Niña Blanca, Niña Negra

Tomado de www.razonpublica.com

ECONOMIA Y SOCIEDAD

Domingo, 12 de Junio de 2011 21:56

En el Año Internacional de los Afro-descendientes, una crónica desgarradora de dos vidas y de lo que dicen estas vidas sobre el país que hemos sido y el país que seremos. Negra verdad Un sabio dicho entre adultos reza: “los niños y los borrachos no se callan la verdad”. Pues bien, me he tropezado por estos días con la prueba fehaciente de que tal expresión está hoy más que nunca vigente: una niña contando una incómoda verdad. En una de tantas conversaciones que aprovecho para indagar por la percepción de realidad de niños y niñas -solo para reafirmarme en que ellos están mejor ubicados en el tiempo y el espacio que los propios adultos- me encontré con la hija de una amiga cercana, Juanita* [1], una niña vivaz de esas que siempre tienen algo que decir para sorprender y “entretener” a los adultos. Apenas me vio llegar, me recibió emocionada con una noticia: “-¡Hay una niña negra en mi casa!”. Tratando de ponerme a la altura de tal afirmación, le respondí: - “¡Ah, qué bueno, tienes una nueva amiguita!” y mostré interés en su entusiasmo invitándola a continuar con su historia, ansiosa por saber para dónde iba. Lo que sobrevino fue nada más y nada menos que el pasado, el presente y el futuro de nuestra sociedad, transcrito en el mundo de una niña de 9 años. Juanita continuó diciendo: - “Pues, qué te dijera: no es mi amiga, hay muchas cosas de ella que no me gustan”. Acto seguido se despachó con una lista punto por punto de todas las cosas que no le gustaban de esta “niña negra”, que iban desde su manera de hablar hasta la de comer, para finalmente decir que lo más molesto era que “lloraba por todo”.   - “¿Cómo así que por todo? Dame un ejemplo”, le pedí.   Y me respondió con un dejo de enojo: -“Llora todo el tiempo, porque no quiere ser negra”.   María [2]* llora porque no quiere ser negra. Pero, “¿Quién es María?”, me pregunté. La historia de Teresa De la bolsa de los lugares comunes que visito a diario en este tema, salieron poco a poco todas las razones. María es la hija de Teresa [3], a quien sus empleadores llaman “Nanny”. Una mujer negra en sus veintitantos, quien hace más de 6 años dejó sus hijos (María y Juan [4]) al cuidado de sus abuelos en su natal Corozal, para viajar a la fría Bogotá a cuidar a los hijos de otros (Juanita y Pedro [5]). Luego de años de ausencia forzada, un mal día llamaron a Teresa para contarle que su hija había sido víctima de abuso sexual (me enteré hace unos meses por mi amiga). Teresa viajó inmediatamente, llena de tristeza y de culpa por no haber estado allí, por haber tenido que escoger entre la supervivencia y el cuidado de sus hijos. Después de un par de meses, decidió quedarse permanentemente al lado de María y de Juan, tras enfrentar la impotencia de no haber podido denunciar al atacante de María, alguien cercano al entorno social de la niña. Bueno, lo de la denuncia es otra historia (¿o la misma?): cuándo Teresa fue a instaurarla, el “funcionario” le sugirió no hacerlo, puesto que el ICBF podría quitarle la custodia alegando abandono, ya que ella había estado ausente por largos períodos. Seamos honestos: ¿Teresa; mujer, mujer negra, mujer negra, pobre y madre soltera, contra el sistema? Nada que hacer: pelea de tigre con burro amarrado. En fin, la realidad le gana al deseo. Teresa se vio sin trabajo, sin dinero y señalada por una sociedad que la culpaba de la desgracia de su hija. Ante esto se vio obligada a regresar a Bogotá, esta vez con María. Atrás quedó Juan, pues en una situación de éstas, siempre hay decisiones por tomar y sacrificios por hacer. He ahí la historia de por qué llora tanto María. María llora y llora porque al llegar a Bogotá se ha estrellado de frente con una realidad que no le gusta y que para ella empieza a relacionarse con la marcada diferencia entre “niña blanca” y “niña negra”. La mirada del otro La brecha sociocultural que separa a Corozal de Bogotá (empezando con el hecho de que en Corozal la gente sonríe y saluda), se exacerba cuando se le añade la vida de Juanita, para quien Teresa reserva todas las atenciones propias de una madre como parte de su contrato. Entretanto, la pequeña María, extraña entre extraños, asimila la información. Se inicia el proceso de construcción de la negritud identitaria de María, marcado desde ya por la negación del ser negra, por la baja autoestima y por la perpetuación del estereotipo racial. En paralelo, se va construyendo la “blancura social” de Juanita. Se elabora su percepción del otro, de sus diferencias, de sus anhelos y de cómo se supone que debe desarrollarse esa relación entre “los otros” y ella. Sí, hay una niña negra en la casa de Juanita. Eso le causa confusión, porque no la hay en su colegio, ni en su barrio, ni en su edificio, ni en el centro comercial, ni en los bancos, ni en Mac Donald’s, donde se supone que convergen niños y niñas “como ella”. La invalidación llega a tal punto que Juanita cree que María se ha “venido a vivir a Colombia”. Estoy ciento por ciento segura de que Juanita sabe que Colombia es nuestro país, pero debo entender que para ella María representa una otredad no solo desconocida, sino completamente foránea.   Colombia desigual María y Juanita son las dos caras de un escenario desalentador para el futuro. Ambas, desde sus futuros predecibles, podrían tristemente ser quienes en representación de nuestra siguiente generación reproduzcan todo aquello que está mal en la estructura del Estado-Nación: El mito de la democracia racial, la subvaloración de la diversidad humana y cultural, la negación soterrada de la discriminación y por supuesto, los factores socio-económicos que perpetúan la desigualdad entre blanco-mestizos y negros. Es obvio que a ninguna de las dos se le puede culpar por pensar lo que piensan y sentir lo que sienten. Arrastramos esta historia a lo largo de tantos siglos que no será fácil borrar de nuestro imaginario el signo trágico de la diferencia racial y lo que ésta implica. El Año Internacional de los Afrodescendientes ha entrado con fuerza, tras la promulgación oficial por parte de Naciones Unidas. Se siente en el ambiente un énfasis mediático y público, en tonos más fuertes, de lo que implica ser negro y descendiente de África en la contemporaneidad y desde la diáspora. No puedo negar que me emociono cuando abro un periódico de circulación nacional y veo hablar de “afro descendientes” y “afrocolombianos” a página entera. Me emociona igualmente leer los debates planteados por reconocidos intelectuales colombianos que se oponen a las acciones afirmativas, cuestionando si se deben o no reconocer derechos diferenciados a aquellos excluidos históricamente, hasta del lenguaje. Difiero por supuesto, pero me emociono con el solo hecho de que este tema ocupe sus prestigiosas columnas y alienten discusiones serias. Ni qué decir de campañas de medios masivos apoyadas por agencias como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del anuncio de programas de cooperación con muchos ceros, enteramente dedicados a grupos étnicos afrocolombianos e indígenas. Por mencionar solo algunos ejemplos. Preguntas sin respuesta Todo esto está muy bien, porque sin importar qué tan acertado o desacertado sea, nos está obligando a pensar, expresar y conceptuar lo que hemos callado por años. Pero, mientras nos ponemos de acuerdo, nos organizamos y damos las grandes peleas que habrá que dar para cambiar un sistema que parece sentirse cómodo en su mentira, me pregunto:   ¿Qué pasará con Juanita y María? ¿Quién les enseñará lo que se debate en los foros de alto nivel? ¿Quién les contará que ni la blancura de Juanita la hace mejor, ni la negrura de María la hace menos? ¿Quién les enseñará lo que resume la Declaración del Año Internacional? ¿O lo que guardan las memorias de los seminarios de la cooperación y los encuentros de intelectuales? ¿Quién le dirá a Juanita que María sí vive en Colombia? Me atrevo a decir que nadie. Ni sus madres lo harán, ni sus abuelos, ni sus maestras, ni Discovery Kids, ni Hannah Montana. ¿Roles heredados, sin remedio? Me temo lo peor. Me temo que Juanita de grande buscará también una niñera negra vestida de impecable blanco (¿como enfermera?) para que cuide sus retoños. Me temo que María traerá al mundo hijos de su exclusión, de su negación de sí misma, de su asimilación, que es casi resignación frente a una realidad que para ella podría estar escrita así, sin derecho a cambio ni réplica. Cada una desde su esquina, cumpliendo roles heredados. Me temo que aún no estamos listos para responder con la responsabilidad que nos compete como adultos desde nuestras orillas, a los cuestionamientos existenciales de Juanita y María, ciudadanas en formación… * Consultora para el desarrollo local y la creación de políticas públicas con enfoque étnico diferencial. Asesora de Cooperación de la Embajada de Japón. @aura926

La Empresa de Teléfonos de Bogotá: patrimonio público contra rapacidad privada

Tomado de www.razonpublica.com.

Esta mirada retrospectiva del manejo de la ETB señala una cadena de errores estratégicos nacidos de la obsesión irracional por privatizarla. Hay opciones lógicas para que la ciudad conserve la empresa como patrimonio público, y los recursos para hacerlo están al alcance de la mano [1].  (By Jaime Castro ExAlcalde de Bogotá D.C).

Historia de disparates
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) no vive su mejor momento y no hay la menor duda de que los responsables de cuidarla han perdido el norte: su accionista mayoritario - la propia administración distrital con cerca del 90 por ciento del capital social - y quienes la han dirigido y administrado en los últimos años.

• En 1994 la ETB adquirió el 33 por ciento de la naciente Comcel, invirtiendo más de 200 millones de dólares financiados en parte con sus propios recursos y en parte con deuda. La ETB no podía quedarse por fuera de la telefonía celular.

• En 1999, se valoró en 375 millones de dólares la participación de la ETB en Comcel, la primera empresa de telefonía celular del país y una de las más grandes de América Latina.

• Pero la administración distrital y la Presidencia de la Empresa no valoraron el tesoro que tenían entre sus manos. Por eso se negaron a hacer las capitalizaciones decretadas por Comcel y naturalmente la participación de la ETB se fue diluyendo.

• Para rematar, en 2002 terminaron "regalando" por 52 millones de dólares su paquete de acciones de Comcel.

Nada aconsejaba hacer esta venta. Había que permanecer en Comcel, porque las empresas de telefonía celular en Colombia ya habían logrado ventajas significativas que garantizaban su futuro, que resultó muy brillante por cierto.
De los contratos se eliminó la cláusula que las obligaba a revertir al Estado sus equipos, adquirieron el derecho a prorrogar esos contratos por 10 años más, pagando apenas el 10 por ciento de lo que les habían costado los primeros 10 años y obtuvieron la licencia que les permitió prestar servicios de larga distancia, sin tener que pasar por las redes de las empresas operadoras de dicho servicio.
 

No hay la menor duda: la ETB incurrió en graves equivocaciones estratégicas. Primero, se dejó diluir en Comcel. Luego, vendió su participación y lo hizo para fundar OLA, en la que invirtió 270 millones de dólares, operación con pérdidas monumentales que casi hunden definitivamente a la ETB.

Para salir del atolladero
En resumen, la ETB hizo un pésimo negocio: cambió el 33 por ciento que tuvo en Comcel (que hoy posee un patrimonio de 4,7 billones de pesos) por el 25 por ciento de TIGO (Colombia Móvil, patrimonio de 0,212 billones de pesos).


Esta es una de las causas, tal vez la principal, de la dramática situación que vive la ETB. Es innegable que se ha quedado rezagada en materia tecnológica, que no ocupa ningún espacio en los negocios de las modernas tecnologías de información y comunicación (TICS) y que no está en condiciones de afrontar la dura competencia del mundo en que se mueve: necesita una buena inyección de capital, alrededor de un billón y medio de pesos.

Se han formulado básicamente dos propuesta para salir del atolladero:

• vender un paquete accionario grande y entregar el control operativo y el manejo de la empresa a quien lo compre, que se llamaría el socio estratégico,

• o simple y llanamente, vender toda la ETB y entre más pronto mejor.

Analizo ahora estas iniciativas y exploro otras posibilidades.

Privatización disfrazada de capitalización

Se ha intentado privatizar la empresa en dos ocasiones y en ambas se ha fracasado:

• En al año 2000, la Procuraduría ordenó que se archivara lo ejecutado en ese sentido, por razones jurídicas.
• Recientemente, simplemente no hubo proponentes.

Lo que pretendió la ETB, en esas dos ocasiones, fue repetir lo que se había hecho con la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). Conviene recordarlo:

• Para empezar, se planteó la necesidad de capitalizar la EEB, no de privatizarla, lo que en realidad se hizo a la postre. Si se hubiese hablado de privatización, se habrían tenido que ofrecer las acciones en primer lugar y en condiciones más favorables al sector social, es decir, a los trabajadores y ex trabajadores y a sus organizaciones, cosa que no se quería: lo que se buscaba en realidad era entregar al capital privado, extranjero de preferencia, el control y el manejo de la Empresa de Energía y de sus filiales Codensa y Emgesa.

• En un segundo momento, el aporte del socio estratégico en vez de ingresar a las arcas del Distrito, como lógicamente hubiera debido ocurrir, pues era éste quien vendía, entró directamente a la tesorería de las empresas que se capitalizaban.

• En un tercer momento, el socio estratégico o inversionista, que había asumido el control operativo de las empresas resolvió que las empresas capitalizadas tenían exceso de capital, razón por la cual convenía descapitalizarlas.

El balance de lo que pasó es conocido: el socio estratégico recuperó su inversión en poco tiempo y quedó con un paquete accionario importante de valiosas empresas, que dirige y controla.
Algo parecido hubiera ocurrido en el caso de la ETB si hubiese aparecido el socio estratégico tan buscado. El pliego de condiciones de la licitación permitía a los proponentes pedir las formas de control operativo que a bien tuvieran. Antiguos funcionarios de Codensa -que fueron los cerebros de sus descapitalizaciones- asesoran hoy en día a la ETB. Aunque dicen que al perro no le cortan la cola dos veces, esa operación se la quisieron repetir al Distrito.


Otras malas decisiones
En 1998 la ETB compró una licencia de larga distancia, que le costó 150 millones de dólares. Esa inversión no se justificaba, porque el negocio de larga distancia había empezado a marchitarse ante el desarrollo imparable de la voz sobre IP (en inglés VoIP, por Voice on Internet Protocol). Esos recursos habrían sido mejor empleados en programas urgentes, como la expansión de la fibra óptica.


Pensando en hacerse más atractiva frente a un eventual inversionista estratégico, la Empresa ejecutó un masivo plan de retiro de empleados, que le costó 140.000 millones de pesos, liquidando la indemnización a que tenían derecho sus beneficiarios cuatro veces por encima de lo exigido por la ley.

Pero también retiró en forma irracional personal calificado que sí necesitaba para el desarrollo de sus actividades y que ahora ha tenido que vincular como asesores externos, mediante contratos de outsourcing.

Y encima de todas estas pésimas decisiones, la DIAN acaba de establecer que la Empresa deberá pagar a los retirados una indemnización adicional, por haber hecho retenciones indebidas.


Capitalización sin resultados
En 2003, la ETB decidió capitalizarse con recursos del sector privado. Emitió acciones que hoy representan el 11 por ciento de su capital social. Más de 60.000 bogotanos se convirtieron en nuevos socios de la Empresa y se inyectaron recursos por un valor nada despreciable: 240.000 millones de pesos.


Entre los nuevos accionistas se cuentan los seis principales fondos privados de pensiones y varios fondos de cesantías, que eligen dos de los siete miembros de la junta directiva, con derecho a veto sobre temas tan importantes como la disposición de activos, el endeudamiento, las inversiones y la designación de presidente y vicepresidente financiero de la ETB.

Esa operación financiera no se tradujo en la modernización de la compañía, en su actualización tecnológica o en su manejo empresarial. No se conocen los aportes concretos del sector privado al mejoramiento de la Empresa y a la superación de sus dificultades. Pero se sabe que inicialmente fueron los principales promotores de la búsqueda del inefable socio estratégico y últimamente de la venta de la ETB.

Considera la Junta Directiva que "a la luz de las condiciones del mercado, ETB en el mediano plazo no estará en capacidad de generar los fondos internos necesarios para acrecentar su valor futuro" y que se ha podido "establecer la pérdida de valor de la Empresa y la permanente necesidad de recursos para mantener su competitividad, pues se requiere de grandes inversiones para ofrecer los servicios que el mercado demanda".

En consecuencia, la Junta recomienda "fundadamente" que se venda ya la ETB, porque la Empresa no puede generar los recursos que financien las "grandes inversiones" que debe realizar y el Distrito tampoco puede hacer los aportes necesarios. Ni siquiera se plantea la necesidad y conveniencia de mejorarla antes, para que pueda venderse a un precio superior.
Venderla ahora, cuando sus directivos se han encargado de decirle al mercado que la empresa no tiene futuro, causaría grave detrimento patrimonial al Distrito. Llama la atención que los promotores de la venta guarden silencio sobre el destino que tendrían los recursos que la operación genere.

Se limitan a decir que con ellos se financiaría "inversión social", cuando lo que se impone es adquirir otro bien productivo o financiar proyectos como el metro. Semejante propuesta equivale a que se venda la gallina de los huevos de oro para que el Alcalde de turno se ponga sombrero de plumas.


Faltó imaginación y creatividad
Con todo respeto por la Junta Directiva, por la Presidencia de la compañía -que al parecer ha recibido como única instrucción la de vender la Empresa- por la banca de inversión y por la propia administración distrital, presente en la sesión de la Junta que decidió enajenar la ETB, debe anotarse que ha faltado imaginación y creatividad para buscar y encontrar el billón y medio de pesos que al parecer cuestan las inversiones necesarias para hacer presencia competitiva en los negocios que el mercado pide.


Ese billón y medio de pesos hay que buscarlo y encontrarlo, sin necesidad de vender la Empresa. El Distrito, que tiene la representación jurídica de la ciudad, es decir de las varias generaciones de bogotanos, que como trabajadores y suscriptores de sus servicios crearon y consolidaron la Empresa y la siguen sosteniendo, no puede tener otra prioridad económica. La Junta cree que tiene otras. Está equivocada, porque en la coyuntura actual, la prioridad económica de Bogotá debe ser la recuperación de su empresa de telecomunicaciones.

Sin ser especialista en altas finanzas corporativas, me atrevo a presentar dos opciones entre las varias que deben estudiarse para que la ETB llegue a ser una empresa de telecomunicaciones integradas. Mis sugerencias no tienen nada excepcional. Podría decirse, inclusive, que son de mero sentido común.

• En primer lugar, puede proponerse que el Distrito capitalice los dividendos para ampliar su participación en la compañía. Aunque su valor es relativamente pequeño frente a los ingresos corrientes tributarios y no tributarios de la ciudad, entre 1999 y el 2010 la ETB giró al Distrito justamente un billón y medio de pesos por concepto de dividendos.

• Otra fórmula viable también al alcance del Distrito, propietario del 89 por ciento de la Empresa de Energía de Bogotá, que está invirtiendo fuera del país algo más de 600 millones de dólares: ¿Si la Empresa de Energía tiene capacidad para invertir en el exterior, por qué no utiliza su músculo financiero para invertir en la ETB, capitalizándola y haciéndose socio suyo, así fuera únicamente para determinados proyectos?

Las empresas de energía en todo el mundo están migrando hacia el dinámico sector de las telecomunicaciones, debido a las sinergias entre las actividades de ambos sectores. También puede pensarse que la ETB tenga un aliado estratégico, no socio estratégico, que aporte recursos y tecnología.
Las fórmulas propuestas, o una combinación de ellas y de otras que puedan evaluarse, deben recuperar la empresa y conservarla como patrimonio público, o por lo menos ponerla en condiciones que permitan venderla por lo que realmente vale y su capacidad futura de generar valor en un gran mercado cautivo como Bogotá, si es que más tarde se decidiera enajenarla de todas maneras, para cambiarla por otro activo productivo que conserve y mejore el patrimonio público de Bogotá.


Cuidar el patrimonio de Bogotá
Es claro que las grandes ciudades y los departamentos no pueden financiarse, única y exclusivamente, con los impuestos que cobran y las participaciones que reciben de las rentas de la Nación. Deben tener otra clase de ingresos. Por eso deben tener patrimonio propio, como sus empresas de servicios públicos, cuyas utilidades o excedentes se incorporan como ingresos corrientes en sus presupuestos.


Las regiones sin presencia directa en los sectores energético y de telecomunicaciones, no tienen futuro. La fuerza de Medellín como ciudad y de Antioquia como departamento radica precisamente en que han sabido conservar y mejorar su patrimonio. Nadie en Medellín pensaría que EPM deba descapitalizarse o que se justifique buscar un inversionista privado o incluso venderse.

Lo que interesa a los paisas es ampliar el radio de acción de su empresa emblemática de servicios públicos. Por eso nada de raro tendría que EPM pronto preste algunos de sus servicios en Cali. Y cuando surge un nuevo proyecto importante, como Pescadero-Ituango que vale 3.000 millones de dólares, la inversión más grande que se ejecuta en este momento en el país, la ciudad y el departamento lo hacen suyo y lo financian, sin necesidad de buscar socio estratégico.

Los accionistas, los directivos de la ETB y la administración distrital estamos obligados a pensar en grande, con visión de futuro, sin inmediatismos, a asumir los retos de la hora, a comportarnos como lo hicieron quienes con su trabajo y las tarifas que pagaron convirtieron a la ETB en un valioso patrimonio público de la ciudad.


* Abogado, ex ministro de Estado, ex alcalde de Bogotá, pequeño accionista de la ETB.

@CastroAlcalde  

Reforma de la educación superior: calidad versus ánimo de lucro

Publicado en RAZON PUBLICA.COMDomingo, 03 de Abril de 2011 21:22

La propuesta del gobierno está basada en verdades parciales que resultan en una gran mentira y en no entender el ejemplo de los países que invoca. Su resultado no podrá ser sino bajar la calidad, agravar la inequidad y confirmar nuestro subdesarrollo. Pero hay otro camino.   El desatino Los gobiernos colombianos han tratado a la educación pública como a la loca de la casa: hay que mantenerla viva, escondida, vestirla de gala para ocasiones especiales y, si la oportunidad lo permite, salir de ella lo más pronto posible. Durante años la educación pública superior ha sido una carga soportada con molestia por gobiernos que nunca han encontrado en ella rendimientos -ni electorales ni económicos. La reforma, lanzada con pompa y sitio virtual por el gobierno Santos, es un paso más en el camino que lleva hacia el abandono definitivo de esta molesta loca de la casa. La reforma es una mezcla curiosa de mediocridad, arrogancia y obediencia[1]. Parece suponer que sus destinatarios son personas ignorantes a quienes será posible convencer con pedazos de verdades que sumadas terminan siendo una mentira gigantesca. Como dijo el rector de la Universidad Nacional, los autores del proyecto se parecen a esos pacientes que "por lesión en el hemisferio derecho del cerebro, pierden la capacidad para captar lo que se sitúa al lado izquierdo de ellos. La mitad del horizonte deja de existir. Aunque lo vean, lo ignoran como si estuviera en otra dimensión del mundo real"[2] . La estrategia elegida no es nueva ni es eficiente. Es incluso ilusa en suponer que, gracias a los incentivos pertinentes, la codicia privada hará por la educación lo que dos siglos de olvido gubernamental y social no han logrado. Malos ejemplos Cuando muchos países del Tercer Mundo asumen sus propios caminos hacia el conocimiento y el desarrollo, los documentos del gobierno colombiano se ufanan de copiar lo que equivocadamente creen que han hecho otros países. Pretendiendo estar al día, presentan a Estados Unidos como modelo a imitar, pero olvidan que es el mejor caso en contra de la educación superior con ánimo de lucro, y el mejor a favor de una educación de alta calidad sin ánimo de lucro. Ninguna de las universidades privadas de calidad de los Estados Unidos habrían sido las instituciones de alto nivel de hoy, si hubieran seguido los consejos de los asesores a la penúltima moda del Banco Mundial y sus imitadores locales. Al buscar ejemplos en la región, optan por el modelo educativo del Brasil, pero olvidan que este país ya incorporó a 35 millones de personas a la economía mediante empleos formales y mejoras de salario. Olvidan que la inversión estatal en las universidades públicas de élite ha crecido muy por encima del crecimiento del PIB. Y olvidan, por último, que la calidad de la educación con ánimo de lucro en Brasil es tan mala como lo puede ser en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, dejan por fuera la estrategia educativa de Singapur y los llamados "tigres asiáticos". En esos otros países, los Estados tomaron en serio la idea de que sería imposible competir sin una educación del más alto nivel. Cambiaron no sólo la educación superior, sino todo el sistema educativo, con altísimas inversiones estatales. Los resultados están a la vista: basta recordar el lugar de Colombia en las pruebas internacionales, y los de Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y otros países que optaron por jugársela toda alrededor de la educación. Piratas y negociantes La vieja "nueva" estrategia del gobierno consiste básicamente en atraer la inversión privada a la educación superior, con el propósito de elevar la cobertura a un 50 por ciento en 2014, con 650,000 cupos nuevos, disminuir el desempleo juvenil, bajar en cuatro o cinco puntos porcentuales la tasa de desempleo global, y promover la innovación con calidad. El primer punto supone una inversión privada adicional en educación que ningún país del mundo ha visto jamás. En la versión colombiana, ya podemos sospechar de dónde vendrá esa inversión, a qué intereses servirá y qué efectos tendrá sobre el sistema de educación superior. Como se trata de multiplicar el número de centros, facultades, institutos y universidades de enseñanza, sin investigación, todos los caminos conducen a esos modelos insuperables de creatividad educativa que han sido y son Carlos Moreno de Caro, con su universidad recién inaugurada en Bogotá, César Pérez García[3], con su modelo antioqueño de educación superior para la política, o más cerca, aquí en Cali, el modelo de la Universidad Santiago de Cali, antes del movimiento estudiantil y profesoral que en este mismo momento está intentando poner orden en casa. No todos los empresarios educativos responden por supuesto a este perfil. Muchos de ellos aspiran a mejorar la oferta educativa, aportar nuevos programas y en el proceso obtener algunos excedentes; pero la mayoría de los innovadores carece del capital necesario para poner en marcha un centro de educación superior. La otra fuente de financiación y de ideas empresariales vendrá del exterior. No vendrán, como sueñan algunos, las mejores universidades del mundo, pero sí aquellas que ya han desarrollado ventajas en la educación masiva y a distancia, sin investigación, como podría ser, por ejemplo, la Universidad de Phoenix, en Arizona. Las franquicias y alianzas de negocios ya deben estar listas para hacer uso de las nuevas oportunidades abiertas. Es obvio que las ventajas de estas universidades no están ni en la investigación ni en la innovación, sino en la educación superior masiva y con costos decrecientes. No abundaré aquí en las inmensas posibilidades que abren las nuevas instituciones en materia de préstamos, contratos, y fondos estatales al pasar a manos privadas en proyectos imposibles de vigilar y de auditar. Además del ingreso y la legitimación de capitales poco santos al mundo más blanco de la educación superior. ¿Cuál universidad? Ya Jorge Iván González y Edna Bonilla (Razón Pública, marzo 21 de 2011 link) han alertado sobre el error conceptual -cometido por este gobierno y por el anterior- de suponer que los costos de la educación superior de calidad son decrecientes. Doblar el número de estudiantes no permite disminuir el costo por estudiante de la misma forma que decrece el costo de reproducir un video, un cd o una vacuna. Pero el error conceptual de los asesores económicos de estos gobiernos va más allá de no comprender el carácter creciente de los costos en una educación superior de calidad. En realidad, esos asesores están pensando en otro tipo de educación superior. Tienen en mente una educación basada en la docencia sin investigación, con alta carga de enseñanza a distancia, y una limitada fracción de profesores de tiempo completo obligados a enseñar, digamos, seis cursos por semestre. Sólo así puede explicarse que haya instituciones de educación superior con ánimo de lucro. Ganancias y educación superior sólo podrían ir de la mano si renunciaran a todas las funciones distintas a la docencia elemental y a la administración de las ganancias. En Colombia ni siquiera las universidades privadas de calidad más dudosa habrían podido sobrevivir sin el apalancamiento financiero proveniente de fundaciones, empresas privadas, ciudadanos y del mismo Estado. La idea fundamental de que la educación es un bien público no es un principio abstracto, producto de las elucubraciones teóricas de economistas liberales. En general, la educación superior está condenada a ser pública -no importa por qué vía o mediante qué tipo de arreglo económico o administrativo. Sin embargo, el gobierno nacional ha apostado todas sus cartas y el futuro de la educación, la igualdad y el desarrollo a la más inocua de las alternativas: aumentar cupos mediante la inversión privada en educación de dudosa calidad. El ejemplo de Brasil Lo ha hecho mirando hacia el Sur, hacia Brasil, cuya estrategia de expansión de la oferta en educación superior es la más citada en los documentos del gobierno. Vale la pena, entonces, averiguar hasta dónde el ejemplo del Brasil es tan bueno como el gobierno intenta hacernos creer. En efecto, la estrategia brasileña de crecimiento por la vía de la inversión privada y de la ampliación de las oportunidades de acceso ha tenido éxito: entre 1996 y 2007 la matrícula pasó de 1.868.529 a casi 5.000.000, los cupos pasaron de 610.355, en 1995, a 2.429.737, en 2005, y un 92 por ciento del total de 2.398 instituciones corresponde a pequeñas universidades dedicadas en forma exclusiva a la formación profesional [4] . Al mismo tiempo, el 34,4 por ciento de los alumnos de las universidades públicas pertenecen al 10 por ciento más rico de la población, mientras que este porcentaje crece a un 50 por ciento en las privadas. En el otro extremo, el 12 por ciento de los estudiantes de las públicas viene de los sectores más pobres, y sólo un 5 por ciento en las privadas[5] . ¿Qué indican estos datos? Que incluso suponiendo que la calidad fuera igual en todas las instituciones de educación superior, de no haber un cambio en el empleo y en la distribución del ingreso, sólo una muy pequeña proporción de los aspirantes de los sectores más pobres podría ir a la universidad y terminar sus estudios. Aún más: la población más rica, mejor educada y formada, se queda con más de la tercera parte de los cupos de las universidades públicas, sugiriendo que sólo los que han tenido buena educación primaria y secundaria pueden acceder a la educación brindada por las mejores universidades públicas. Pero la calidad, por supuesto, no es igual a lo largo de todo el sistema de educación superior brasilero, que por el contrario está en extremo estratificada, concentrándose en las universidades públicas y privadas de elite la mayor parte de los doctores, de los fondos de investigación y de la mejor docencia, mientras que facultades, centros de enseñanza e institutos privados con ánimo de lucro, imparten docencia profesional a los estudiantes de menores recursos y de formación académica más débil. En un mundo globalizado y competitivo en extremo, la formación profesional, sin fundamentos científicos y sin acceso a la cultura, conduce a empleos mal remunerados y sin perspectivas de disminuir la desigualdad. En últimas, la gran reforma educativa brasilera ni ha cambiado la desigualdad ni ha mejorado la calidad de la educación en su conjunto. Su efecto más visible es una profundización de la ya apreciable brecha que separa a los más ricos de los más pobres. Ha creado nuevas oportunidades de acceso a una educación que reproduce y amplía la desigualdad y cierra el camino hacia el desarrollo de las capacidades indispensables para competir y disfrutar en un mundo más complejo. Pero esto es sólo una verdad a medias. Desde el primer gobierno de Lula, Brasil está apostando por una estrategia distinta de desarrollo. El Estado brasilero está invirtiendo en alternativas educativas de alto costo, basadas en dar la mejor educación científica a los más pobres, integrándolos en procesos investigativos reales del más alto nivel. Con una inversión de 25 millones de dólares, y bajo la dirección del científico Miguel Nicolelis, ya se adelanta el plan para el desarrollo de la Educación (PDE) en la ciudad nordestina de Natal. Prevé la creación de 354 institutos para dar a niños y jóvenes de menores recursos una educación basada en la ciencia. La versión colombiana de lo que ocurre en Brasil está tejida con muchas verdades a medias, que se convierten en una mentira muy grande. Modelo de educación, modelo de desarrollo Tal como ocurrió en Brasil, la decisión de Colombia tiene que ver, por supuesto, con apuestas más profundas. Está relacionada con el modelo de desarrollo elegido por este gobierno y sus vínculos con la estrategia de su predecesor. El desarrollo especulativo basado en la minería y en los servicios, y la carga inercial del gasto militar, han conducido al país a una senda de desarrollo inferior, sin espacio ni para la innovación ni para la igualdad. Santos habría podido elegir una ruta distinta. Habría podido apostar por un gran salto educativo, una inversión de largo plazo en capital humano, restringiendo el presupuesto de guerra y controlando el riesgo de negocios inciertos y de alto costo ambiental -como es la minería. Eligió continuar por la vía inercial, con una novedad en materia educativa, que no por inocua deja de ser peligrosa. ¿Cuál es el peligro, entonces? La propuesta educativa del gobierno podría propiciar una falla sistémica del conjunto de la educación colombiana. No se trata ni de la destrucción ni del ahogo financiero de la universidad pública -que no dejará de sobrevivir, entre otras porque el gobierno las requiere para mostrar que todavía hay educación superior de cierta calidad en el país. La amenaza es más profunda y afecta no sólo a la educación superior, sino a la primaria y secundaria. Dada la muy pobre calidad de la educación primaria y secundaria colombianas -pública y privada-, la expansión de la educación superior por la vía de la baja calidad y de la inversión privada conducirá a ampliar y reforzar aún más la brecha que separa a los pobres de los ricos. Los que vienen de los peores colegios, públicos y privados, terminarán estudiando, con préstamos del gobierno, en instituciones de dudosa calidad, porque no podrán aspirar a las universidades privadas y públicas de calidad, ni por formación ni por ingresos. Si, como lo plantea la reforma, la mayor parte de los nuevos cupos provendrá de las nuevas instituciones con ánimo de lucro, no es difícil entrever el destino de las muchachas y muchachos que ingresen a esas instituciones. Educados desde la primaria para la inferioridad y la exclusión, reafirmarán su lugar en la sociedad con una educación superior que ni cambiará su perspectiva intelectual ni los acercará a un ingreso mejor. La interacción entre una educación básica de pésima calidad y una educación superior que crecerá por la vía del menor esfuerzo al costo más bajo, dará lugar a un círculo vicioso del aumento en el número de cupos, las diferencias crecientes entre la mejor educación y la peor, la mayor proporción de estudiantes en las peores instituciones, y una concentración cada vez más fuerte de los mejor formados y más capaces en unas pocas universidades de elite, públicas y privadas. El pecado original Ese círculo vicioso tiene su base en el desprecio por la educación primaria y secundaria que han tenido los gobiernos y que éste también tiene. Doscientos o trescientos mil cupos nuevos en la educación superior no resolverán el problema fundamental de un sistema que desde muy temprano mata las posibilidades de nuestros niños. La magnitud del esfuerzo por realizar en la educación básica es tan grande que puede resultar intimidante. El problema, sin embargo, radica en que este gobierno ni siquiera ha intentado enfrentar la situación y plantear a sus ciudadanos cuál sería el esfuerzo a realizar si estuviéramos de acuerdo en dar un salto educativo, a todos los niveles. Por supuesto, hay alternativas distintas de esta torpe privatización. Todas pasan por transformaciones globales en el sistema educativo. Todas suponen altísimas inversiones de parte del Estado, incluyendo la creación de nuevas universidades públicas, y la transformación de la enseñanza, de los modelos pedagógicos y de las exigencias para los profesores de educación básica. Todas, también, requerirían de un cambio en el modelo de desarrollo, y la adopción de una estrategia que apostara al salto educativo y a la inversión en capital humano, en la perspectiva de una sociedad más igualitaria. Y requieren, también, que las universidades públicas se transformen profundamente. Comenzando por dar el paso obligado del silencio a la reflexión y a la acción sobre su propio destino. No olvidemos que la arrogancia y la mediocridad de esta reforma están a la altura de la resignación y pobreza intelectual que nos ha dominado por varias décadas. * Escritor, profesor del departamento de Economía de la Universidad del Valle. Su último libro, escrito con María del Pilar Castillo y Boris Salazar, es ¿A dónde ir? Un análisis del desplazamiento forzado. Notas de pie de página [1] Y hasta de humor: anuncia que podría poner impuestos a los empresarios privados que inviertan en el sector educativo. Con tantos incentivos, no hay ninguna duda acerca de la magnitud de la inversión por llegar. [2] El Espectador.com, 24 de marzo de 2011 [3] ¿Qué es lo que lleva a estos ejemplares de la casta política colombiana a lanzarse a la aventura educativa? Que ellos, a diferencia de los empresarios y educadores que están interesados en la educación, no sólo buscan educar a miles de jóvenes y obtener unas ganancias en el proceso, sino convertir a esos jóvenes, a sus familias, y asociados en parte de sus rebaños electorales. [4] Dias Sobrinho y De Brito. 2008 [5] Dias Sobrinho y De Brito, Op. cit.

El proyecto de reforma educativa: faltó audacia

POLITICA Y GOBIERNO

Lunes, 28 de Marzo de 2011 00:14

Hay distintos tipos de educación superior, de universidades, de investigación y de innovación productiva. El proyecto del gobierno confunde todo eso y no plantea por tanto una salida a la brecha creciente entre universidad y sector productivo ni aclara para qué se formarán los investigadores. Este texto precisa los conceptos y propone soluciones más audaces.  Tradición crítica En el mundo entero - y no sólo en Colombia - el sector educativo tiende a reaccionar con desconfianza ante cualquier propuesta de reforma que formule el gobierno de turno. Esa actitud es un reflejo casi natural de la tradición universitaria: a diferencia de otras instituciones, la universidad debe fomentar el espíritu crítico. No creo que haya entidades más difíciles de gobernar - o incluso de regular - que las Instituciones de Educación Superior (IES), siempre temerosas de un futuro diferente del pasado anclado en el statu quo. Lo cual resulta paradójico, pues la formación y la investigación deben tener como objetivo aprender a ver el mundo de otro modo. Un buen profesional no es el que obedece, sino el que logra hacer las cosas de una forma nueva. Un buen investigador no es el que sigue reglas y protocolos, sino el que soluciona problemas en forma original. Por tal razón, la crítica - además de deseable- resulta ser inherente a la vida universitaria. Peor que el fantasma de la privatización Como académico, no me puedo, pues, sustraer a la crítica del proyecto de reforma de la educación superior que ha presentado el gobierno[1]. Pero sospecho que es por razones distintas de las esgrimidas por otros analistas. Los temores de la mayoría de los profesores, estudiantes y administrativos de universidades públicas parten de un supuesto fantasma de la privatización, como lo ha llamado el rector de la Universidad Nacional, fruto supuestamente de una conspiración neoliberal. Yo no creo que el espíritu de la ley sea la privatización, sino algo más grave: el reconocimiento de que el Estado no puede garantizar los recursos que necesita el sector. De la misma forma que la desnutrición del sistema de ciencia y tecnología no se debe a que el país subestime a los investigadores, sino a que la innovación no se considera realmente prioritaria para el desarrollo económico y social, así se diga otra cosa de labios para afuera. Más que innovadora - como dice el gobierno- y más que maquiavélica - como temen sus críticos - yo creo que la propuesta de reforma de la educación superior es poco original e ingenua en algunos de sus supuestos y propuestas. Para presentar mis argumentos, quiero focalizar mi análisis en el trillado tema de la investigación y la innovación: dos conceptos que se invocan como garantía de seriedad institucional y proyección moderna. Investigación en instituciones muy diferentes El proyecto afirma que "la investigación... se constituye en función esencial de las IES". Resulta algo contradictorio que siendo el "fundamento de la docencia", según el texto, la investigación corresponda al penúltimo título, antes de las disposiciones transitorias. Esta función supuestamente universal de la educación superior refleja en realidad un problema de concepción del sistema. La heterogeneidad del sector educativo hace imposible legislar en este aspecto - como en cualquier otro - sin reconocer que hay diferentes tipos de IES. De hecho la ley tipifica explícitamente a las "universidades", como instituciones que deben reunir las características siguientes: desarrollar investigación con grupos reconocidos en las categorías más altas de la clasificación del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) y "tener al menos un programa doctoral". Empezaría por predecir que, si esta última condición se mantiene, es posible que tengamos una avalancha de doctorados de garaje. Tal vez sería conveniente pensar en ordenar primero el cierre de muchas "IES", como las de Teusaquillo, para lo cual se requeriría una nueva ley, pues la propuesta actual no da instrumentos para hacerlo. Pero trascendiendo la dimensión puramente nominal, el problema es que la propuesta de ley desconoce otras IES que seguramente cumplirían con estándares internacionales de universidades, es decir instituciones que forman profesionales, pero que no hacen investigación. En otras palabras se restringe la denominación de "universidad" a una categoría que en una clasificación más fina sería "universidad de investigación", que existen en muchos países. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 774 "universidades" acreditadas, sin contar con los colleges que tienen programas académicos de cuatro años: en total son más de 2.500 instituciones, pero sólo 250 son "de investigación". No es lo mismo diferenciar que discriminar. El que el apelativo "universidad" se restrinja implícitamente a las de investigación, tiene el efecto psico - social de profundizar una jerarquía que ya existe y fomentar una dinámica de ascenso social institucional: los tecnológicos aspiran a ser universidades, las universidades pedagógicas y técnicas quieren ser universidades a secas, y las universidades profesionalizantes quieren ser de investigación. La perversidad de la propuesta está en que hace lo contrario de lo que todos quieren: en vez de dignificar a los técnicos, ahora todos querrán ser, literalmente, doctores. El régimen financiero de la reforma es menos preciso al respecto. Los recursos adicionales quedan condicionados, entre otros factores, a "la promoción de la investigación y la innovación". ¿Qué significa promover? ¿Se puede promover investigación e innovación sin hacerla directamente? Eso depende de lo que se entienda por "investigación" e "innovación", dos de los términos más ambiguos en el análisis académico y económico. En su acepción más tradicional, pero no única, la investigación aspira a producir "nuevo conocimiento universal", no sólo para el investigador, su institución o incluso su país. "Innovación", también de muy distintos tipos La "innovación" es una actividad aún más vaga y variada. Existe aquella que se realiza sistemáticamente en los grandes laboratorios públicos, las universidades, los centros de investigación (públicos y privados) y las unidades de investigación y desarrollo empresariales. En Colombia cada una de estas formas de innovación existe, aunque en algunos espacios a escala muy reducida. Allí participan grupos de investigadores con Ph.D. y con alto potencial para desarrollar patentes o nuevos productos capaces de modificar su campo de aplicación. Crean ventajas competitivas que facilitan a las empresas entrar en el mercado y que involucran alta tecnología; es la innovación que debería estar asociada con el desarrollo de "sectores de talla mundial". Pero otro tipo de innovación se produce también mediante procesos de transferencia y adaptación: la "innovación incremental". Gran parte de la innovación productiva nace allí, porque es la que impacta particularmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Para que surja esta forma de innovación se requiere la presencia protagónica de técnicos e ingenieros capaces de hacer investigación "aplicada" en el interior mismo de las empresas, que no necesariamente se refleja en cambios en el estado del arte o en artículos académicos o patentes, por lo que se corre el riesgo de no ser reconocida por COLCIENCIAS. Esto acarrea otro problema de fondo, también relacionado con los distintos tipos de prácticas investigativas e innovadoras: ¿Cómo medir el grado de excelencia, pertinencia y efectividad de la "extensión" universitaria, que debería ser la correa de transmisión más directa entre las IES y las necesidades de su entorno productivo? Más aún: ¿Cómo promoverla y reconocerla sin que se convierta en un roto por donde se cuele lo más mediocre de la práctica extra-curricular académica? Ese, me parece, es el gran desafío de las universidades. Y no sólo aquí: este problema se está discutiendo desde Brasil hasta Gran Bretaña, incluyendo a Estados Unidos. La ley no proporciona luces al respecto. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) argumenta que las alianzas público-privadas permitirán a los empresarios "invertir" en los sistemas de investigación e innovación universitarios, movidos por el interés de que las IES encuentren soluciones innovadoras a problemas prácticos que requieren algún esfuerzo investigativo. Una larga historia ignorada Es ingenuo pensar que con esta ley se abran grandes posibilidades de articular alianzas entre empresarios y universidades, pues parece ignorar la larga historia científica y tecnológica del país y de la región. La literatura de hace medio siglo sobre innovación en América Latina sigue siendo hoy abrumadoramente actual. La dificultad en acercar a empresarios e IES ha sido analizada y diagnosticada desde los años setenta, dificultad que compartimos con países considerados como casos de éxito: en Brasil, Canadá e incluso Francia se quejan de esa misma dificultad. Las industrias irlandesas, ahora en desgracia, no se aliaron con el sistema educativo tradicional, sino que crearon una red de universidades que respondían explícitamente a las demandas empresariales. Sistemas similares de universidades politécnicas empresariales empiezan a surgir en España. En Colombia ese tipo de alianza podría hacerse sin modificar la ley 30, y en algunos casos con el auspicio de COLCIENCIAS, entidad que ha financiado buena parte de la investigación y formación de investigadores. Iniciativas como los "Centros de Excelencia" se financiaron con ese objetivo, inspiradas en experiencias del Canadá y Europa. Algunos produjeron buenos resultados académicos, pero el engranaje con las empresas sigue siendo exiguo o nulo. Faltó audacia La ley no proporciona instrumentos originales o ingeniosos para cerrar una brecha tan profunda como preocupante. Y no sólo en el ámbito estrecho de la investigación, sino también en el ámbito propio de la formación profesional. En fin, si las universidades están en crisis - no es sólo por falta de recursos - sino especialmente por su dificultad en conectarse con las demandas del entorno social y económico. La ley no se perfila como una apuesta audaz: hacer un llamado a los empresarios para que financien la investigación exigiría esquemas sofisticados de política científica y tecnológica, en la que la universidad es sólo uno de los actores. Los centros de investigación e innovación son otro engranaje del sistema y hoy están virtualmente desconectados de las IES: existen laboratorios en centros de investigación sin estudiantes doctorales. La nueva ley prevé la posibilidad de alianzas entre centros de investigación e innovación y universidades para desarrollar programas de postgrado[2], posibilidad que ya existía idéntica en la vieja ley 30 de 1992. Sería oportuno buscar y proponer instrumentos de fomento y reglamentación para estimular la búsqueda de posibles sinergias y no seguir duplicando esfuerzos. Los celos institucionales aislaron, hace cuarenta años, al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de la Universidad Nacional, lo que marchitó a una generación entera de más de 40 investigadores con Ph.D., en cuya formación había invertido el Estado. Y cuando se ignora la historia, tiende a repetirse periódicamente: fue también el caso de arqueólogos investigadores hace 20 años. ¿Entonces, quién va a hacer la investigación? La presencia de la brecha entre universidades, centro de investigación y desarrollo y empresas pone de manifiesto otra dimensión del problema: la carencia de un número suficiente de profesores con título de Ph.D. en el país. Según las cifras del MEN, son 4.600. Es decir, como decía un ex director de COLCIENCIAS, el "punto nada por ciento". No hay más de 100 programas doctorales en Colombia y al año se gradúan cerca de 150 Ph.Ds. ¿Quién va a hacer la investigación en las "universidades", si no llegamos al 5 por ciento de profesores con doctorado? Este problema no requiere una nueva ley, sino la voluntad política de fortalecer los programas de formación de investigadores, siendo el más importante el Programa "Generación del Bicentenario". Éste debe seguir enfocándose en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del cual hace parte el sistema universitario, pero con un énfasis claro hacia el fortalecimiento de la investigación. Los requisitos de edad, tan criticados, son precisamente una forma de renovar los grupos de investigación e innovación y así formar una nueva generación de profesores - investigadores. Aunque debemos formar muchos más doctores, aunque resulte paradójico, no se debe esperar que todos hagan investigación en el futuro. Este planteamiento aparentemente contradictorio sucede en la práctica de los sistemas educativos maduros. El sistema universitario, tanto en las IES de investigación (lo que el MEN llama "universidades") como en el resto de instituciones, debe tender a elevar continuamente el nivel promedio de los profesores, mediante incentivos que los anime a obtener las máximas calificaciones académicas posibles. Ese es el nivel del doctorado. Por lo tanto se debe propender por la formación de muchísimos doctores y convertir el título doctoral en un requisito formal para poder ocupar el cargo de profesor universitario de planta, como ya lo ha incorporado recientemente la Ley Orgánica de Educación Superior aprobada en Ecuador. Se dirá que el proyecto de ley viola el principio de la autonomía universitaria, el leitmotiv de las universidades públicas; sería conveniente entonces que sean los Consejos Superiores Universitarios, muchos presididos por el propio MEN, quienes revisen los estatutos para alinearlos en forma rigurosa con los nuevos requisitos de ingreso y permanencia en la carrera docente. De nuevo, esta reglamentación deberá reconocer la heterogeneidad entre las instituciones, pues la vocación de la Universidad Nacional, por ejemplo, no necesariamente es la misma de una universidad regional, sin ceder en la exigencia de requisitos de máxima calidad para los profesores de planta. Otro ángulo de análisis consiste en reconocer que, aunque no todos los doctores harán investigación, todos deberán tener la posibilidad de competir para hacerla. Es decir, los fondos de investigación no podrán alcanzar nunca a responder plenamente a todas las demandas de un sistema universitario, donde un porcentaje substantivo de profesores sean Ph.D. De hecho, eso sucede en los países que gradúan a grandes números de doctores. Pero muchos de estos doctores son absorbidos por el sector productivo y otros sectores, incluso el educativo, lo que redunda en una más elevada calidad de la educación. El caso extremo para mostrar ha sido Finlandia, donde se premia a doctores por enseñar en colegios. Sólo los mejores investigadores obtienen fondos de investigación, lo que también redunda en elevar la calidad de la investigación nacional. Por una crítica razonada La ley es criticable y debe ser criticada. Yo creo sinceramente que el Ministerio de Educación Nacional está invitando a hacer un ejercicio crítico, ofreciendo medios de participación que resultan pioneros en Colombia. Ojalá que el sector universitario participe activa y pacíficamente, como pidió la ministra y lo han solicitado todos los rectores. No hacerlo en forma razonada y razonable será una contradicción con la defensa del sistema de educación superior en general y de la universidad pública colombiana en particular. Alexis De Greiff A * Doctor en historia de la ciencia de la Universidad de Londres; Profesor e Investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, de donde fue Vicerrector General (2004 - 2006). Fue Sub - director de COLCIENCIAS (2007 - 2010). Notas de pie de página [1] Ver el proyecto de ley haciendo click aquí. [2] Artículo 9. Ver el proyecto de ley haciendo click aquí.

Minería en los páramos: el agua vale más que el oro

ECONOMIA Y SOCIEDAD - EN RAZON PUBLICA.COM

Lunes, 28 de Marzo de 2011 00:11

Un examen riguroso de los datos y los hechos muestra que el proyecto de extracción de oro en Santurbán es ilegal y es sumamente nocivo. Aunque la compañía acabó por retirar su solicitud, hay otros proyectos igualmente nocivos a la espera de licencias, como Marmato y La Colosa.

Miradas en conflicto

El proyecto de megaminería de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán se ha convertido en el símbolo del conflicto entre dos miradas sobre la naturaleza:

• Como conjunto de ecosistemas fundamentales para la supervivencia de los seres vivos, o
• Como proveedora de recursos para el desarrollo de la civilización, donde las montañas son yacimientos mineros que como tales pueden ser desaparecidas y contaminadas

Este conflicto tiene profundas implicaciones éticas, filosóficas, políticas y económicas. Por eso es el tema que moviliza a la ciudadanía y definirá las agendas políticas en el siglo que comienza.

La minería en páramos es ilegal

Los páramos, subpáramos y zonas de recarga de acuíferos fueron definidos como objetos de protección especial en la parte declarativa de la Ley 99 de 1993, donde se establece que el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso de los recursos hídricos, que el paisaje deberá ser protegido por ser patrimonio común, que la prevención de desastres será materia de interés colectivo y que las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. Cada una de estas materias tiene relación con la minería en general.

La sentencia del Consejo de Estado C-339 de 2002 establece que las zonas donde la minería debe ser prohibida no se limitan a los parques naturales, sino que existen otros ecosistemas que también tienen protección constitucional, a continuación de lo cual enumera una larga lista de biomas encabezada por los páramos y que incluye selvas amazónicas, bosques secos y bosques aluviales, entre otros.

La sentencia también establece la inconstitucionalidad parcial del artículo 36 del Código de Minas, porque "desconoce las leyes vigentes que protegen zonas distintas de los parques (...) y, cierra la posibilidad de que le sean oponibles leyes posteriores que establezcan nuevas zonas de exclusión o restricción de la actividad minera, por razones ambientales y de protección de la biodiversidad" (subrayado mío).

Diversas sentencias han reiterado la prevalencia del derecho colectivo al ambiente sano, frente a derechos de carácter particular y concreto como el derecho al trabajo, la libre empresa, la iniciativa privada y a los denominados derechos adquiridos [1].

Los páramos sí están delimitados

Se dice que, aunque la ley ordena proteger los páramos, estos no han sido delimitados con suficiente claridad y por lo tanto pueden existir dudas sobre la legalidad de una solicitud determinada.

Pues bien. El Atlas del Instituto Alexander Von Humboldt constituyó la base científica y técnica para modificar el Código de Minas. Colombia posee la mitad del área de páramos del planeta, y estos suman cerca del 2 por ciento de la superficie continental del país.

Alrededor de la mitad de los páramos ya se encuentra jurídicamente protegida de la minería y de otras actividades productivas por ubicarse dentro del sistema de Parques Naturales Nacionales. Los páramos que dan agua a cerca del 70 por ciento de la población colombiana ubicada en las zonas andina y de los valles interandinos, son también indispensables para la generación hidroeléctrica en Colombia.

Para 2007, el Instituto Humboldt [2] había delimitado los páramos en coordinación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). La delimitación se encuentra en escala 1:250.000 [3] y fue la base de discusión entre los ministerios de Ambiente y de Minas, dada la intención del MAVDT de incluir también en la norma minera la necesidad de proteger páramos y otras áreas de interés ecosistémico.

Sin esta base formal de delimitación de páramos no se habría podido demostrar el conflicto minero-ambiental: el cruce del Catastro Minero a octubre de 2008 con el Atlas de Páramos revelaba que, a esa fecha, el 9,5 por ciento de los páramos ubicados por fuera del Sistema de Parques se encontraba titulado y el 46,8 había sido objeto de solicitudes de títulos mineros.

El país tiene ya la redelimitación de sus ecosistemas de páramos, - y si bien es necesario precisar los bordes con levantamientos a escalas más detalladas para el ordenamiento territorial de los municipios - lo cierto es que ya se pueden tomar decisiones sobre licencias ambientales sobre la base del Atlas y de los principios de precaución y de rigor subsidiario [4].

Un proyecto emblemático

El proyecto Angosturas de Greystar es la mejor muestra de megaminería en alta montaña en Colombia y por ello nos permite conocer en detalle las implicaciones de este tipo de actividad. Se ha convertido en el referente técnico fundamental para el análisis de proyectos similares como La Colosa o Marmato, aunque es evidente que existen particularidades en cuanto al tipo de yacimiento y al ecosistema donde se pretenden desarrollar.

Angosturas se planteó como un proceso de extracción de oro a cielo abierto con una fosa cuya profundidad máxima es de 400 metros, una longitud de 2 kilómetros y un ancho de 1,2 kilómetros. El material extraído y que no tiene interés minero es dispuesto directamente en escombreras y la roca mineralizada es molida y apilada para ser lixiviada con cianuro [5].

Las rocas en la zona contienen oro diseminado en bajas concentraciones (0,76 partes por millón), asociado con sulfuros, los cuales sufren transformaciones físico-químicas una vez se exponen a las condiciones ambientales de superficie, produciendo acidificación y contaminación de las aguas, dañando de manera irreversible los ecosistemas acuáticos y deteriorando el agua como fuente de consumo humano. Todos los proyectos de megaminería de metálicos son similares en este aspecto.

En el caso del yacimiento de Santurbán existe además arsénico, un elemento altamente tóxico y que puede ser disuelto en aguas superficiales y en aguas subterráneas. Para sustentar la preocupación por el arsénico, me remito a la Descripción del Proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la propia Greystar: hay 65 veces más arsénico que oro en el material a lixiviar y la cantidad es 35 veces mayor en las colas [6].

Aun más preocupante es el hecho de que en los residuos líquidos, la concentración de arsénico en todas las muestras analizadas se encuentra por fuera de la norma que rige en Estados Unidos (máximo 5 partes por billón) y por fuera de la laxa norma colombiana para consumo humano (500 partes por billón), según se ve en el cuadro siguiente:

Fuente: Resultados de Caracterización de Residuos Líquidos del Proceso (Tabla Anexa 2‑16 del EIA Greystar 2009)

Actualmente la totalidad de las aguas superficiales que alimentan la cuenca del río Suratá presentan calidad de excelente a buena, pero este hecho cambiará radicalmente con la contaminación que producirán los proyectos mineros, no solamente por la liberación de gran cantidad de elementos contaminantes como el arsénico, sino por la generación de aguas ácidas [7].

Para avanzar esta afirmación también me baso en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Greystar, donde se anota que ya durante la fase de exploración, hubo un efecto negativo sobre el agua en las excavaciones subterráneas: "Los valores de pH medidos (en los túneles de exploración minera Perezosa y Veta de Barro) caracterizan estas aguas como ácidas con valores entre 3,16 y 5,39 que se encuentran por fuera de los rangos establecidos en el decreto para consumo humano y doméstico y para fines recreativos..."

Lo anterior demuestra que la exposición de gran cantidad de roca a las condiciones ambientales inherente a la megaminería (330 millones de toneladas de mineral y 745 millones de toneladas de material "estéril" en el caso Angosturas), el pH puede bajar a valores entre 2 y 3, tal como ya sucede en Marmato (Caldas) [8].

Otro factor contaminante del aire, el agua, el suelo y el subsuelo es el volumen de ACPM que requiere el proyecto de Santurbán: 63 millones de litros por año (correspondiente a 140 tractomulas de combustible al mes).

Estos factores no son exclusivos del proyecto Angosturas; son constantes por el tipo de roca que contiene el oro y por la tecnología necesaria para su explotación a gran escala. Por tanto el mismo riesgo es compartido por todos los títulos mineros ubicados dentro y fuera del páramo de Santurbán. De ahí la necesidad de impedir el desarrollo de dichos proyectos, si se encuentran ubicados aguas arriba de cualquier captación del líquido para consumo humano.

No es posible que el enriquecimiento de unos pocos ponga en peligro el agua que consumen muchos, no solamente en Bucaramanga, sino en cualquier acueducto veredal. Estas observaciones cobran mayor relevancia al conocerse el interés de otros grandes actores mineros en alta montaña.

Captaciones de agua del sistema de acueducto de Bucaramanga con respecto al proyecto Angosturas y a los títulos mineros vigentes a diciembre de 2010. Si se diera licencia al proyecto Angosturas, todo el sistema se pondría en riesgo, pues los títulos vigentes abarcan casi la totalidad de las cuencas hidrográficas abastecedoras. Por otra parte, son también una amenaza los proyectos de minería a cielo abierto ubicados por fuera del páramo, pero aguas arriba de captaciones.

Las necesarias conclusiones

• La amenaza sobre el agua no se limita a los proyectos ubicados dentro del páramo: los proyectos ubicados ladera abajo que implican el uso de cianuro, de las escombreras, de fosas y tajos de extracción, en todos los casos producirán aguas ácidas y liberarán arsénico aguas arriba de captaciones para consumo humano.
• Son previsibles graves daños ambientales, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la pérdida de biodiversidad y la generación de riesgos de avenidas torrenciales que incluirían elementos contaminantes.
• Las demandas en acciones populares podrían superar las que interpondrían las empresas mineras. Vale la pena aclarar que el derecho a explotar únicamente se constituye mediante la licencia ambiental y que en este ámbito no existen los denominados "derechos adquiridos".
• El Ingeominas y las gobernaciones mineras delegadas como autoridad minera por el Minminas deben declarar la caducidad de la totalidad de títulos mineros ubicados en las nuevas zonas de exclusión definidas por la Ley 1382, que al 9 de febrero pasado no contaran con licencia ambiental, para lo cual es necesario que las autoridades ambientales organicen y remitan la información pertinente.
• Si bien los mineros no pueden desplazar los yacimientos, los ambientalistas tampoco podemos trasladar ecosistemas que existen per se como los páramos y los humedales. Tampoco es posible hacer compatibles actividades altamente destructivas, como la minera, con ecosistemas frágiles y en este contexto, los colombianos tendremos que pronunciarnos claramente.
• El impacto sobre el agua no se puede estimar únicamente en función de comparar el consumo de agua del proyecto, con el de la ciudad de Bucaramanga. Es necesario evaluar también la contaminación del agua que no se consume, pues el problema no es solo de cantidad sino de calidad.
• La discusión en un futuro próximo no debe limitarse a los páramos, sino que deberán considerarse otras áreas como la alta montaña, las cuencas abastecedoras de agua para consumo humano o riego, los territorios indígenas y de negritudes, los cascos urbanos, las playas, las zonas de interés arqueológico, histórico o cultural y las zonas campesinas [9].
• En cumplimiento de lo establecido constitucionalmente, debe aplicarse el principio de precaución acotado para la minería por la sentencia C-339 de 2002 [10].

Julio Fierro Morales * Geólogo MSc Geotecnia. Consultor e investigador independiente. Director del Grupo de Investigación Terrae. Fue asesor del MAVDT en políticas ambientales para minería y participó en la modificación del Código de Minas.

El autor agradece la colaboración de la geóloga Diana Lozano Zafra y la ingeniera Milena Ordóñez Potes, del Grupo de Investigación Terrae.

Notas de pie de página 

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[1] Consejo de Estado, Sección Primera en Sentencia del 12 de agosto de 1999, Sentencia C-293 de 2002 de la Corte Constitucional, entre otras.

[2] Adscrito al MAVDT.

[3] Cada centímetro en el mapa representa 2,5 km.

[4] Existen normas nacionales, pero localmente se tiene la autonomía para elevar (nunca bajar) los estándares de manejo ambiental a un grado mayor de restricción.

[5] Proceso químico que separa el oro de la roca.

[6] Residuos del proceso que serán dispuestos en la escombrera.

[7] Los pH de las aguas de los túneles de La Perezosa y Veta de Barro las hacen ya inutilizables para usos como consumo humano y recreación.

[8] De acuerdo con mediciones hechas por el químico Sergio Gaviria, profesor del Dpto. de Geociencas de la Universidad Nacional de Colombia.

[9] Minería en Colombia, ¿estilo 007?, Zonas mineras indígenas y afrocolombianas ¿Reconocimiento de un derecho o legitimación de una injusticia histórica?

[10] San Turbán: en vos confiamos