Corrupción: qué es, qué no es y cómo prevenirla

Lunes, 14 de Marzo de 2011

(Publicado en RAZONPUBLICA.COM)

 Por Antonio Hernández Gamarra.

Para salir de los discursos y buscar soluciones concretas, hay que acabar la confusión entre prácticas políticas turbias, conductas delictivas originadas por el narcotráfico y corrupción propiamente dicha, además de distinguir los varios tipos de corrupción. Y hecha esta claridad, hay que hacer una reforma precisa para que la política no siga siendo simplemente otra empresa con ánimo de lucro. 

El peligro de las confusiones

Por estos días se ha visto crecer, de manera notable, el uso de la palabra corrupción. No quiere ello decir que los fenómenos que se designan con el vocablo sean nuevos, y ni siquiera que sean crecientes. Es sólo que ahora comunicadores y columnistas han dado en llamar "corrupción" a prácticamente cualquier conducta delictiva.

Bajo tan genérica denominación se incluyen prácticas muy disímiles, en su origen y motivación. De esa manera todo es corrupción y se empieza a correr el riesgo de que nada termine siéndolo; y, algo peor, que esa confusión contribuya a laxitudes en el combate contra el delito.

Sin duda, muchas de las conductas delictivas que por estos días se denominan corrupción son manifestaciones claras de las múltiples carencias que tiene Colombia como sociedad. Sin embargo, es fundamental distinguir entre motivación y origen de tales conductas, si en verdad se quieren superar esas carencias.

Fue la política, no la corrupción

Pueden considerarse medios para mantener el poder, en el ejecutivo o en el legislativo, el cohecho para hacer aprobar reformas constitucionales o legales; las injustificadas exenciones tributarias; las dádivas presupuestales a los más pudientes; los recursos asignados a Familias en Acción y las manipulaciones alrededor de ese programa; y el apoyo electoral del paramilitarismo a sus aliados, para solo poner unos ejemplos.

Podrían tipificarse como conductas cuyo fin oculto fue darle lustre al gobierno con miras a perpetuarse en el poder, el asesinato de civiles a quienes se hizo aparecer como miembros de los grupos alzados en armas, o las falsas desmovilizaciones de falsos guerrilleros o paramilitares, o las interceptaciones de las comunicaciones de quienes, en su momento, se sospechó eran enemigos del gobierno. Todas esas conductas delictivas son repudiables y los autores de esos delitos deberán pagar la respectiva pena.

Sin embargo, ellas no tuvieron como motivación principal apoderarse del patrimonio público y para su extirpación del cuerpo social no se requiere cosa distinta de la desvinculación de la vida pública de sus protagonistas. Finalidad para la cual lo más importante es que la sociedad haya aprendido la lección y no esté dispuesta a tolerar en el futuro esos oprobios.

En efecto, pocas reformas se necesitan para lograrlo y de allí que el gobierno del Presidente Santos haya contado en sus inicios con una opinión tan altamente favorable, con sólo reafirmar el respeto por la separación de los poderes, al no considerar las opiniones contrarias al gobierno como delictuosas, y al recurrir a las vías diplomáticas para resolver las disputas con nuestros vecinos.

Lo único necesario para enderezar el rumbo de esas conductas delictivas es dignificar la política al entenderla como la forma de plantear y resolver los problemas públicos, y no como medio para inflar egos que conducen a visiones únicas sobre el mejor curso para la sociedad y sobre los medios más eficaces para resolver los conflictos que en ella se presentan.


Es narcotráfico, no corrupción [1]

Muchas de las manifestaciones cotidianas de la violencia en Colombia están asociadas con el tráfico de estupefacientes. Es ese fenómeno el que origina los sobornos a jueces y a miembros de otras ramas del poder público, su intimidación, los asesinatos de todo aquél que se considere como enemigo y otros delitos, cuya finalidad es poder actuar con total libertad en el manejo del negocio del narcotráfico.

En infinidad de casos esas conductas no atentan directamente contra el patrimonio público, porque apoderarse del mismo no es el objetivo en juego. Esos comportamientos antisociales se presentan con el fin de apropiarse de la renta que producen la venta y el consumo de los estupefacientes.

La lucha de la sociedad para hacer frente a esas conductas debería encaminarse a la búsqueda de soluciones eficaces contra el tráfico de drogas. Lo que empieza por alejarnos de la discusión bipolar, según la cual sólo es posible la superación de los males que trae consigo el fenómeno bien mediante la legalización del consumo o bien mediante su prohibición absoluta.

Búsqueda que pasa por medir apropiadamente los costos de ese combate en lo fiscal, lo ambiental, lo económico, lo institucional y lo político; y que también debe valorar la dolorosa pérdida de vidas humanas que ha significado la confrontación y que continúa significando cada día.

-En lo fiscal, es sabido que una porción significativa del gasto público se destina a reducir la producción de narcóticos, lo que le resta recursos a la educación, a la salud y en general a programas que podrían contribuir al bienestar de la población.

-En lo ambiental, el cultivo, la erradicación y la trashumancia propia de la aparición y rotación de las áreas afectan los recursos del bosque y terminan por contaminar muchas fuentes de agua.

-En lo económico, la exportación de narcóticos deprime la tasa de cambio con efectos muy hondos en otros sectores productivos; alienta el contrabando disminuyendo los recursos tributarios, y por todo ello repercute sobre la tasa de interés.

-En lo institucional, la búsqueda del enriquecimiento aparentemente fácil y la ostentación del consumo suntuario tienen repercusiones notables en el cambio de valores de muchos segmentos de la sociedad, en especial en los jóvenes.

-En lo político, bien conocidas son las audacias de los narcotraficantes al buscar no sólo influir sobre el poder legislativo mediante la elección de aliados, sino al procurar dominar la composición de los cuerpos colegiados, con graves efectos sobre la legitimidad de las instituciones.

Por todos esos perturbadores resultados, y por las confusiones de toda índole que genera el narcotráfico, ha llegado la hora de evaluar la política de represión a la oferta con mayor rigor y de valorar sin prevención las ideas que buscan darle al consumo un enfoque psico-profiláctico, con el objeto de tratarlo como un problema de salud pública y no como un asunto estrictamente criminal.

Si así se hiciera, el combate contra el narcotráfico sería parte fundamental de la política exterior de nuestro país, pues es en las naciones consumidoras donde se hace necesario dar el viraje al tratamiento al consumo. Curso de acción que requiere una opinión internacional que escuche las recomendaciones de la academia sobre este particular.

Las conductas delictivas asociadas con el narcotráfico no son, pues, una cuestión de corrupción, como con tanta frecuencia se escucha por estos días y para que se puedan combatir eficazmente, la lucha debería librarse más en la arena internacional que en el ámbito local.

Ahora sí qué es corrupción

Conductas que atentan, ellas sí, contra el patrimonio público son los sobornos para ganar las licitaciones y para impedir que ello se sepa; el robo y el mal uso de las regalías y de otros recursos públicos; la sobrefacturación en el precio de los medicamentos; el otorgamiento fraudulento de créditos en el Banco Agrario; las manipulaciones para apropiarse de los bienes incautados al narcotráfico mediante el ejercicio del poder en la Dirección Nacional de Estupefacientes; las manipulaciones para la concesión y liquidación de pensiones por fuera de las normas legales, o haciendo malabares para que no se vea la violación de ellas; la coima para no pagar el precio establecido por ciertos servicios públicos, e innumerables etcéteras.

Todas esas son acciones mediante las cuales, al hacer uso de su poder discrecional, los funcionarios públicos se apropian de bienes del erario para sí o para terceros, o hacen uso inapropiado de ellos.

La cabal comprensión del origen del fenómeno así definido supone entender sus modalidades e identificar los actores que en él se involucran. Para lo cual haré uso de la clasificación utilizada por Gabriel Misas Arango [2], quien propone diferenciar la corrupción que se origina en los trámites, la ligada al aparato político tradicional y lo que él denomina gran corrupción.

-La corrupción asociada con los trámites supone el pedido, o la aceptación, de pagos para agilizar o llevar a cabo trámites, acceder a ciertos servicios u obtener información en forma expedita. Estas conductas son, en general, practicadas por funcionarios de menor rango, afectan principalmente a los sectores de menores ingresos y, aún cuando de profunda raigambre, tienden a perder importancia por la expedición de las normas anti-trámites, los códigos disciplinarios, y por la importancia que han adquirido las acciones de tutela como instrumento para hacer prevalecer los derechos de los ciudadanos, en especial los de los menos favorecidos.

-La corrupción que se origina en el ejercicio del poder a la manera tradicional incluye prácticas como el nombramiento en la administración pública de personal innecesario o insuficientemente calificado para el desempeño de las funciones que se le asignan; la sobrefacturación de compras y el manejo de recursos públicos en beneficio de necesidades particulares de esos funcionarios o de terceros, usualmente para pagar el favor de unos nombramientos que no hubiesen tenido lugar de no mediar el uso de las influencias políticas.

-Esa segunda tipificación - también de vieja raigambre - viene siendo opacada por la gran corrupción a la cual concurren la voluntad delictiva de administradores de la cosa pública, de legisladores y de empresarios de la contratación, que se coaligan para adjudicar contratos, eliminar la competencia, obtener beneficios tributarios, apropiarse de parte de las rentas públicas, liquidar indebidamente los contratos y obtener subsidios a través de disposiciones legales que se tramitan expresamente para esos efectos.

Esa estratificación socio política de la corrupción ayuda a entender, sin duda, los fenómenos que se vienen sucediendo en nuestro país y permite evaluar la importancia de las reformas que se proponen para combatir el fenómeno. Porque es la gran corrupción la que ha venido ganando espacios en el transcurrir de la sociedad colombiana y minando, en forma notable, la capacidad del gasto público para construir una sociedad menos desigual, si bien toda forma de corrupción es condenable y le resta recursos al erario.

La política ¿gran empresa con ánimo de lucro?

El triángulo mencionado surge con la pretensión de trastocar el noble ejercicio de la política en empresa con ánimo de lucro; nace, en segunda instancia, de una ambición similar de quienes ocupan los cargos públicos y en ocasiones por la obligación de retribuir el apoyo para acceder a esas posiciones; y, en tercer lugar, de empresarios que utilizan el mecanismo como una forma de desplazar del mercado a sus competidores.

Fenómeno que se ha acrecentado en la medida en que nuestro sistema político electoral crea incentivos perversos para hacerse elegir y para buscar una rentabilidad privada como producto de ese ejercicio. Práctica que algunos de los legisladores ejercen para recuperar acrecentadamente los costos de las campañas electorales, y no en razón de su naturaleza. Porque esa, y casi toda corrupción, es más un crimen de cálculo que un crimen pasional.

El fraccionamiento de los partidos políticos ha servido como sólida base para las empresas electorales y como génesis de la gran corrupción, y aun más, de caldo de cultivo de la precaria institucionalidad de los últimos años en nuestra sociedad.

En la degradación de la política se encuentran los orígenes de la gran corrupción. Y lo que en último término permitirá tener éxito en el combate contra la corrupción es, precisamente, la recuperación de la política "como costumbre virtuosa, receptiva de los datos de la cultura, la tradición, el respeto al individuo y el vigor de la colectividad" [3].

Se necesita una reforma política que reduzca sustancialmente el costo de ser elegido al Congreso de la Republica. Lo cual supone eliminar el voto preferente y no reconocer gastos electorales a los aspirantes, a título individual, por parte del Estado. Ese reconocimiento debería reemplazarse por la financiación a partidos políticos sólidamente constituidos, cuyos gastos sean auditados con rigor y con profesionalismo por el Consejo Nacional Electoral. Cosa que hoy no es posible en razón de las aspiraciones financieras que incentiva el sistema electoral que nos rige.

Reforma política cuyo objetivo central debería ser el fortalecimiento del Estado y el perfeccionamiento de la democracia, con miras a construir una sociedad más solidaria, donde los recursos del erario se consideren sagrados como parte de la conducta social - y no sólo como promesa electoral de uno u otro partido político - y en donde este precepto se dé por sabido y respetado para el diseño de las políticas públicas.  

La tiranía de las palabras

La distinción que aquí se hace entre prácticas políticas turbias, las conductas delictivas que se originan en la lucha por el reparto de las rentas que produce el narcotráfico, y la corrupción propiamente dicha, no desconoce que en múltiples ocasiones el actuar de algunos de quienes participan en esas actividades se entrecruza y se refuerza mutuamente y que, por lo tanto, en ocasiones esas conductas se presentan de manera simultánea.

Tampoco pretende este escrito que se adopte una definición unívoca de la corrupción. Cuando una palabra adquiere múltiples significados, es inútil pretender que sólo uno de ellos sea el correcto.

El propósito de este análisis es invitar a que huyamos de la tiranía de las palabras, de la cual se es víctima cuando se emplea un término sin saber con precisión lo que con él se quiere significar. Precisión que tiene una importancia que trasciende la simple discusión semántica, puesto que sin un buen diagnóstico [4] es imposible una buena terapéutica.



* Ha sido Contralor General de la República, Codirector del Banco de la República, Consejero Económico de la Presidencia y Ministro de Agricultura, entre otros cargos. Economista de la Universidad Nacional de Colombia y postgrado en economía con especialización en política monetaria en Rice University (Houston).





Notas de pie de página

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[1] Esta sección y la siguiente se basan en varios trabajos que el autor preparó cuando ejercía el cargo de Contralor General de la República, entre otros "El impacto del narcotráfico en la sociedad colombiana" y "Colombia y las tesis del profesor Klitgaard", los cuales fueron publicados por la Imprenta Nacional en los tres tomos del libro Una Contraloría creíble y respetada, en 2006.

[2] Misas, A. Gabriel. "La lucha anticorrupción en Colombia. Teorías, prácticas y estrategias". Servigraphic Ltda. (2005)

[3] Fuentes, Carlos. "En esto creo". Seix Barral. Biblioteca Breve 2002. Pag. 212.

[4] Lo cual tiene como condición necesaria el cabal entendimiento de los términos envueltos en el problema que se analiza.

El Plan de Desarrollo no pretende de veras combatir la pobreza, ni la desigualdad, ni el desempleo

En vez de la política expansiva que aconsejan la teoría económica, la magnitud del reto y las posibilidades objetivas del país, la Ley del Plan se contenta con retoques que, según sus propias cifras, no reducen sustancialmente el desempleo, no mejoran la distribución del ingreso y en efecto no ayudan a derrotar la trampa de la pobreza. (Por: Jorge I Gonzalez. Publicado en RAZON PUBLICA.COM)


Los remedios no empatan con el diagnóstico Es una lástima que los artículos de la Ley del Plan [1] que el gobierno acaba de presentar al Congreso no reflejen los énfasis y las prioridades definidas en las Bases del Plan de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos.  Más Empleo, Menos Pobreza y Más Seguridad (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2010).

El articulado de la ley castra la riqueza analítica de las Bases.  Aunque las Bases hagan parte de la Ley del Plan[1] (artículo 2), es inaceptable que los artículos no tengan consistencia entre ellos y, sobre todo, que no correspondan realmente al diagnóstico que se propuso en las Bases.
En las Bases se utilizan tres nociones de equidad: la intergeneracional, la social y la regional.  La primera se aplica, sobre todo, a la minería. La lucha contra la pobreza hace parte de la equidad social. Y la equidad regional tiene que ver con la convergencia entre regiones. 
La equidad regional es la gran novedad del Plan, porque obliga a pensar en la articulación del territorio y en la necesidad de buscar convergencia entre las regiones en sus niveles de vida e ingreso).  Los comentarios siguientes tienen que ver con la equidad social.
La pobreza bajo Uribe
El Plan acepta una de las conclusiones de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP): la incidencia de la pobreza se ha reducido en el campo y la ciudad, pero la brecha se ha ampliado.
La diferencia de la pobreza entre el campo y la ciudad se observa claramente en el cuadro 1.  Entre el 2002 y el 2009 la incidencia de la pobreza bajó: a nivel nacional pasó de 53,7 por ciento a 45,5 por ciento. 


Pero los gobiernos Uribe I y II no pueden cantar victoria, porque estos resultados deben ser matizados. No hay duda de que la reducción de la pobreza es positiva, pero debe tenerse presente que la disminución fue inferior a la del promedio de la región, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, Panorama Social de América Latina 2009). 
El uribismo tampoco puede estar satisfecho con la ampliación de la brecha urbano/rural.  Es clara la diferencia creciente entre la incidencia de la pobreza de las trece áreas metropo-litanas y el resto del país. En el 2009 la brecha fue de 33,7 puntos. En el 2002 era de 29 puntos. Una de las consecuencias de la equidad regional sería el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.
La incidencia de 45,5 por ciento corresponde a una situación de trampa de pobreza por dos razones. En primer lugar, porque cuando el PIB crece mucho, la incidencia de la pobreza no baja en la misma proporción. Y en segundo lugar porque el número absoluto de pobres con-tinúa siendo muy alto. El 45,5 por ciento equivale a 20 millones de personas pobres.
Pobreza: un plan demasiado tímido
El cuadro 2 describe las metas que la administración Santos lograría en pobreza y distribu-ción.  En promedio, entre el 2011 y el 2014 la pobreza se reduciría a 41,5 por ciento.  En el cuadro se explicita el impacto que tendría cada una de las locomotoras.  Aunque las preten-siones del Plan son excesivamente modestas, son consecuentes con el énfasis que se pone a la competitividad y a la productividad.  

 


En otras palabras, los avances en crecimiento, productividad y competitividad no alcanzan para romper la trampa de pobreza.  Y la trampa no se rompe porque el gobierno ha dejado de lado cualquier consideración distributiva.  En las Bases no se dice nada sobre la concentración de la propiedad y de la riqueza en el país - y mucho menos en el articulado del proyecto de ley.  En más de 600 páginas de las Bases no menciona ni una vez la concentración de la tierra. La agenda distributiva no es importante para el gobierno. Y el cuadro 2 es clarísimo: el coeficiente de Gini –la principal medida de desigualdad en la distribución del ingreso– apenas bajaría de 56,6 a 54,5 por ciento. Esta leve caída expresa bien la poca importancia que el Plan  atribuye al tema distributivo. El crecimiento pro-pobre, es decir el crecimiento con distribución está ausente.  No existe. 
Como la distribución no es importante para el gobierno, la trampa de pobreza continuará: si se cumplen los propósitos del Plan, se lograría la meta y, entonces, el 41,5 por ciento de los colombianos continuaría en la pobreza. ¡Es un mensaje triste! La falta de ambición del Plan es indignante.

“Se estima que en los próximos cuatro años, las cinco locomotoras incrementarán el crecimiento económico del país en 1,7 puntos porcentuales por año, reducirán la po-breza durante el cuatrienio en cerca 1,2 por ciento y la indigencia en cerca de 1,0 por ciento, y adicionalmente disminuirán la tasa de desempleo en 26 puntos básicos por año” (DNP 2010, pp. 55-56).

No hay redistribución sin impuestos
Durante las dos administraciones Uribe se agudizó la concentración de la tierra.  De acuerdo con las estimaciones preliminares del Informe de Desarrollo Humano, el 51,6 por ciento de los municipios del país tienen un Gini de propietarios superior al 0,7.  Esta situación es-candalosa  tiene impactos negativos en el desarrollo de la agricultura y obstaculiza la con-solidación del mercado doméstico.
El gobierno Santos pospone la tarea distributiva. No se vislumbra ningún cambio sustantivo en la tributación, aunque es positivo que en el articulado del Plan se proponga un aumento del predial con criterios progresivos. Esta medida es necesaria y ojalá que el Congreso no la eche para atrás.  Pero no es suficiente. 
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central, como porcentaje del PIB, fueron 13,1 en el 2009 y 12,4 en el 2010. Estas tasas de tributación son bajísimas. 
En Europa son superiores al 45 por ciento. Con los niveles de tributación que existen en Colombia resulta imposible construir una nación incluyente. Giddens, Blair y los teóricos de la llamada tercera vía insisten en que el Estado debe jugar un papel activo en perseguir la justicia social. 
Y si los impuestos progresivos son el mecanismo privilegiado para lograr este propósito, es incomprensible que el gobierno no avance en esta dirección. Esta semana nos dijo Tony Blair que Santos sí se preparó para un buen gobierno. Entonces, habría que preguntarle al presidente: ¿cómo hacer un buen gobierno sin impuestos progresivos?
Metas modestas de empleo
El Plan reconoce que el empleo es la mejor solución que puede darse a la pobreza.  Pero, de nuevo, la meta es modesta. El espíritu del Plan podría caracterizarse como un keynesianismo vergonzante. Aunque los grandes proyectos de infraestructura que propone el gobierno son la mejor expresión de una visión keynesiana, en las recomendaciones para generar empleo se deja de lado el estímulo a la demanda y se regresa a la lógica de los gobiernos de Uribe I y II, que centraron toda la estrategia de lucha contra el empleo en la reducción de los costos laborales y no en el fortalecimiento de la demanda agregada.




En el diagnóstico de lo que ha sucedido con el empleo, el Plan es claramente anti-uribista: muestra que la tasa de desempleo de Colombia ha sido una de las más altas de América La-tina (gráfica 1).  Durante las administraciones Uribe el desempleo en Colombia fue mayor que el de Brasil, Argentina, Chile y México. Si la lucha contra el desempleo ha fracasado, no tiene sentido mantener las mismas políticas de Uribe. 
El Plan plantea tres estrategias para mejorar el empleo: la reducción de los costos laborales, la formalización del mercado laboral y el fortalecimiento de la educación.  No se habla de la demanda, no se menciona a Keynes. La reducción de los costos laborales no es un camino apropiado para disminuir el desempleo. Y en el corto plazo, el efecto de la educación en el empleo es muy modesto. 
De acuerdo con las Bases, la tasa promedio de desempleo entre el 2011 y el 2014 sería 9,8 por ciento, con las locomotoras funcionando bien. Es decir, si todo funciona, seguiríamos con un nivel de desempleo superior al de los principales países de América Latina. Mientras que Colombia aspira al 9,8 por ciento, Brasil y México ya están por debajo del 6 por ciento.
Sí se puede
La estrategia de empleo tiene que cambiar de manera significativa. Están dadas las condi-ciones. Por el lado de los recursos, el ahorro financiero es abundante: los fondos de pensio-nes tienen más $80 billones, se anuncian bonanzas, el Banco de la República tiene exceso de reservas. 
Esta abundancia de recursos coincide con el reconocimiento de la pésima infraestructura del país, y con la necesidad de mejorar la oferta de los servicios públicos. Todo está dado para la política económica sea keynesiana sin vergüenza. 
Y desde esta perspectiva se podrá reducir la tasa de desempleo a niveles similares a los de nuestros vecinos de América Latina. La tecnocracia colombiana todavía es reacia a procla-mar la actualidad de Keynes. 
Giddens, Blair y Schröder no le han temido a Keynes, pese a sus dudas sobre el grado de intervención. La socialdemocracia inspirada en Keynes es condición básica para el buen gobierno. Sería bueno que por estos días el equipo económico del Gobierno releyera a Keynes de la mano de Tony Blair

Notas de pie de página

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[1]  Ver el proyecto de ley 179 de 2011, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014” haciendo click aquí.

El teatro de las violencias banales

Lunes, 07 de Marzo de 2011 02:10

La banalización de la violencia esconde secretos recónditos de nuestra psiquis colectiva, neurotizada y farisea. Desde una perspectiva literaria es posible imaginar una lectura diferente y lúcida de un espectáculo como la muerte a patadas de una lechuza en un estadio, que esta semana pasó a ser la gran noticia de Colombia.(Por BORIS PINTO en RAZON PUBLICA). Otra lechuza banalizada En 1989, el periodista Antonio Castro publicó un artículo sobre la entonces recién estrenada película de Claude Chabrol, El grito de la lechuza (Le cri du hibou), basado en la novela homónima de Patricia Highsmith, publicada en 1962.   “La banalización de una excelente historia”[1], fue el subtítulo de este artículo de Castro, en el cuál argumenta que la prolífica producción cinematográfica de Chabrol hace patente su irregularidad en esta versión que no rinde honores al complejo thriller psicológico propuesto en la novela de Highsmith, reconocida escritora tejana, particularmente recordada por sus intrincadas historias policíacas y detectivescas, en las cuáles es frecuente encontrar la fórmula invertida de las tradicionales historias de detectives y ladrones. El ladrón, el maleante, no siempre fue tan malo. El  protagonista es el fugitivo, con el que los lectores nos identificamos y al que no queremos ver atrapado y condenado al final del libro. El Grito de la Lechuza es otra excepción dentro de la excepción. Una joven, comprometida con su novio, se enamora de un fisgón recién llegado a Pensilvania que la observa por las noches. El novio de la joven enfurece de celos y desaparece tras una pelea junto al río, para acusar al voyerista de un asesinato sin cadáver.  A diferencia de otras novelas de Highsmith, en este caso, el implicado es inocente, pero  como elemento perturbador en el triángulo amoroso, el mirón es el acusado perfecto. Así retrata Highsmith la doble moral de los vecinos inquisidores de Robert Forrester: “Hemos encontrado dos balas. También son del treinta y dos. Robert miró a su alrededor con más detenimiento. Las caras eran hostiles. -¿Cómo vino a parar  aquí esta perra? –preguntó la mujer del abrigo y el camisón. –Entró. Le di algo  de comida porque estaba hambrienta. - ¡Era nuestra perra, y usted no tenía  ningún derecho a hacerlo! La mujer se adelantó un paso, y un hombre flaco,  más bajo que ella, la siguió, poniéndole una mano sobre el brazo. -Marta- dijo él. -¡No me da la gana! ¡Usted! ¡Matar a nuestra perrita! ¡Hacerla entrar  en esta casa terrible para que la mataran a ella en lugar de usted! ¡Usted sí  merece que lo maten! ¡Lo merece! -Vamos, Marta, la ley ya... Hubo un  murmullo de solidaridad, unos gruñidos de aprobación entre la gente. Un  policía bajó la cabeza para reírse en silencio, cambiando miradas de regocijo  con sus compañeros. -Mató a un hombre, ¿no es cierto? -chilló la mujer  llamada Marta, dirigiéndose a Lippenholtz, que permanecía en silencio-. ¿No  es cierto? -repitió ahora preguntando a los presentes. -Sí -dijeron dos  personas a coro. -¡Y ahora ha matado a mi perrita! ¡Un animal inocente!  ¡Además es un fisgón! ¡Un fisgón indecente! -¡Qué asco! -dijo un anciano  volviéndose hacia la puerta abierta-. No sé por qué estoy aquí. -Ni yo- murmuró otro, saliendo a su vez. -¡Pagará lo de mi perrita! -declaró Marta [2] . La banalización de una excelente historia. La complejidad psicológica de los personajes de Highsmith, se reduce en la película de Chabrol, según Antonio Castro, a una insípida historia entre buenos y malos. De la misma forma, los vecinos, los acusadores, los inquisidores, reducen la complejidad de la desaparición de Greg, a la impulsiva necesidad de buscar un culpable perfecto que les haga parecer mejores personas, ciudadanos ejemplares y decentes guardianes de la ley. Así sea necesario enrostrarle la muerte de alguno que no está muerto y de paso, de una perra inocente. Otra mirada a la lechuza del Junior El pasado domingo 27 de febrero, un jugador de fútbol, durante una transmisión en directo, jugando en cancha rival, cometió el grueso error de patear una lechuza tendida en la grama del estadio Metropolitano de Barranquilla.  Estamos de acuerdo en la flagrante violencia del acto. Estamos de acuerdo en la condición inaceptable de tal comportamiento. Tendremos que concordar en la necesidad de no pasar por alto como sociedad comportamientos inexcusables que denigren, maltraten y violenten a otro ser vivo. Pero no parece muy claro que la furibunda reacción social en el país y por fuera de él,  sea precisamente un ejemplo democrático de magnanimidad, reivindicación por el respeto y la dignidad de  los seres vivos no humanos. Inmediatamente se desató la furia nacional -con los vítores de “asesino, asesino” entonadas en el coro fragoroso de las tribunas del Metropolitano- la implacable persecución de micrófonos y periodistas al ahora famoso y vituperado jugador del Pereira, las conclusiones clarividentes y precipitadas que se han escuchado en estos días (por ser futbolistas, son unos patanes. Vea usted, la ignorancia bruta pateando a la sabiduría), las noticias equívocas sobre la salud de la lechuza, los mensajes furibundos por Twitter, el plantón ante la Dimayor, marchas, grupos en Facebook, la lechuza embalsamada, y por último, amenazas de muerte al jugador y a su familia, en un país donde amenazan y matan por hacer un autogol, por lesionar a Giovanny Moreno en Argentina o por cometer el error de patear a un ave nocturna frente a las cámaras de televisión y jugando de visitante. Algunos mensajes, publicados por defensores a ultranza -recién ahora¬- de los derechos de los animales, rezan por ejemplo (los errores de ortografía no son míos): • Boten al salvaje bruto Luis Moreno no solo del equipo, sino de Colombia y no lo dejen volver a entrar a ningún país civilizado. • A ese negro panameño disque futbolisa y agresor de lechuzas deben golpearlo hasta que muera asi como el lo hizo con la lechuza. ese negro asqueroso es un desgraciado demente y merece pagar por lo que hizo • Deberian acostarlo en el piso y darle una patada tan fuerte como la que el le dio al buho, pero en la parte donde mas le duele....a ver como siente!!! • Que horror, si la dimayor no hace algo es vergonzoso, el Pereira debería enviar a su país a este individuo enfermo, que tal si por ser negro todo el mundo lo pateara como el lo hizo con la lechuza por ser un animal indefenso, habría hecho lo mismo con un leon o un tigre o un perro furioso, no lo creo • Esperamos ver actuar a la dimayor, al pereira y al junior PIRRY POR FA haz algo. [3]  (…) Murmullos de solidaridad, gruñidos de aprobación entre la gente. Pagará por ello! (…) Y entonces, mientras invocamos a Pirry para que haga algo, desnudamos en el frenesí desbocado nuestro fariseísmo más solapado, nuestros sesgos racistas y xenófobos, nuestros prejuicios atávicos, nuestra violencia más rancia, nuestra raigambre vengativa y revanchista. Cabría preguntarse varias cosas: ¿Y si el jugador que pateó la lechuza jugara de local, en la cancha del Hernán Ramírez Villegas?, ¿Y si no hubiera sido televisado en directo el incidente?, ¿Y si no se tratara del emblema agorero del JU-JU, que cuando sobrevuela el Metropolitano anuncia la victoria de los Tiburones de Barranquilla? Se nos olvida que en el 2009, Jaider Romero, jugador del Junior, también pateó otra de las lechuzas que suelen anidar en el estadio. Entonces no pasó nada y la tribuna no le gritó asesino [4]. El proceso de la banalización La banalización de lo importante, se nutre de tres fuentes: la primera, el recurso de la  superficialidad; la segunda, la ambivalencia moral; la tercera, la supresión de lo esencial. La imagen del animal nos puede servir en esta ilustración. • Un artículo del año 2006, escrito por Lucía Rodríguez Noriega, llama la atención sobre una confusión acerca del ave de la diosa Atenea. Tradicionalmente, el ave que representa a la diosa griega de la sabiduría ha sido identificada con la lechuza (Tito Alba), aunque el citado estudio demuestra por medio de pruebas históricas, etimológicas, literarias y figurativas, que tal presunción no parece del todo correcta. Las evidencias apuntan mejor a otra ave de la familia de las rapaces nocturnas, el mochuelo (Athene noctua), de menor tamaño, ojos grandes y color amarillento, con la cual, como afirma Rodríguez Noriega, la lechuza solo guarda “una semejanza superficial” [5] . Convertir lo importante, lo que requiere alguna forma de análisis en profundidad en un cotilleo mediático, polarizante, en comidilla de diletantes a través de una semejanza superficial, es el primer ingrediente en el proceso de la banalización. • En segundo lugar, la figura de la lechuza representa la ambivalencia innata del hombre de todas las épocas. Pocos animales han ostentado en la historia de la cultura lecturas tan disímiles.  Desde ser considerada mensajera de noticias funestas a través de su canto, su presencia o su vuelo, hasta ser imaginada como símbolo de la prudencia, la inteligencia y  la cordura. Desde  la imagen fantasmagórica de las brujas nocturnas, el ave siniestra que se bebe el aceite de las lámparas, hasta la imagen heráldica de la mayor serenidad  y reflexión. Desde las brujas de Ovidio, hasta la lechuza fantasma de Harry Potter, la capacidad de ver mejor en la noche puede ser, para algunos, una virtud diabólica de las rapaces nocturnas, y para otros, la evidencia de la sabiduría que penetra en las tinieblas de la ignorancia.  La misma ambivalencia es evidente en nuestros juicios: algunos pretenden vengar la muerte de la Tito alba barranquillera con la lapidación pública del ofensor panameño. Cabría preguntar si algunos de los enfurecidos que le gritaban “asesino” a Jaime Moreno, no son los mismos que se tranzan a golpes  con las barras bravas de los equipos visitantes a la salida de la tribuna donde anidan las lechuzas, o se hacen retratar para las notas sociales en los tendidos taurinos de la Santamaría. • Por último, la banalidad se alimenta de la ofuscación en torno a lo esencial.  Como afirma Luiz Ruffato, en relación con la violencia de las favelas en Brasil: “Hay una violencia mayor, que es la que no se ve”.  En su novela Ellos Eran Muchos Caballos, retrata la brutalidad en las periferias de Sao Pablo a través de la mirada del perro callejero que pasea el escenario de las violencias cotidianas. “Lo insoportable de la pobreza es interpelado por el ojo insaciable de unas ratas hambrientas” [6] .  Según Ruffato, si tan sólo nos quedamos en los márgenes de la descripción de los hechos a través de los medios, si no se percibe el dolor en el coliseo de la barbarie, si el foco no está en el dolor de las víctimas y los vulnerables, el resultado es la banalización de la violencia, el festinamiento de la crueldad. En la novela de Ruffato, como en el Ensayo Sobre la Ceguera de Saramago, es el otro, el animal, la rata hambrienta, el perro callejero, el perro de las lágrimas, la lechuza maltratada en nuestro caso, quien nos interpela, quien nos cuestiona desde la mediación de las víctimas. ¿Los buenos somos más? Parece claro que aún estamos lejos de la ética de la compasión de Schopenhauer,  de la ética de la reverencia por la vida de Albert Schweitzer y por supuesto, de la ética discursiva de Habermas.  Y con seguridad, convertir lo importante en insulso, no es el mejor atajo hacia un mayor imaginario de valores. Como en la novela de Patricia Highsmith, El Grito de la Lechuza, quizá el culpable no sea el señalado por todos. Como en las novelas de Patricia Highsmith, quizá los buenos no somos más. Quizá no somos tan buenos como pensamos. Algunos patean lechuzas, otros, defraudamos en otras formas. “El hombre no debe compasión a los animales, sino justicia”, decía Schopenhauer.   Quizá nos quepa a todos en esta sociedad, algo de la responsabilidad compartida por las muchas formas de injusticia que vivimos, aplaudimos y condenamos, en el teatro equívoco de nuestras violencias rutinarias. Notas de pie de página [1]   Castro, Antonio. El grito de la lechuza: la banalización de una excelente historia. Revista de cine, ISSN 0212-7245, Nº 170, 1989 , págs. 10-12.  [2]   Highsmith, Patricia. El Grito de la lechuza. Plaza & Janés Editores, S.A., 1997 [3]    Disponible en:  {http://www.rcnradio.com/noticias/28-02-11/convocan-plant-n-por-violenta-agresi-n-de-jugador-contra-una-lechuza-en-estadio-de} [4]    Disponible en:  {http://www.citytv.com.co/videos/332954/jaider-romero-tambien-patea-la-lechuza-del-metropolitano} [5]    Rodríguez –Noriega Guillén, Lucía. Intentando socavar una falsa creencia: la identidad del ave de Atenea.  STVDIVM. Revista de Humanidades,  12 (2006), ISSN: 1137-8417, pp. 103-111. [6]   Friera Silvina. Discuto la banalización de la violencia.  Entrevista a Luiz Ruffato.  Página 12. Sábado 8 de enero de 2011. Disponible en : {http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-20432-2011-01-08.html}

Páramo de Santurbán: El agua o el oro

 Domingo, 19 de Diciembre de 2010 21:03

TOMADO DE RAZON PUBLICA

El proyecto de minería a cielo abierto en donde nacen los ríos que surten al principal acueducto de Santander pende de decisiones que cambiarían la historia de la región.

Audiencia incompleta

Saúl Ortiz Barrera y Óscar Darío Amaya fueron los hombres que pusieron en jaque la inversión de más de mil millones de dólares que la compañía canadiense Greystar Resources Ltd. proyecta en la mina de oro "Angusturas", en el municipio de California, en Santander.

Enclavada en la cordillera oriental de los Andes, allí sólo se llega por una carretera destapada, que comunica a Bucaramanga con la provincia de Soto Norte. El acceso es difícil, especialmente ahora que llueve. En este invierno la carretera ha estado cerrada la mayor parte del tiempo, y la última vez que ello ocurrió, el bloqueo se extendió por ocho días. Los derrumbes son frecuentes y la estrecha calzada no permite el tránsito simultáneo en ambos sentidos.

Precisamente por esa situación calamitosa el Tribunal Administrativo de Santander y el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, decidieron repetir la audiencia pública que exige la ley, para dar vía libre al proyecto minero.

La compañía canadiense esperó todo el año la licencia ambiental para comenzar a extraer de estas montañas frías y rocosas unas 11,5 millones de onzas de oro y 61 millones de onzas de plata, durante los siguientes 15 años. Es la cuarta parte del oro que anualmente exporta Colombia, un metal por el que los inversionistas extranjeros pagaron este año hasta 1.432 dólares la onza troy y del que, una vez en el mercado mundial, un 75 por ciento va a la fabricación de joyas[1].

Ortiz y Amaya, Veedor Ciudadano y Procurador Delegado para Asuntos Agrarios, respectivamente, lograron que se repita la audiencia que contará ahora con la participación de las organizaciones que creen que con esa decisión también está en juego el suministro de agua para los dos millones de habitantes que habitan la zona metropolitana de Bucaramanga.

Las aguas de la capital santandereana provienen del páramo de Santurbán, en cuyas faldas la Greystar pretende echar a andar su proyecto aurífero, ubicado en un complejo ecosistema de bosque alto andino y de lagunas, a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

La Justicia y el Gobierno Nacional les dieron la razón y en cerca de un mes se deberá repetir la audiencia con la comunidad. Esta vez en la capital departamental "de forma tal, que se ofrezcan el máximo de garantías"[2]. 

El primer tiempo

Para el ministerio, la ausencia de un número significativo de ciudadanos en la primera audiencia es "mérito suficiente para ordenar la celebración de una segunda Audiencia Pública Ambiental"[3].

El día de la impugnada audiencia, el domingo 21 de noviembre, la zona urbana del municipio de California estaba más llena que nunca. "Esto no se ve así ni en junio, cuando hay fiestas", dijo un lugareño, que llegó al casco urbano desde la vereda "Ramírez", a 40 minutos en un autobús contratado por Greystar.

En California viven 1.793 personas y en Vetas, el otro municipio donde estaría la infraestructura del proyecto "Angosturas", habitan otras 2.349[4], es decir 4.142 pobladores entre los dos, el 0,21 por ciento de los habitantes del departamento de  Santander.

Unas 1.300 personas -incluidos 40 "robocops" del escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional, decenas de soldados del batallón Caldas y un piquete de agentes fuertemente armados del distrito de Policía de Santander- llegaron hasta allí para escuchar las dudas y  las expectativas de la comunidad sobre el proyecto que, según Greystar, creará 1.500 empleos directos durante la construcción y 800 en los 15 años de operación.

Los concurrentes bien pudieron ser más, pero a tres kilómetros de la localidad de Matanzas, a dos horas de camino por la carretera hecha un barrial por el invierno, se quedaron 600 activistas, que desde las cuatro de la mañana habían partido de Bucaramanga.

Estudiantes, sindicalistas, profesores, líderes políticos, ambientalistas y científicos que se oponen al proyecto y habían exigido la audiencia, no pudieron llegar al sitio porque el río Suratá, inusualmente crecido en esos días, se llevó media calzada y los autobuses no lograron pasar. Durante más de dos horas bloquearon el paso de otros automotores y se quedaron, a un lado del camino, esperando que el ministerio anunciara la cancelación de la audiencia. Pero fue inútil. Mientras esperaban a la vera de la carretera y el hambre agitaban los ánimos de campesinos y comerciantes, que con sus cargas les reclamaban a los estudiantes y otros activistas que dejaran pasar. En el coliseo de California funcionarios del ministerio oían expresiones de apoyo a la multinacional canadiense y a su proyecto aurífero.

¿Audiencia manipulada?

En la primera audiencia se notó el entusiasmo de los asistentes, que aplaudían la intervención del alcalde de Vetas, Arley Esteban Arias, quien celebró que no estuvieran "los que recogen firmas en Bucaramanga, pero nunca han pisado este suelo".

Cuando el alcalde dijo "¡a aquellos que quieren acabar con la minería les decimos: que pase lo que pase, este ha sido nuestro pasado, es nuestro presente y será nuestro futuro!", la ovación fue cerrada, sobre todo entre las personas que habían conseguido puesto en el coliseo municipal. Muchas de ellas llevaban cintillas azules con el logotipo de la Greystar, o camisetas blancas y uniformes caqui, de la Ventana Gold Corp, otra de las empresas canadienses interesadas en explorar minas en la región, pese a que la Ley 1.382 de 2010 excluyó las zonas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, de la posibilidad de explotación minera.

La saliente directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Eugenia Ponce de León, afirmó en una entrevista con El Espectador[5], que los páramos "son ecosistemas únicos, frágiles, vulnerables", pero aceptó que no hay "la cartografía adecuada para que haya claridad sobre la delimitación de dónde empieza el páramo". A esa incertidumbre se apega Greystar.

En su momento la empresa canadiense también rechazó las acusaciones de voces como la del diputado a la Asamblea Departamental, Roberto Schmalbach, quien denunció la falta de garantías para los opositores en la audiencia. "Estamos en igualdad de condiciones; todos tenemos los mismos derechos", respondió Luis Guillermo Laserna, gerente de Asuntos Públicos de la Greystar. "El que quiso venir, aquí está; llegó hasta gente desde Cartagena y Lima (Perú)", acotó Blanca Frías, de la compañía Ventana Gold Corp.

Ese día Laserna explicó que el manejo ambiental de su  proyecto garantiza "un efecto neto positivo" sobre el ecosistema, pese a que se removerán de un tajo millares de metros cúbicos de materiales de la montaña, se usará un 0,5 por ciento de los 9,6 litros por segundo que tiene el río que abastece el acueducto de Bucaramanga, y la extracción de oro implicará, necesariamente, el uso de cianuro. "Devolveremos 6 hectáreas por cada una que afectemos" prometió.

Y por lo visto, la mayoría de los habitantes de estas tierras le creen a la Greystar, como dice el eslogan de la compañía, colgado en las paredes y los postes de toda la región.

Muchos californianos y vetenses están complacidos porque por estas tierras, antes desvalorizadas, ahora ofrecen cifras tentadoras; otros destacan las oportunidades de empleo y capacitación en joyería o la inversión social por 3 mil millones de pesos que ha hecho la compañía, especialmente en los últimos años.

El concejal de Cambio Radical y ex alcalde de California, Javier Ignacio Peña Ortiz, confía en que la minería que se va a desarrollar en la zona cumpla con los estándares ambientales más estrictos.

Cifras como los 150 millones de dólares que dice haber invertido la empresa en 15 años de exploración, generan expectativas de todo tipo en un pueblo "donde ni los políticos vienen a pedir votos cuando hay elecciones" como lo denunciaron algunos pobladores en sus intervenciones de tres minutos ante el ministerio.

La lucha es también por el agua

En Bucaramanga, a 45 kilómetros de California, Angosturas está en boca de todos.

El proyecto lo comentan los taxistas, en las paredes del centro hay  grafitis y los periódicos regionales, "Vanguardia Liberal" y "El Frente", le dedican  titulares, editoriales y páginas de publicidad. 

Entre la música de reguetón y vallenatos, en las emisoras se escuchan las cuñas pagadas por la compañía para informar de sus planes de responsabilidad social.

Pero la prevención es creciente. El 18 de noviembre, entre cinco mil y ocho mil bumangueses, dependiendo de la fuente, salieron a las calles a rechazar la megaminería en el páramo.

Fue la tercera marcha con la misma consigna: la defensa del agua de esta ciudad con casi un millón de habitantes, que en épocas de tiempo seco, tienen graves dificultades para satisfacer la demanda del vital líquido. Por eso ya está proyectado otro embalse, a unos 6 kilómetros de donde estaría la operación minera.

El movimiento en defensa del Páramo de Santurbán integra a sectores y entes que tradicionalmente no trabajan juntos. Además de grupos ambientalistas y de izquierda, el Acueducto de Bucaramanga, la seccional de la Federación Nacional de Comerciantes, la Sociedad de Ingenieros y la Sociedad de Mejoras Públicas, son decididos opositores del proyecto.

Minera multada, presión sobre medios

Otro de los contrapesos a ese tipo de minería es la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CMBD), que ya multó a la empresa por daños al ecosistema durante la exploración.

La entidad encontró que los sistemas de tratamiento de los drenajes de túneles y los lixiviados de las escombreras de la compañía, que sólo maneja este proyecto en todo el mundo,  no cumple con lo dispuesto en la ley. 

Además no tienen archivo ambiental, ni bitácora de la interventoría. Tampoco han culminado los sistemas sépticos en la mayoría de los sitios que ya lo requieren.

Esto intentó denunciarlo Claudio Beltrán Quesada, columnista de todos los viernes en el diario "El Frente", el medio más proclive al proyecto en la región, pero su columna le fue devuelta con una nota de la dirección que decía: "No puedo publicar su columna por no ser compatible con el pensamiento de la dirección del periódico. Espero entienda las razones".

Episodios como éste han alimentado las suspicacias sobre la campaña de la empresa minera a favor de su proyecto.

Luis Carlos Estupiñán, del Comité en Defensa del Agua y profesor de la Universidad Santo Tomás, lo explica con un dicho santandereano: "esto es pelea de guayaba con toche".

El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien citó un debate en el Congreso sobre el tema, describe la situación como "una gigantesca operación para cuadrar opinión pública y un  proceso de cooptación mediante lisonjas. Sólo por eso se le debería negar la licencia ambiental".

Declarar la zona Parque Regional

Ellos y otros doscientos críticos del proyecto, entre biólogos, ingenieros, hidrólogos y autoridades ambientales, se reunieron al día siguiente de la audiencia en un hotel de Bucaramanga, decidieron impugnarla y pedir que la zona sea declarada Parque Regional, lo cual descartaría cualquier explotación minera, incluso la artesanal, que hoy les da sustento a cientos de familias en la región de Soto Norte. Lo primero ya lo lograron.

Lo segundo podría pasar en cualquier momento. En el vecino departamento de Norte de Santander se le cerró la puerta a la minería en la franja oriental del Páramo de Santurbán. 

La Corporación Autónoma de Norte de Santander (Corponor) declaró este año cerca de 12 mil hectáreas de ese páramo como parque regional.

"El páramo no se puede cuidar solo. Hacen falta más de 70 mil hectáreas para que Santurbán esté protegido integralmente" afirmó Sergio Niño, ingeniero de Corponor, quien  recomendó lo mismo a los defensores del Páramo en Santander.

El Ministerio de Minas se opone a que ésta sea la forma de dirimir el conflicto entre zonas mineras o de preservación. El viceministro Tomás González, en un reciente foro de la revista "Semana" y Avina, una organización sin animo de lucro, que contribuye a la búsqueda de modelos sostenibles de desarrollo humano en América Latina, calificó esa posibilidad como "un absurdo".  

Cabe recordar que sobre los páramos colombianos hay actualmente 391 títulos mineros, que afectan 108.972 hectáreas y son nacimientos de la mayoría de las fuentes de agua del país.

La ministra de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, ha dicho que "tenemos el reto de impulsar el desarrollo de la economía minera de una manera sostenible" y agregó que "si hay que decir que no, se dice no con claridad, pero rápido; y si hay que decir que sí, igual".

El factor tiempo, que hace una semana corría a favor de la Gresytar, ahora parece ir en su contra. 

Según la ley, después de la audiencia, el ministerio de asuntos medioambientales tiene 45 días para tomar una decisión. Ahora todo vuelve a comenzar y es improbable que la licencia salga antes de tres meses.

"Angosturas", según dijo Steve Kesler, presidente de Greystar al diario bogotano "La República"[6], esperaba comenzar a mediados de 2011. Hoy "el temor es que no vemos que las reglas en Colombia estén claras", confesó el alto cargo.

El sector minero, que en cuestión de 15 años pasó de representar un 24 por ciento a un 41,9 por ciento de las exportaciones colombianas y que en el primer semestre de 2010 atrajo inversiones por 4.781 millones de dólares, tiene los ojos puestos en el resultado de este proceso.

Unos dos millones de santandereanos también; para bien o para mal, esta decisión podría cambiar para siempre la historia del páramo, sus aguas, de departamento y su población.

* Periodista y estudiante de Maestría en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana.

Notas de pie de página

El proyecto de minería a cielo abierto en donde nacen los ríos que surten al principal acueducto de Santander pende de decisiones que cambiarían la historia de la región. Audiencia incompleta Saúl Ortiz Barrera y Óscar Darío Amaya fueron los hombres que pusieron en jaque la inversión de más de mil millones de dólares que la compañía canadiense Greystar Resources Ltd. proyecta en la mina de oro "Angusturas", en el municipio de California, en Santander. Enclavada en la cordillera oriental de los Andes, allí sólo se llega por una carretera destapada, que comunica a Bucaramanga con la provincia de Soto Norte. El acceso es difícil, especialmente ahora que llueve. En este invierno la carretera ha estado cerrada la mayor parte del tiempo, y la última vez que ello ocurrió, el bloqueo se extendió por ocho días. Los derrumbes son frecuentes y la estrecha calzada no permite el tránsito simultáneo en ambos sentidos. Precisamente por esa situación calamitosa el Tribunal Administrativo de Santander y el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, decidieron repetir la audiencia pública que exige la ley, para dar vía libre al proyecto minero. La compañía canadiense esperó todo el año la licencia ambiental para comenzar a extraer de estas montañas frías y rocosas unas 11,5 millones de onzas de oro y 61 millones de onzas de plata, durante los siguientes 15 años. Es la cuarta parte del oro que anualmente exporta Colombia, un metal por el que los inversionistas extranjeros pagaron este año hasta 1.432 dólares la onza troy y del que, una vez en el mercado mundial, un 75 por ciento va a la fabricación de joyas[1]. Ortiz y Amaya, Veedor Ciudadano y Procurador Delegado para Asuntos Agrarios, respectivamente, lograron que se repita la audiencia que contará ahora con la participación de las organizaciones que creen que con esa decisión también está en juego el suministro de agua para los dos millones de habitantes que habitan la zona metropolitana de Bucaramanga. Las aguas de la capital santandereana provienen del páramo de Santurbán, en cuyas faldas la Greystar pretende echar a andar su proyecto aurífero, ubicado en un complejo ecosistema de bosque alto andino y de lagunas, a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. La Justicia y el Gobierno Nacional les dieron la razón y en cerca de un mes se deberá repetir la audiencia con la comunidad. Esta vez en la capital departamental "de forma tal, que se ofrezcan el máximo de garantías"[2].  El primer tiempo Para el ministerio, la ausencia de un número significativo de ciudadanos en la primera audiencia es "mérito suficiente para ordenar la celebración de una segunda Audiencia Pública Ambiental"[3]. El día de la impugnada audiencia, el domingo 21 de noviembre, la zona urbana del municipio de California estaba más llena que nunca. "Esto no se ve así ni en junio, cuando hay fiestas", dijo un lugareño, que llegó al casco urbano desde la vereda "Ramírez", a 40 minutos en un autobús contratado por Greystar. En California viven 1.793 personas y en Vetas, el otro municipio donde estaría la infraestructura del proyecto "Angosturas", habitan otras 2.349[4], es decir 4.142 pobladores entre los dos, el 0,21 por ciento de los habitantes del departamento de  Santander. Unas 1.300 personas -incluidos 40 "robocops" del escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional, decenas de soldados del batallón Caldas y un piquete de agentes fuertemente armados del distrito de Policía de Santander- llegaron hasta allí para escuchar las dudas y  las expectativas de la comunidad sobre el proyecto que, según Greystar, creará 1.500 empleos directos durante la construcción y 800 en los 15 años de operación. Los concurrentes bien pudieron ser más, pero a tres kilómetros de la localidad de Matanzas, a dos horas de camino por la carretera hecha un barrial por el invierno, se quedaron 600 activistas, que desde las cuatro de la mañana habían partido de Bucaramanga. Estudiantes, sindicalistas, profesores, líderes políticos, ambientalistas y científicos que se oponen al proyecto y habían exigido la audiencia, no pudieron llegar al sitio porque el río Suratá, inusualmente crecido en esos días, se llevó media calzada y los autobuses no lograron pasar. Durante más de dos horas bloquearon el paso de otros automotores y se quedaron, a un lado del camino, esperando que el ministerio anunciara la cancelación de la audiencia. Pero fue inútil. Mientras esperaban a la vera de la carretera y el hambre agitaban los ánimos de campesinos y comerciantes, que con sus cargas les reclamaban a los estudiantes y otros activistas que dejaran pasar. En el coliseo de California funcionarios del ministerio oían expresiones de apoyo a la multinacional canadiense y a su proyecto aurífero. ¿Audiencia manipulada? En la primera audiencia se notó el entusiasmo de los asistentes, que aplaudían la intervención del alcalde de Vetas, Arley Esteban Arias, quien celebró que no estuvieran "los que recogen firmas en Bucaramanga, pero nunca han pisado este suelo". Cuando el alcalde dijo "¡a aquellos que quieren acabar con la minería les decimos: que pase lo que pase, este ha sido nuestro pasado, es nuestro presente y será nuestro futuro!", la ovación fue cerrada, sobre todo entre las personas que habían conseguido puesto en el coliseo municipal. Muchas de ellas llevaban cintillas azules con el logotipo de la Greystar, o camisetas blancas y uniformes caqui, de la Ventana Gold Corp, otra de las empresas canadienses interesadas en explorar minas en la región, pese a que la Ley 1.382 de 2010 excluyó las zonas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, de la posibilidad de explotación minera. La saliente directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Eugenia Ponce de León, afirmó en una entrevista con El Espectador[5], que los páramos "son ecosistemas únicos, frágiles, vulnerables", pero aceptó que no hay "la cartografía adecuada para que haya claridad sobre la delimitación de dónde empieza el páramo". A esa incertidumbre se apega Greystar. En su momento la empresa canadiense también rechazó las acusaciones de voces como la del diputado a la Asamblea Departamental, Roberto Schmalbach, quien denunció la falta de garantías para los opositores en la audiencia. "Estamos en igualdad de condiciones; todos tenemos los mismos derechos", respondió Luis Guillermo Laserna, gerente de Asuntos Públicos de la Greystar. "El que quiso venir, aquí está; llegó hasta gente desde Cartagena y Lima (Perú)", acotó Blanca Frías, de la compañía Ventana Gold Corp. Ese día Laserna explicó que el manejo ambiental de su  proyecto garantiza "un efecto neto positivo" sobre el ecosistema, pese a que se removerán de un tajo millares de metros cúbicos de materiales de la montaña, se usará un 0,5 por ciento de los 9,6 litros por segundo que tiene el río que abastece el acueducto de Bucaramanga, y la extracción de oro implicará, necesariamente, el uso de cianuro. "Devolveremos 6 hectáreas por cada una que afectemos" prometió. Y por lo visto, la mayoría de los habitantes de estas tierras le creen a la Greystar, como dice el eslogan de la compañía, colgado en las paredes y los postes de toda la región. Muchos californianos y vetenses están complacidos porque por estas tierras, antes desvalorizadas, ahora ofrecen cifras tentadoras; otros destacan las oportunidades de empleo y capacitación en joyería o la inversión social por 3 mil millones de pesos que ha hecho la compañía, especialmente en los últimos años. El concejal de Cambio Radical y ex alcalde de California, Javier Ignacio Peña Ortiz, confía en que la minería que se va a desarrollar en la zona cumpla con los estándares ambientales más estrictos. Cifras como los 150 millones de dólares que dice haber invertido la empresa en 15 años de exploración, generan expectativas de todo tipo en un pueblo "donde ni los políticos vienen a pedir votos cuando hay elecciones" como lo denunciaron algunos pobladores en sus intervenciones de tres minutos ante el ministerio. La lucha es también por el agua En Bucaramanga, a 45 kilómetros de California, Angosturas está en boca de todos. El proyecto lo comentan los taxistas, en las paredes del centro hay  grafitis y los periódicos regionales, "Vanguardia Liberal" y "El Frente", le dedican  titulares, editoriales y páginas de publicidad.  Entre la música de reguetón y vallenatos, en las emisoras se escuchan las cuñas pagadas por la compañía para informar de sus planes de responsabilidad social. Pero la prevención es creciente. El 18 de noviembre, entre cinco mil y ocho mil bumangueses, dependiendo de la fuente, salieron a las calles a rechazar la megaminería en el páramo. Fue la tercera marcha con la misma consigna: la defensa del agua de esta ciudad con casi un millón de habitantes, que en épocas de tiempo seco, tienen graves dificultades para satisfacer la demanda del vital líquido. Por eso ya está proyectado otro embalse, a unos 6 kilómetros de donde estaría la operación minera. El movimiento en defensa del Páramo de Santurbán integra a sectores y entes que tradicionalmente no trabajan juntos. Además de grupos ambientalistas y de izquierda, el Acueducto de Bucaramanga, la seccional de la Federación Nacional de Comerciantes, la Sociedad de Ingenieros y la Sociedad de Mejoras Públicas, son decididos opositores del proyecto. Minera multada, presión sobre medios Otro de los contrapesos a ese tipo de minería es la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CMBD), que ya multó a la empresa por daños al ecosistema durante la exploración. La entidad encontró que los sistemas de tratamiento de los drenajes de túneles y los lixiviados de las escombreras de la compañía, que sólo maneja este proyecto en todo el mundo,  no cumple con lo dispuesto en la ley.  Además no tienen archivo ambiental, ni bitácora de la interventoría. Tampoco han culminado los sistemas sépticos en la mayoría de los sitios que ya lo requieren. Esto intentó denunciarlo Claudio Beltrán Quesada, columnista de todos los viernes en el diario "El Frente", el medio más proclive al proyecto en la región, pero su columna le fue devuelta con una nota de la dirección que decía: "No puedo publicar su columna por no ser compatible con el pensamiento de la dirección del periódico. Espero entienda las razones". Episodios como éste han alimentado las suspicacias sobre la campaña de la empresa minera a favor de su proyecto. Luis Carlos Estupiñán, del Comité en Defensa del Agua y profesor de la Universidad Santo Tomás, lo explica con un dicho santandereano: "esto es pelea de guayaba con toche". El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien citó un debate en el Congreso sobre el tema, describe la situación como "una gigantesca operación para cuadrar opinión pública y un  proceso de cooptación mediante lisonjas. Sólo por eso se le debería negar la licencia ambiental". Declarar la zona Parque Regional Ellos y otros doscientos críticos del proyecto, entre biólogos, ingenieros, hidrólogos y autoridades ambientales, se reunieron al día siguiente de la audiencia en un hotel de Bucaramanga, decidieron impugnarla y pedir que la zona sea declarada Parque Regional, lo cual descartaría cualquier explotación minera, incluso la artesanal, que hoy les da sustento a cientos de familias en la región de Soto Norte. Lo primero ya lo lograron. Lo segundo podría pasar en cualquier momento. En el vecino departamento de Norte de Santander se le cerró la puerta a la minería en la franja oriental del Páramo de Santurbán.  La Corporación Autónoma de Norte de Santander (Corponor) declaró este año cerca de 12 mil hectáreas de ese páramo como parque regional. "El páramo no se puede cuidar solo. Hacen falta más de 70 mil hectáreas para que Santurbán esté protegido integralmente" afirmó Sergio Niño, ingeniero de Corponor, quien  recomendó lo mismo a los defensores del Páramo en Santander. El Ministerio de Minas se opone a que ésta sea la forma de dirimir el conflicto entre zonas mineras o de preservación. El viceministro Tomás González, en un reciente foro de la revista "Semana" y Avina, una organización sin animo de lucro, que contribuye a la búsqueda de modelos sostenibles de desarrollo humano en América Latina, calificó esa posibilidad como "un absurdo".   Cabe recordar que sobre los páramos colombianos hay actualmente 391 títulos mineros, que afectan 108.972 hectáreas y son nacimientos de la mayoría de las fuentes de agua del país. La ministra de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, ha dicho que "tenemos el reto de impulsar el desarrollo de la economía minera de una manera sostenible" y agregó que "si hay que decir que no, se dice no con claridad, pero rápido; y si hay que decir que sí, igual". El factor tiempo, que hace una semana corría a favor de la Gresytar, ahora parece ir en su contra.  Según la ley, después de la audiencia, el ministerio de asuntos medioambientales tiene 45 días para tomar una decisión. Ahora todo vuelve a comenzar y es improbable que la licencia salga antes de tres meses. "Angosturas", según dijo Steve Kesler, presidente de Greystar al diario bogotano "La República"[6], esperaba comenzar a mediados de 2011. Hoy "el temor es que no vemos que las reglas en Colombia estén claras", confesó el alto cargo. El sector minero, que en cuestión de 15 años pasó de representar un 24 por ciento a un 41,9 por ciento de las exportaciones colombianas y que en el primer semestre de 2010 atrajo inversiones por 4.781 millones de dólares, tiene los ojos puestos en el resultado de este proceso. Unos dos millones de santandereanos también; para bien o para mal, esta decisión podría cambiar para siempre la historia del páramo, sus aguas, de departamento y su población. * Periodista y estudiante de Maestría en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Notas de pie de página [1] No Dirty Gold: Consumer education and action for minning reform. Washington  D.C. Eathworks 2005. Páginas  305 y 306. http://www.nodirtygold.org/home.cfm [2] Expediente 2010-0877-00 del Tribunal Administrativo de Santander [3] Auto No. 4251 del 3 de diciembre de 2010, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  [4] DANE. Censo 2005 [5] "Ahora el debate es por la delimitación de los páramos". 9 de diciembre de 2010. http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-239596-ahora-el-debate-delimitacion-de-los-paramos [6] "No vemos reglas claras para otorgar la licencia al proyecto de Angostura". 9 de diciembre de 2010.  http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2010-12-09/no-vemos-reglas-claras-para-otorgar-la-licencia-al-proyecto-de-angostura_117067.php