo click aquí.
Los remedios no empatan con el diagnóstico Es una lástima que los artículos de la Ley del Plan [1] que el gobierno acaba de presentar al Congreso no reflejen los énfasis y las prioridades definidas en las Bases del Plan de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos. Más Empleo, Menos Pobreza y Más Seguridad (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2010).
El articulado de la ley castra la riqueza analítica de las Bases. Aunque las Bases hagan parte de la Ley del Plan[1] (artículo 2), es inaceptable que los artículos no tengan consistencia entre ellos y, sobre todo, que no correspondan realmente al diagnóstico que se propuso en las Bases.
En las Bases se utilizan tres nociones de equidad: la intergeneracional, la social y la regional. La primera se aplica, sobre todo, a la minería. La lucha contra la pobreza hace parte de la equidad social. Y la equidad regional tiene que ver con la convergencia entre regiones.
La equidad regional es la gran novedad del Plan, porque obliga a pensar en la articulación del territorio y en la necesidad de buscar convergencia entre las regiones en sus niveles de vida e ingreso). Los comentarios siguientes tienen que ver con la equidad social.
La pobreza bajo Uribe
El Plan acepta una de las conclusiones de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP): la incidencia de la pobreza se ha reducido en el campo y la ciudad, pero la brecha se ha ampliado.
La diferencia de la pobreza entre el campo y la ciudad se observa claramente en el cuadro 1. Entre el 2002 y el 2009 la incidencia de la pobreza bajó: a nivel nacional pasó de 53,7 por ciento a 45,5 por ciento.
Pero los gobiernos Uribe I y II no pueden cantar victoria, porque estos resultados deben ser matizados. No hay duda de que la reducción de la pobreza es positiva, pero debe tenerse presente que la disminución fue inferior a la del promedio de la región, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, Panorama Social de América Latina 2009).
El uribismo tampoco puede estar satisfecho con la ampliación de la brecha urbano/rural. Es clara la diferencia creciente entre la incidencia de la pobreza de las trece áreas metropo-litanas y el resto del país. En el 2009 la brecha fue de 33,7 puntos. En el 2002 era de 29 puntos. Una de las consecuencias de la equidad regional sería el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.
La incidencia de 45,5 por ciento corresponde a una situación de trampa de pobreza por dos razones. En primer lugar, porque cuando el PIB crece mucho, la incidencia de la pobreza no baja en la misma proporción. Y en segundo lugar porque el número absoluto de pobres con-tinúa siendo muy alto. El 45,5 por ciento equivale a 20 millones de personas pobres.
Pobreza: un plan demasiado tímido
El cuadro 2 describe las metas que la administración Santos lograría en pobreza y distribu-ción. En promedio, entre el 2011 y el 2014 la pobreza se reduciría a 41,5 por ciento. En el cuadro se explicita el impacto que tendría cada una de las locomotoras. Aunque las preten-siones del Plan son excesivamente modestas, son consecuentes con el énfasis que se pone a la competitividad y a la productividad.
En otras palabras, los avances en crecimiento, productividad y competitividad no alcanzan para romper la trampa de pobreza. Y la trampa no se rompe porque el gobierno ha dejado de lado cualquier consideración distributiva. En las Bases no se dice nada sobre la concentración de la propiedad y de la riqueza en el país - y mucho menos en el articulado del proyecto de ley. En más de 600 páginas de las Bases no menciona ni una vez la concentración de la tierra. La agenda distributiva no es importante para el gobierno. Y el cuadro 2 es clarísimo: el coeficiente de Gini –la principal medida de desigualdad en la distribución del ingreso– apenas bajaría de 56,6 a 54,5 por ciento. Esta leve caída expresa bien la poca importancia que el Plan atribuye al tema distributivo. El crecimiento pro-pobre, es decir el crecimiento con distribución está ausente. No existe.
Como la distribución no es importante para el gobierno, la trampa de pobreza continuará: si se cumplen los propósitos del Plan, se lograría la meta y, entonces, el 41,5 por ciento de los colombianos continuaría en la pobreza. ¡Es un mensaje triste! La falta de ambición del Plan es indignante.
“Se estima que en los próximos cuatro años, las cinco locomotoras incrementarán el crecimiento económico del país en 1,7 puntos porcentuales por año, reducirán la po-breza durante el cuatrienio en cerca 1,2 por ciento y la indigencia en cerca de 1,0 por ciento, y adicionalmente disminuirán la tasa de desempleo en 26 puntos básicos por año” (DNP 2010, pp. 55-56).
No hay redistribución sin impuestos Durante las dos administraciones Uribe se agudizó la concentración de la tierra. De acuerdo con las estimaciones preliminares del Informe de Desarrollo Humano, el 51,6 por ciento de los municipios del país tienen un Gini de propietarios superior al 0,7. Esta situación es-candalosa tiene impactos negativos en el desarrollo de la agricultura y obstaculiza la con-solidación del mercado doméstico.
El gobierno Santos pospone la tarea distributiva. No se vislumbra ningún cambio sustantivo en la tributación, aunque es positivo que en el articulado del Plan se proponga un aumento del predial con criterios progresivos. Esta medida es necesaria y ojalá que el Congreso no la eche para atrás. Pero no es suficiente.
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central, como porcentaje del PIB, fueron 13,1 en el 2009 y 12,4 en el 2010. Estas tasas de tributación son bajísimas.
En Europa son superiores al 45 por ciento. Con los niveles de tributación que existen en Colombia resulta imposible construir una nación incluyente. Giddens, Blair y los teóricos de la llamada tercera vía insisten en que el Estado debe jugar un papel activo en perseguir la justicia social.
Y si los impuestos progresivos son el mecanismo privilegiado para lograr este propósito, es incomprensible que el gobierno no avance en esta dirección. Esta semana nos dijo Tony Blair que Santos sí se preparó para un buen gobierno. Entonces, habría que preguntarle al presidente: ¿cómo hacer un buen gobierno sin impuestos progresivos?
Metas modestas de empleo
El Plan reconoce que el empleo es la mejor solución que puede darse a la pobreza. Pero, de nuevo, la meta es modesta. El espíritu del Plan podría caracterizarse como un keynesianismo vergonzante. Aunque los grandes proyectos de infraestructura que propone el gobierno son la mejor expresión de una visión keynesiana, en las recomendaciones para generar empleo se deja de lado el estímulo a la demanda y se regresa a la lógica de los gobiernos de Uribe I y II, que centraron toda la estrategia de lucha contra el empleo en la reducción de los costos laborales y no en el fortalecimiento de la demanda agregada.
En el diagnóstico de lo que ha sucedido con el empleo, el Plan es claramente anti-uribista: muestra que la tasa de desempleo de Colombia ha sido una de las más altas de América La-tina (gráfica 1). Durante las administraciones Uribe el desempleo en Colombia fue mayor que el de Brasil, Argentina, Chile y México. Si la lucha contra el desempleo ha fracasado, no tiene sentido mantener las mismas políticas de Uribe.
El Plan plantea tres estrategias para mejorar el empleo: la reducción de los costos laborales, la formalización del mercado laboral y el fortalecimiento de la educación. No se habla de la demanda, no se menciona a Keynes. La reducción de los costos laborales no es un camino apropiado para disminuir el desempleo. Y en el corto plazo, el efecto de la educación en el empleo es muy modesto.
De acuerdo con las Bases, la tasa promedio de desempleo entre el 2011 y el 2014 sería 9,8 por ciento, con las locomotoras funcionando bien. Es decir, si todo funciona, seguiríamos con un nivel de desempleo superior al de los principales países de América Latina. Mientras que Colombia aspira al 9,8 por ciento, Brasil y México ya están por debajo del 6 por ciento.
Sí se puede
La estrategia de empleo tiene que cambiar de manera significativa. Están dadas las condi-ciones. Por el lado de los recursos, el ahorro financiero es abundante: los fondos de pensio-nes tienen más $80 billones, se anuncian bonanzas, el Banco de la República tiene exceso de reservas.
Esta abundancia de recursos coincide con el reconocimiento de la pésima infraestructura del país, y con la necesidad de mejorar la oferta de los servicios públicos. Todo está dado para la política económica sea keynesiana sin vergüenza.
Y desde esta perspectiva se podrá reducir la tasa de desempleo a niveles similares a los de nuestros vecinos de América Latina. La tecnocracia colombiana todavía es reacia a procla-mar la actualidad de Keynes.
Giddens, Blair y Schröder no le han temido a Keynes, pese a sus dudas sobre el grado de intervención. La socialdemocracia inspirada en Keynes es condición básica para el buen gobierno. Sería bueno que por estos días el equipo económico del Gobierno releyera a Keynes de la mano de Tony Blair
Notas de pie de página
[1] Ver el proyecto de ley 179 de 2011, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014” haciendo click aquí.
El teatro de las violencias banales
| Lunes, 07 de Marzo de 2011 02:10 | |
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